septiembre 28, 2022

La bravuconería como política de Estado

por: José Galindo

Las relaciones entre Estados están mediadas por diferentes tipos de instrumentos que se utilizan para conseguir tal o cual fin. Es decir, la diplomacia es sólo un aspecto, tal vez el más superficial, de la dinámica entre diferentes gobiernos nacionales. Algunos optan por la fuerza o la amenaza de su uso como primer recurso, como los EE.UU. durante la segunda mitad del siglo XX. Otros, cuando no cuentan con la musculatura necesaria o quieren evitarse el sangriento drama de un conflicto, se inclinan más por la presión económica a través del comercio internacional. Pocas veces, no obstante, se opta por la provocación directa que sugiere la agresión a las fuerzas armadas o a la burocracia de otro país. Y cuando se lo hace, este gesto expresa no sólo que se está disconforme con la relación actual que se tiene con el otro, sino que se exclama con ello una soberbia auto percepción de superioridad.

Tuvo que pasar algún tiempo luego de que el presidente Morales anunciara su decisión de impulsar un juicio contra Chile en la Corte Internacional de Justicia para que nuestro demandado asumiera medidas más drásticas que las simples declaraciones de los miembros de su ejecutivo. Su primera arma de elección fue, por supuesto, el comercio internacional, del cual Bolivia es completamente dependiente. Así, desde mediados de 2016, el Estado chileno se esforzó por obstaculizar el libre tránsito de mercancías a través de su frontera con Bolivia, una clara violación del Tratado de 1904, con el cual no estamos conformes, pero respetamos tal vez porque no nos queda de otra. Aunque lo importante es que lo respetamos.

De acuerdo a la Sociedad Latinoamericana de Integración –ALADI-, los costos de la mediterraneidad para un Estado son exorbitantes. Y no sólo entorpecen el comercio internacional reduciendo la competitividad de los productos del país enclaustrado, sino que dificultan su inserción fáctica con el resto del mundo. Los hace menos autónomos, dado que el principio de soberanía territorial es uno de los fundamentos del derecho internacional y todo país guarda celosamente sus fronteras. Y cuando sólo se tienen fronteras alrededor es difícil estar conectado con el mundo.

A Bolivia el transporte de sus importaciones y exportaciones le cuestan un 33% más que al resto del continente, y esto debe ser tomado en cuenta, dado que el 86% de su comercio se hace por vía carretera, la mayor parte justamente a través de Chile, que tiene los puertos de Arica e Iquique. No en vano la CEPAL calculó en 2011 que Bolivia pierde 190 millones de dólares al año justamente por su condición mediterránea.

Por esto, las acciones del Estado chileno contra nuestro comercio no son solamente una forma de coerción económica que responde hasta vulgarmente al desafío de La Haya, sino una decisión descaradamente maliciosa. Es decir, su propósito explícito es estrangular lo que Adam Smith consideraba la sangre que alimenta las venas de un Estado, el comercio.

Y es un insulto cuando además de ello se vulneran los derechos humanos de súbditos bolivianos privándolos de su libertad bajo cargos como robo y contrabando. Y más aún cuando dichos súbditos no son solamente ciudadanos sino funcionarios bolivianos, es decir, representantes de un gobierno soberano. Es decir, lo que presenciamos acá es simplemente una exclamación de mala fe. Una bravuconada. Se trata de la segunda ocasión en los últimos diez años en los que el Estado chileno encarcela a efectivos militares, policiales y personal civil bajo el endeble argumento de una supuesta violación a su soberanía territorial, siendo la primera en agosto de 2011. Lo particular de la situación actual es que los ataques del Estado chileno se han concentrado estratégicamente en el comercio boliviano, en su transporte y sus transportistas, en el almacenamiento de sus productos.

Nuestras relaciones con Chile nunca fueron buenas. Desde nuestra tierna infancia republicana, con los experimentos confederativos de Santa Cruz, hasta la invasión y usurpación del Litoral boliviano, pasando por el desvió de los Ríos Lauca y de las aguas del Silala, está claro que mucho del espíritu de Portales aún está intacto en su concepción geopolítica como Estado y como nación. Diego Portales, aquel hombre que con paranoica lucidez escribió alguna vez que aquella unión entre Bolivia y Perú impulsada por tal vez el mejor presidente que tuvo este país, Andrés de Santa Cruz, pondría a Chile en una clara desventaja.

Ha habido acercamientos, pocos, en esta larga historia, pero todos infructuosos, usualmente debido al desdén de la diplomacia chilena para con Bolivia. Al que no crea esto sólo recuérdesele las palabras del Ministro Plenipotenciario de Chile en La Paz durante 1900, Abraham Konig, quien dijo, en el tono más despreciativo y torpe posible que, “Chile ha ocupado el Litoral y se ha apoderado de él con el mismo título que Alemania anexó al imperio la Alsacia y la Lorena, con el mismo título con que los Estados Unidos de América del Norte han tomado Puerto Rico. Nuestros derechos nacen de lo victoria, la ley supremo de las naciones. Que el Litoral es rico y vale muchos millones, eso yo lo sabíamos. Lo guardamos porque vale, que si no lo valiera, no habría interés en su conservación”. Si en Bolivia la Guerra del Pacífico fue el punto de partida de una pedagogía nacional victimizadora y rencorosa, para Chile fue una prueba más de su supuesta superioridad sobre los Estados de la región de la Cuenca del Pacífico.

Somos dos Estados separados por ríos de sangre y ofensas no resueltas. Empero, la historia de nuestros pueblos es diferente, ambos víctimas del autoritarismo militar impulsado desde los EE.UU. al calor de la Guerra Fría y las doctrinas de Seguridad Nacional, ambos presas del Plan Cóndor y ambos con poblaciones indígenas arrinconadas hasta casi el exterminio por gobiernos históricamente racistas. Es elocuente el abrazo de Charaña. Nunca estuvieron tan cerca dos dictadores latinoamericanos, ni nunca estuvieron dos pueblos más ausentes.

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