Una investigación de más de cinco meses sobre el pago de sobornos para la adjudicación irregular de dos carreteras y su posible relación con el caso Lava Jato que afecta a gobiernos de varios países de América Latina, ha establecido indicios contra varios exfuncionarios de gobiernos que precedieron al de Evo Morales. Ahora le toca investigar al Ministerio Público.
La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó, por más de dos tercios, que el expresidente Carlos Mesa y otros siete funcionarios sean investigados por el Ministerio Público por su presunta responsabilidad en la adjudicación ilegal de dos carreteras en el oriente: Roboré-El Carmen a Camargo Correa y El Carmen-Arroyo Concepción a Odebrecht, y el pago de sobornos.
Como era previsible, la reacción de Mesa fue irreflexiva. En una entrevista a Página Siete aseguró que no se iba a defender sino pasar al ataque, que iba a ser el acusador. Y eso es lo que hizo cuando pocas horas antes de que la Asamblea Legislativa conociera el informe pidió a la presidenta de la Comisión Mixta involucrar al presidente Evo Morales y afirmar, sin presentar ninguna prueba preliminar, que las irregularidades fueron cometidas en los gobiernos de Eduardo Rodríguez Veltzé y Evo Morales. Otro de los argumentos, ya bastante recurrente de parte de los opositores cada que hay un problema legal, es que era una medida de persecución política.
El caso ha sido remitido a consideración del Ministerio Público luego de que los senadores y diputados aprobaran el informe de la comisión mixta que investigó durante más de cinco meses la presunta conexión del caso Lava Jato –que ha perjudicado a varias altas autoridades de gobiernos de América Latina- con funcionarios y autoridades del país.
La investigación muestra con claridad que la adjudicación fue hecha en el gobierno de Carlos Mesa con un sobreprecio de 42 millones de dólares y que, además, sin mayor explicación, la carretera fue dividida en dos, y llama la atención de que uno de los que participó en ese proceso era el entonces viceministro de Energía, Carlos Alarcón, quien asumió interinamente el Ministerio de Obras Públicas. Hay que recordar que Odebrecht, en su juicio en los Estados Unidos, confesó que una de las metodologías o modus operandi utilizados en varios países de América Latina fue el uso de interinatos en puestos claves a nivel de los gobiernos.
De acuerdo al informe, en el gobierno de Rodríguez Veltzé de identificó ese sobreprecio y se cambió la fuente de financiamiento con base a la Corporación Andina de Fomento (CAF) y que en el gobierno de Evo Morales no se modificó nada de lo que ya estaba en plena ejecución.
Otro de los criterios empleados por la comisión para identificar los “serios indicios” de las ocho personas que están contempladas en el informe remitido al Ministerio Público tiene que ver con los movimientos irregulares en las cuentas personales del sistema financiero. Esto implica transacciones inusuales cuya cuantía, características y periodicidad no guarda relación con la actividad económica de la persona analizada, no responden a las transacciones habituales o no tienen un fundamento económico o legal vigente.
En tercer aspecto tomado en cuenta por la comisión es la coincidencia en viajes de las personas que fueron objeto de la investigación –que de 179 se redujeron a 8-, con los empresarios Marcos de Moura Wanderley de Camargo Correa y Jorge Barata de Odebrecht a un mismo lugar entre 2003 y 2009. El cuadro adjunto es bastante ejemplificador.
El caso ha cobrado importancia por dos razones: por su relación con el escándalo internacional que investiga la policía brasileña y por la presencia, en el informe de la comisión, de un expresidente que ahora es candidato presidencial por una alianza de derecha para las elecciones de 2019. Sin embargo, dado los tiempos jurídicos y políticos, es poco probable, en realidad improbable, que el proceso de investigación del Ministerio Público y la hipotética apertura de un proceso ante el Tribunal Supremo de Justicia culmine antes de las elecciones, lo que descarta de entrada que haya habido un cálculo electoral.
Los funcionarios que deberán ser investigados por el Ministerio Público son: 1) el expresidente, Carlos Diego de Mesa Gisbert; el ministro de Obras Públicas (del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada), Carlos Eduardo Mario Morales; el exviceministro de Justicia y ministro interino de Obras Públicas, Carlos Silvestre Alarcón Mondonio; el exviceministro de Energías Alternativas y también interino de Obras Públicas, Carlos Silvestre Romero Mallea; el exministro de Hacienda, Luis Carlos Jemio Mollinedo; el exministro de Obras Públicas (con Rodríguez Veltzé), Mario Avelino Moreno Flores; y los gerentes del Servicio Nacional de Caminos, Luis Humberto Landívar Pereira y Jorge Nicolás Peredo Flores.
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