Trinidad.- El procurador general del Estado, Pablo Menacho, explicó el viernes por la noche el procedimiento jurídico legal que acompañó el caso Quiborax en una conferencia que se realizó en el Centro de Convenciones «Trinidad».
«El origen del arbitraje se produce con el ilegal decreto que emite Carlos Mesa y por el incumplimiento a la Ley que le mandaba hacer seis auditorias que nunca realizó», dijo en su introducción explicativa, ante un auditorio lleno de profesionales, estudiantes, entre otros.
Menacho rememoró que en mayo de 1986 el entonces presidente Víctor Paz Estenssoro declaró reserva fiscal el Salar de Uyuni con el Decreto Supremo 21260, que prohibía otorgar concesiones en un perímetro de 2.362 hectáreas al interior de esa reserva natural, pero en el gobierno de Hugo Banzer Suarez y Jorge Quiroga, a solicitud del senador Gonzalo Valda, se promulgó la Ley 1854 de abril de 1998, que redujo el perímetro a 1.344 hectáreas.
Afirmó que usando tráfico de influencias, el exfuncionario del Ministerio de Minería, David Moscoso, y accionista mayoritario de la compañía Rio Grande, obtuvo las concesiones mineras de ulexita en el delta del Rio Grande del Salar de Uyuni y, posteriormente, fueron vendidas a la empresa chilena Quiborax.
Recordó que el litigio judicial se remonta a junio de 2004, cuando el entonces gobierno de Carlos Mesa revirtió las concesiones mineras que Quiborax tenía en el salar de Uyuni para la explotación de ulexita.
«Al no llegar a un acuerdo de indemnización, esa empresa demandó en 2006 al Estado boliviano reclamando 66 millones de bolivianos como compensación a sus inversiones y daños sufridos por la expropiación», afirmó.
Precisó que Carlos Mesa incumplió la Ley que establecía realizar auditorías técnicas, jurídicas, laborales, medioambientales y económicas para declarar nulas esas concesiones y recuperarlas a favor del Estado boliviano, en un plazo de 60 días.
Según Menacho, se logró reducir un 72% el monto del laudo arbitral, tomando en cuenta que Quiborax renunció a 20% de la indemnización total, 50% de los intereses y a 100% de los costos por el laudo.
Asimismo, remarcó que el Gobierno boliviano cumplió en junio pasado con el fallo que dictó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y pagó 42,6 millones de dólares a la empresa chilena Quiborax.
La actividad en Trinidad fue coordinada entre la Procuraduría del Estado, el Colegio de Abogados del Beni y la administración departamental.
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