diciembre 5, 2021

Repudiado Parlamento maniobra contra disolución en Perú

Lima, – Aislado y rechazado por la ciudadanía, el bloque neoliberal que dominaba el Parlamento peruano busca hoy revertir su cese con un último recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), al que pide que revoque la medida.

Una demanda con tal fin fue presentada anoche por el empresario Pedro Olaechea, titular de la comisión permanente que, con atribuciones meramente administrativas, ocupa el lugar del legislativo, en nombre de este.

Con la ciudadanía en contra y sin que encuentre eco nacional e internacional su alegato de que se ha dado un golpe de Estado al bloque neoliberal que manejaba el Legislativo, le queda como última oportunidad el terreno judicial.

La llamada demanda competencial contra la disolución constitucional del Parlamento está acompañada de una medida cautelar contra el decreto del presidente Martín Vizcarra, es decir, una orden que dejaría sin efecto el cese del Legislativo al menos mientras el TC delibera.

El tema no parece tan sencillo, ya que el tribunal tendrá que considerar la realidad de que la sociedad ha dado por fenecido al Congreso en forma irreversible, según exjueces del TC y otros juristas, al margen de formalidades legales.

Además, antes de aceptar dirimir, el TC tendrá que resolver si la admite a debate la demanda, contra la cual se yergue la norma que establece que una querella entre poderes del Estado debe ser aprobada por el pleno del que la presenta, el cual en este caso no puede reunirse porque ha sido disuelto de hecho.

En el tema de fondo, la demanda de Olaechea, exponente del bloque neoliberal que encabeza el impopular partido Fuerza Popular, cuestiona la decisión del gobierno de dar por negada la confianza sin que esta fuera explícitamente rechazada.

El gobierno había pedido el gabinete ministerial la confianza congresal, atada a un proyecto para cambiar prioritariamente la polémica modalidad de elección de nuevos miembros del TC por una menos cupular y más transparente y reflexionada.

Considera que, al haber procedido a esa elección, de hecho rehusó la confianza pedida, obligando a dimitir al gabinete.

Y como era la segunda vez, según la Constitución, Vizcarra quedó habilitado para disolver el Congreso y lo hizo en un mensaje por televisión, ante lo cual los impugnadores alegan que la medida no tiene validez porque procedió con un decreto supuestamente tardío.

Otro criterio de la demanda sostiene que el gobierno invadió los fueros del parlamento, cuya atribución es la elección de los miembros del TC, pero la réplica señala que solo pidió que ejerza esa facultad con nuevas reglas, acordes con la política general del Ejecutivo, de lucha contra la corrupción.

De cualquier manera, la complejidad del caso puede determinar que las deliberaciones del TC sobre la demanda se prolonguen hasta coincidir con la elección del nuevo legislativo, el 26 de enero de 2020, o anunciarse tras la misma.

En tal caso, la legitimidad de los elegidos, dada por el voto popular, haría inaplicable un fallo adverso al gobierno, según el primer ministro, Vicente Zeballes, al señalar que el gobierno no tiene ninguna duda de la constitucionalidad de la disolución.

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