Por Ximena de la Barra
En medio de contiendas y escaramuzas electorales y de la conformación del nuevo gobierno, la gubernamental encuesta Cassen ha informado a los chilenos que en 2017 la desigualdad aumentó y que los sectores más pobres empeoran. La realidad es mucho más grave que los resultados que arroja esta encuesta ya que solo ha medido a las disparidades entre el 10% del ingreso de los más ricos y el del 10% de los más pobres (39,1 veces). Estudios anteriores de fuentes académicas han demostrado que las peores disparidades se encuentran entre el 1% o el 0,1% de los más ricos y el resto de la población.
El Estado Chileno continúa incumpliendo las Convenciones y Convenios sobre Derechos Humanos (civiles, sociales, económicos, ambientales, de género, de pueblos originarios, etc.) que ha ratificado, por lo que le son de obligado cumplimiento, e ignorando las amonestaciones que sistemáticamente recibe desde los organismos inter-gubernamentales.
Sigue aplicando la Ley Antiterrorista, creando un clima de inusitada inseguridad y violencia, especialmente en contra del Pueblo Mapuche que lucha por recuperar sus tierras (UDP, 2017). Como si todo eso fuera poco, la Corte Suprema de Justicia dejaba en libertad condicional a graves violadores a los derechos humanos, obligando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a pronunciarse argumentando que “el Estado Chileno tiene la obligación internacional de no dejar impune estos tipos de crímenes”, refiriéndose a delitos de lesa humanidad cometidos por los militares durante la Dictadura Chilena.
La idea de la participación social, aunque sea en su grado mínimo, como es la participación electoral, es cada vez más ajena a la sociedad chilena. Por eso, buenos son aquellos que se agrupan para denunciar la violación de algún derecho reconocido, aunque la simple denuncia no sea suficiente para cambiar la situación. Por eso, mejores son aquellos que se avocan a la tarea de unir en un mismo esfuerzo a varios de los grupos en lucha. Tarea que en Chile está resultando ser muy difícil, especialmente considerando la ausencia de las clases trabajadoras como actor organizado. Conservar cualquier unión pasajera, aun mas difícil, con lo que se priva a la escena nacional de una alternativa emancipadora al dominio del gran capital.
Tropezando dos veces con la misma piedra: elecciones presidenciales 2017
Los múltiples gobiernos de la Concertación por la Democracia y del refrito que la continuó, la Nueva Mayoría (NM), que esta vez incluía al Partido Comunista (PCCh), pudiendo haber revertido parte del daño de la Dictadura, no lo hicieron y ni siquiera lo intentaron.
Prefirieron seguir una política de acuerdos con la ultra-derecha y con los militares, contraria a las demandas de los movimientos sociales. Lamentablemente, de esta política de acuerdos antipopulares, no se exime de su cuota de responsabilidad la Central Única de Trabajadores (CUT). El segundo mandato gatopardista de Michelle Bachelet, política neoliberal apoyada por el gran capital, que gusta en llamarse socialista y progresista, que no realizó las reformas a las que se comprometió, que no logró gobernar ni siquiera a su propia coalición, y que se caracterizó por la corrupción, terminó con un índice de popularidad de tan solo el 15%.
En diciembre de 2017, los pocos chilenos que decidieron votar, como si algo fuera a cambiar, re-eligieron al aún más derechizado empresario ultra neoliberal, Sebastián Piñera con un programa de gobierno similar al de la NM. Los chilenos han vuelto a tropezar con la misma piedra. Ya lo hicieron antes re-eligiendo a una nada merecedora Michelle Bachelet. La única diferencia es que Piñera no intenta ocultar su postura política bajo ínfulas “progresistas”. Se refuerza así el proyecto de la derecha de rebaja de impuestos para el empresariado y de recortes presupuestarios para la población, en ausencia de una alternativa de izquierda que desenmascare al modelo neoliberal y logre eliminar la trampa mortal que significa la actual Constitución heredada de la Dictadura, que lo hace inamovible.
Para explicar lo que pareciera inexplicable, el equipo de la Revista Punto Final, obligado al cierre, en carta de despedida a su público afirma: “Lo que tenemos en Chile es una dictadura del pensamiento único impuesto por el poder del dinero. Esa tiranía ha modelado una cultura conservadora, racista y mezquina que garantiza la sumisión del pueblo al orden capitalista neoliberal. Los gobiernos pos-dictadura, sin excepción, se han negado a apoyar a los medios independientes y por tanto se han prestado para ahogar el pluralismo de opinión e información” (Punto Final 2018).
Esto, unido a los bajos niveles de educación mercantilizada, han dado origen a una masa a-critica, incapaz de entender la raíz de sus problemas ni de vislumbrar soluciones, muy proclive a tender hacia la política identitaria o de grupo de semejantes en el mejor de los casos, o al individualismo, la competitividad descarnada, el consumismo, el emprendimiento individual y la a-política en la mayoría de los casos.
La crisis de legitimidad de la política durante la mal llamada democracia pos-dictadura, en un contexto de inusitada corrupción y de complicidad de la política con los negocios, que afecta a ambas colaciones, incluso a la familia de la expresidenta, tiene en el nuevo gobernante, a uno de sus mayores exponentes. Los altos mandos de las Fuerzas Armadas y Carabineros tampoco se excluyen de esta práctica criminal que unido a la impunidad, ha puesto en crisis a la institucionalidad pública y ha terminado de destruir las bases de la cultura política del pueblo chileno. Grandes empresas nacionales y extranjeras, en especial la mal-habida empresa del yerno de Pinochet, han financiado y condicionado la política. La corrupción se ha perfeccionado, está bien vista y se ha instalado como una cultura.
La gran diferencia con el pasado “democrático” reciente, es que, en esta ocasión, eliminado ya el sistema binominal, irrumpe en la contienda electoral una tercera opción que canaliza buena parte del descontento, especialmente el de la clase media. Creado a partir de los movimientos sociales, el Frente Amplio (FA) se constituyó en la tercera fuerza política con un 20% de los votos, 20 diputados, un senador y 21 consejeros regionales. Aunque se suponía ser de izquierda, su afán de atraer votantes lo fue alejando de esa posición, demostrando no tener una ideología clara.
Algunos de sus líderes más conocidos declararon públicamente no ser ni de izquierda ni de derecha. Mas claro aún, durante la campaña, por congraciarse con el electorado y con los dueños del patio trasero latinoamericano, algunos representantes del FA, e incluso su candidata presidencial denigró logros pasados y presentes de las clases populares en Chile y en América Latina.
El FA “representa a sectores de clase media ilustrada que no se ha ampliado al mundo popular” dice el historiador Mario Garcés. Por el contrario, el riesgo es que sea cooptado al aliarse aún más lejos de los sectores populares. El electorado no los premió y no los permitieron pasar a segunda vuelta. El candidato de la NM solicitó su apoyo en esa segunda vuelta, pero no estuvo dispuesto a incorporar en su programa las principales propuestas con que el FA condicionaba este apoyo, por lo que terminó perdiendo la elección.
El momento político fomenta la búsqueda de nuevas alianzas. El Partido Socialista (PS), intentando rebotar de la debacle de su alianza con la Democracia Cristiana (DC) (Concertación/NM), intenta ahora una alianza instrumental con el FA con fines electorales futuros. Siendo el FA un conglomerado de diversas opciones políticas o antipolíticas identitarias, de lograrse esta convergencia, se alejaría cualquier posibilidad de una alianza antineoliberal y de un renacer de la política en Chile. Durante el Acto Aniversario del PCCh, su presidente reconoció la derrota política electoral en su alianza con la NM y llamó a “una nueva convergencia social y política, de mayor cercanía con el pueblo, más amplia y diversa”, incluyendo un amplio abanico de posibles “coordinaciones” que incluye sólo a “algunos integrantes del FA”.
La necesidad de un instrumento político que haga posible la construcción de una nueva hegemonía.
El desarrollo capitalista no unifica, sino que diferencia y desarma a los diferentes sujetos de cambio. La clase trabajadora, ahora mucho menos homogénea e incapaz de ser el sujeto inmediato transformador, debilitada por los procesos de flexibilización laboral, subcontratación, emprendimientos autónomos y por el ataque sistemático a la sindicalización, ha ido perdiendo su identidad de clase.
Dentro del amplio campo de la clase media empobrecida y carente de servicios públicos, no hay intención de cambio porque la cultura impuesta por el neoliberalismo los ha convencido de que el modelo es exitoso y de que lo único que falta es que ellos logren sumarse a esa sociedad de consumo. Por otra parte, temen perder el trabajo y con ello su capacidad de seguir endeudándose.
En el contexto de los inusitados niveles de corrupción en que se ha sumergido la política chilena en los últimos 44 años, cobra un justificado vigor la vieja idea impulsada desde la Dictadura de que involucrarse en política es malo. Esta arraigada cultura y la negativa a asumir riesgos, debilita a los movimientos de excluidos que, desanimados por su impotencia, se ven disminuir y se fracturan cada vez más en busca de reivindicaciones cada vez más puntuales en las que pueden identificarse.
En una sociedad fragmentada, tanto dentro del campo popular como del sector ilustrado que busca un cambio real en la sociedad, hay la necesidad de trabajar para crear una nueva hegemonía. Para ello no es suficiente que un sector que se ha fogueado en las luchas estudiantiles, anuncie que el modelo está agotado y que hay que votar en contra de las dos coaliciones que lo sustentan.
Lograr un instrumento político transformador será complejo, no solo para aprovechar las bondades de su heterogeneidad sino para conducir un proyecto común, con una dirección política conjunta que opte por el poder sin limitarse solo al plano electoral. Para crear ese instrumento político exitoso que revierta las correlaciones de poder existentes, es imprescindible comenzar por cambiar la cultura política existente. Habrá que construir una cultura de educación popular capaz de denunciar permanentemente al neoliberalismo y de desmontar en todas sus formas a las ofensivas políticas de la derecha destinadas a reforzar el poder del capital.
El FA, no ha logrado constituirse en ese instrumento
Al momento electoral presidencial de fines de 2017, el FA estaba compuesto por 14 orgánicas (movimientos o partidos políticos) y múltiples frentes (sectoriales). Su objetivo explícito era cambiar Chile. “Trabajamos para recuperar nuestras vidas, nuestra educación, salud, vejez, vivienda y los recursos naturales de quienes hoy lucran con nuestros derechos”. “¡Que la política sea de todos y todas!” (FA, 2017).
En los años recientes, si bien la lucha de los estudiantes, últimamente la de las mujeres, y la lucha de siempre del pueblo mapuche han sido destacables, no han dejado de ser grupos de interés que se movilizan en función de su propia parcela de injusticia.
El riesgo consiste en que cualquier vínculo entre los movimientos sociales no logra ser duradero pues al primar el interés particular de cada movimiento, inmediatamente surge aún más dispersión en ausencia de mecanismos de acumulación política. A pesar de su probada capacidad de identificación y denuncia de los problemas de la sociedad, los movimientos sociales se debilitan al combatir los problemas de uno en uno; al ignorar la interdependencia entre todos ellos; al carecer de la capacidad para identificar a sus causas y a las estructuras subyacentes del poder; y al carecer de la capacidad para definir una ideología y un proyecto común que plantee formas efectivas de resolverlos.
El hecho de estar representado en algunos municipios, en el parlamento y en los movimientos sociales, como lo está el FA, no es suficiente. Su participación en comisiones parlamentarias y mesas de trabajo donde lo que se pretende es encausarlo hacia la rancia política de los acuerdos, estrategia política de cooptación, utilizada y refinada por los gobiernos de la Concentración/NM, lo debilita. Se traicionan los principios fundamentales necesarios para lograr el cambio estructural, y a la vez se legitima al gobierno de ultraderecha. No están siendo capaces de identificar las trampas que se les tiende desde el poder y de desmarcarse de quienes durante años practicaron el diálogo y el consenso que sólo sirvió para que la derecha neoliberal y conservadora saliera fortalecida.
Por otra parte, el FA ha tenido serias dificultades en lograr la convergencia entre sus propias fuerzas. En su función parlamentaria ha dado un triste espectáculo al no asumir una posición conjunta en cuestiones de primordial importancia, y al votar en contra de uno de los suyos, apoyando postulados de la derecha. La organicidad que funcionaba en cada uno de los movimientos sociales no funciona en la política parlamentaria. No han visto la necesidad de encausar las movilizaciones hacia un proyecto de país, aunque hayan presentado un programa electoral. El no tener un proyecto claro por el cual luchar y el no identificar mecanismos para ponerlo en marcha, demuestra que el FA con su sub-sistema de partidos atomizados está muy lejos de alcanza su madurez política.
La cuadratura del círculo
Los múltiples retos a enfrentar por los chilenos, de momento casi equivalen al desafío de lograr la cuadratura del círculo. El primer reto a plantearse consiste en cómo puede la izquierda armar un instrumento político viable electoralmente que represente a un amplio grupo de personas movilizadas en aras de un proyecto común, y que al mismo tiempo sea aceptable para un electorado que se ha despolitizado durante décadas.
El siguiente reto consiste en cómo puede la izquierda construir un proyecto político estratégico que, surgiendo de las luchas sociales existentes, incluya además a las agendas pendientes, vaya mucho más allá de la mera suma de demandas sociales y golpee certeramente a las actuales estructuras de poder. Para esto resulta imprescindible conocer la propia historia, la raíz de los problemas, e identificar a los poderes nacionales e internacionales enemigos de un proyecto emancipador. Ignorarlo, lleva irremediablemente a mantenerse dentro de la protesta, pero sin propuesta.
Por último, el reto además consiste en cómo puede este nuevo instrumento político aumentar el poder de los votos, sin tender hacia el centro político, como ya se hizo por parte del FA en las elecciones de 2017. Sin el poder de los votos se aleja también la vocación de poder para el cambio.
Por consiguiente, corresponde renovar esa lucha estratégica que, mirando hacia el bien común, con visión sistémica, sea capaz de desmontar las ofensivas políticas destinadas a reforzar el poder del capital. Hay que aunar esfuerzos, cambiar la cultura política existente, ganar elecciones, crear instituciones, recuperar a la política pública y generar su financiamiento. Por eso, el proyecto de una Asamblea Constituyente sigue siendo válido, necesario y urgente. El pueblo chileno necesita despertar, resolver sus retos y emprender la vía emancipatoria.
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