La Paz-. La opinión pública boliviana permanece pendiente del interrogatorio al que someterá este lunes 6 de mayo, el Ministerio Público al candidato opositor a la presidencia Carlos Mesa en calidad de testigo por una denuncia de presunto enriquecimiento ilícito.
‘Se ha citado al señor Mesa a fin de que preste su declaración en calidad de testigo y responda al banco de preguntas correspondientes, a fin de que se establezca cómo ha sido la transacción que realizó en 2009’, anunció a la prensa la fiscal anticorrupción Makerlin Zambrana al confirmar el interrogatorio previsto para este lunes.
La representante del Ministerio Público se refirió en esos términos al depósito bancario de 30 mil dólares que el también exmandatario recibió en 2009 del exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en el departamento de Santa Cruz, Gonzalo Medina, procesado por nexos con el narcotráfico.
Zambrana explicó que la pesquisa se originó ante la denuncia que presentó la Asamblea Legislativa por presunto enriquecimiento ilícito, pero aclaró que esta es una etapa preliminar en la cual se recaban indicios para determinar si resulta necesaria una ampliación.
Lo cierto es que la revelación de que el excoronel preso y acusado de narcovínculos transfirió el 16 de junio de 2009 unos 30 mil dólares al candidato de Comunidad Ciudadana, y los intentos de aclaración posterior de este y su abogado sobre el tema, añaden sombras a la campaña del más cercano contrincante (28 puntos porcentuales) del mandatario Evo Morales (34 por ciento) en las encuestas de intención de voto de cara a los comicios generales del 20 de octubre de 2019.
El 30 de abril, la vicepresidenta de la cámara de diputados Susana Rivero denunció que Medina depositó 30 mil dólares en la cuenta de Mesa, quien explicó entonces que la operación económica se realizó por la venta de un departamento de sus padres, ‘legal y con todos los papeles en orden’.
Sin embargo, días después la legisladora mostró en la televisión el protocolo 20/2010, y resaltó que existe una diferencia en el monto del dinero y en la fecha.
‘Esta transferencia del departamento de sus papás es por 19 mil dólares, no por 30 mil’, aclaró la vicetitular parlamentaria.
Añadió Rivero que el documento cifra el monto de la venta del inmueble ubicado en el céntrico barrio de Sopocachi, en La Paz, en 19 mil dólares, pero Medina transfirió 30 mil a Mesa, lo cual evidencia una irregularidad. Observó la diputada que tampoco las fechas coinciden porque el depósito se realizó en 2009, y la venta se concretó en 2010.
Sobre la base de esas contradicciones, Rivero emplazó al expresidente y partidario de las terapias neoliberales a transparentar sus nexos con Medina, destituido en abril de la jefatura de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen del departamento de Santa Cruz por vínculos con el narcotraficante prófugo Pedro Montenegro.
Abraham Quiroga, abogado de Medina, por su parte, salió al ruedo y dio otro precio de la transacción del inmueble, al reportar un monto total de 54 mil dólares, los cuales fueron entregados en dos pagos: uno de 30 mil y el resto en una segunda entrega.
Más leña al fuego de la duda arrojó Carlos Alarcón, abogado de Mesa, con una cuarta versión expuesta en la televisión sobre el valor de la casa, al señalar en Cadena A que el precio pactado fue de 55 mil dólares, o sea, 25 mil más que la cifra entregada al candidato por el policía vinculado al narcotráfico.
Sobre la base del precio dado a conocer por Alarcón, el gubernamental diario Cambio, en el editorial de su edición del domingo 5 de mayo preguntó, ‘¿por qué en la minuta y la protocolización solo aparece la suma de 19 mil dólares?’.
Otro indicio sospechoso mencionado por la publicación es que ante el riesgo de que la diferencia de cifras enmascare una evasión impositiva, el abogado expresó la disposición de pagar los impuestos faltantes (y seguramente las multas por tributo omitido).
CONTRADICCIONES DE MESA
El exmandatario, por su parte, calificó en conferencia de prensa de ‘absolutamente gratuitas’ las denuncias de Rivero, y argumentó que sus padres le pidieron que ‘administrara el dinero y recibiera los pagos’.
Insinuó, asimismo, que habría otros pagos por la venta de un departamento al excoronel ahora encarcelado, y puntualizó que la transacción la realizaron sus progenitores a través del abogado Paulino Verástegui.
Sin embargo, el senador opositor Arturo Murillo declaró al Canal Bolivia TV que el candidato presidencial de Comunidad Ciudadana debe aclarar con documentos el depósito de 30 mil dólares efectuado por el excoronel acusado de narcovínculos.
‘Decir que lo están atacando no es suficiente’, insistió el legislador de Unidad Nacional al reclamar que Mesa corrobore con documentos que no tiene nexos con Medina.
La prensa boliviana recordó que el 8 de octubre de 2018, el candidato de Comunidad Ciudadana reportó que había enviado a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) una misiva con la solicitud de que levantara el secreto bancario de todas sus cuentas sin límite de tiempo.
En esa ocasión aseguró que no tenía ninguna cuenta en el extranjero, lo cual debió rectificar después en una nota aclaratoria a la UIF con el argumento de que ‘no se dio cuenta de esa situación’. Otro entuerto en la memoria del candidato de Comunidad Ciudadana salió a la luz hace apenas dos semanas, cuando negó haber solicitado durante su etapa presidencial inmunidad para los militares estadounidenses que operaban en Bolivia.
Horas después, por el contrario, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, presentó ante la prensa cuatro cartas oficiales enviadas al Congreso por el entonces mandatario en 2004 con la solicitud de ratificar un acuerdo sobre ese particular con Estados Unidos.
‘Aunque él intente negar, mentir, tergiversar, los hechos históricos demuestran otra cosa. Él tuvo la voluntad de otorgar inmunidad a los militares norteamericanos que hubieran cometido crímenes de lesa humanidad en nuestro territorio’, exclamó la joven titular del Senado.
La candidatura de Mesa es criticada también por aspirantes de distintos partidos con el argumento de que lleva en sus espaldas los errores de su pasado neoliberal, en alusión a las 67 muertes y al menos 400 heridos de la masacre ocurrida en la ciudad de El Alto en octubre de 2003, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, cuya vicepresidencia ocupaba precisamente él.
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