El mar chileno tiene dueños y no precisamente el pueblo es parte de ese grupo que, por sus relaciones con los intereses trasnacionales, lo único que hace es aprovechar de su dominio para beneficio suyo.
Chile no defiende los territorios del norte, ni de la costa y el mar, que antes fueron de Bolivia y Perú, por considerarlos como parte de su territorialidad soberana, sino porque su sistema político y económico se encuentra dirigido a sostener, y desde luego defender, los intereses de una oligarquía, que es la que desde siempre ha medrado y se ha enriquecido precisamente a costa de esos territorios, de esa costa y de ese mar.
Por eso hay que ser claro, no es el pueblo chileno el que le arrebató el mar a Bolivia, no tampoco es el pueblo de ese país el que actualmente mantiene una posición de enfrentamiento y de amedrentamiento en contra de Bolivia. Son los lacayos de esa oligarquía chilena los que ponen la cara en este conflicto.
El despojo
Ya la historia se ha encargado de poner en evidencia los verdaderos motivos que dieron lugar al asalto chileno al territorio boliviano del departamento del litoral en 1879. La imposición de un impuesto de diez centavos al quintal de salitre, de los yacimientos que eran explotados por empresas chilenas, fue apenas un pretexto para ejecutar una invasión que era parte ya de la estrategia de la oligarquía chilena aliada con intereses ingleses, desde la fundación misma de la república de Bolivia.
La Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta (CSFA), la directa beneficiada con la apropiación del territorio boliviano, estaba formada por capitalistas ingleses y altas autoridades del gobierno chileno de entonces. William Gibsy y George Hicks, eran la cara del capital inglés, en tanto, Agustín Edwards y familia, banqueros y dueños del periódico El Mercurio, el diputado Federico Puelma, el Jefe de Gabinete Antonio Varas, los ministros de RR.EE. Alejandro Fierro y Domingo Santa María, los ministros de Guerra Cornelio Saavedra y Rafael Sotomayor y la familia Prado eran, entre otros diputados y funcionarios de alto rango, los accionistas de la empresa salitrera.
Obviamente, con la sola lectura de los nombres y sus funciones en el gobierno, de quienes integraban la lista de accionistas de la CSFA puede establecerse sin lugar a confusión las razones reales de la invasión artera y delincuencial de las fuerzas chilenas al territorio boliviano.
Los negocios del mar
• La pesca
El salitre no es más el negocio que fuese en el siglo XIX y la oligarquía chilena ha migrado sus capitales y sus intereses hacia otros rubros. La pesca es uno de estos, que ha determinado una apropiación abusiva de los grupos de poder económico de las actividades pesqueras, logrando incluso una ley de pesca duramente criticada por los sectores populares, pero que es la que rige este negocio, en el cual siete familias son dueñas por tiempo indeterminado, casi de por vida y por varias generaciones, para no decir para siempre, de todo lo que se encuentre en el mar.
Apellidos como Angelini, Sarkis, Stengel, Cifuentes, Jiménez, Izquierdo y Cruz, representan a esas siete familias que se han distribuido a través de cuatro empresas pesqueras uno de los negocios más importantes de Chile. Paradójicamente, la carne de pescado para los chilenos es escasa y cara, cuando ese país, a través de estas siete familias se constituye en uno de los mayores productores de aceite y harina de pescado, que es la forma en que mejores ganancias obtienen.
Las cuatro empresas que se han loteado, por decirlo de alguna forma, el mar “chileno”, son Orizon (en la zona norte, en el mar boliviano y peruano), Plumar, Camanchaca Pesca Sur y Marfood, en las cuales participan las siete familias antes mencionadas, expulsando de sus originarias y tradicionales fuentes de vida a los pescadores artesanales, condenados a convertirse en empleados explotados de estos monstruos de la pesca chilena.
Es para estas empresas, para estas familias, que el gobierno chileno, éste y los anteriores (en eso no tienen diferencia alguna incluyendo a la dictadura) defiende a ultranza la supuesta soberanía sobre los territorios arrebatados a Bolivia y Perú por la vía de la invasión a fines del siglo XIX y consolidadas con un tratado impuesto bajo amenaza en 1904.
Ese mar no le sirve, no le da absolutamente nada al pueblo trabajador chileno, ni siquiera pescado para comer, sino únicamente beneficia a la oligarquía trasandina. La empresa Orizon (mayoritariamente de la familia Angelini) controla el 80 por ciento del mar del norte (Antofagasta, Iquique y Arica) en la explotación de sardina y jurel, exclusivamente para la exportación. Sin embargo, pese a la enorme cantidad de recursos que obtienen las empresas, su aporte al estado y al pueblo chileno es mínimo, ya que solo pagan una patente y no tributan por los recursos que extraen del mar. Los pescadores artesanales originarios de la zona no tienen la posibilidad de pescar ni siquiera para su propio consumo, menos para comerciar y ganarse la vida.
• Los puertos
El otro negocio relacionado con el mar nuestro y que está mucho más ligado con nuestra realidad, está referido a la administración de los puertos de Arica, Antofagasta e Iquique, que son los que utiliza el comercio boliviano, de ingreso y de salida, y que se encuentran en lo que legítimamente corresponde al territorio boliviano y peruano.
Al igual que en la pesca, así como fue en el pasado con el salitre, los intereses que están detrás y dentro de la administración de los puertos, no son del estado ni menos del pueblo chileno. Son intereses privados, con más precisión corresponden a una oligarquía que en este caso se reduce a tres familias, algunas de las cuales ya las hemos mencionados en otras actividades. Están privatizados por ley.
Las familias Urenda, Luksic y Von Appen, tienen para sí el control de los tres puertos y son quienes determinan cómo el comercio boliviano, de importación y exportación, debe adecuarse a sus voluntades y caprichos, no solo imponiendo las tasas que les parezca, sino también las condiciones más ventajosas para sus empresas. Fijan horarios, días, suspensiones, en fin, todo lo referido al acceso a los servicios portuarios, sin importarles en absoluto las supuestas ventajas que tendría Bolivia en atención al acuerdo de 1904.
Estas tres familias guardan una estrecha relación de intereses con la familia Edwards, a la que habíamos mencionado en el negocio del salitre, y que en la actualidad comparte con los administradores portuarios actividades mineras, navieras, comerciales y eléctricas, entre otras. No hay que olvidar que los Edwards siguen siendo los dueños del periódico El Mercurio, pero que además hoy son propietarios de 56 diarios en todo el territorio chileno. Es ahí precisamente donde afincan la base de su poder de influencia política y desde donde defienden sus intereses particulares. Será pues fácil entender la dureza con la que este diario y otros medios chilenos atacan a Bolivia y a sus demandas de reivindicación marítima.
El presidente de Bolivia Evo Morales, a propósito de la forma en que la oligarquía chilena maneja el negocio portuario, señaló que lo que se está haciendo constituye un “economicidio”, debido a la forma en que se dificulta el libre tránsito portuario, a través de diferentes modalidades, que van desde los cobros que se realizan hasta los paros de actividades que son tolerados sino impulsados por las mismas empresas como armas de chantaje y presión a los usuarios bolivianos. El ochenta por ciento de la actividad de estos puertos va desde o hacia Bolivia y son la razón de existencia de los mismos.
Por eso los gobiernos de Chile, el actual y los que vengan, como pasó con los anteriores, nunca entenderán razones de ninguna naturaleza, ni históricas ni jurídicas, menos de pacífica convivencia ni dialogo entre pueblos, ese lenguaje no entienden, porque no hablan a nombre de su estado ni de su pueblo, son exclusivamente los voceros de su oligarquía, a la que únicamente le interesa precautelar sus intereses y sus ganancias, las que les ha permitido controlar desde siempre el poder político de ese país.
Para la oligarquía chilena la única lógica que cuenta se reduce en esta frase reiterada hasta el cansancio: Negocios son negocios, el resto no cuenta.
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