Quito-. Diversos sectores de Ecuador, liderados por indígenas, desarrollan hoy la décima jornada de marchas contra la eliminación de subsidios a combustibles y otras reformas económicas dispuestas por el gobierno.
El centro capitalino, donde se realizan las mayores concentraciones, es el punto más violento con reportes de arremetidas de las fuerzas del orden contra los movilizados en las inmediaciones del Parque El Arbolito, la Contraloría General y la Asamblea Nacional.
Con gases lacrimógenos y perdigones, los uniformados intentan impedir la organización y avance de quienes reclaman derogar el Decreto 883, que liberó el precio de la gasolina extra y el diésel, lo cual ocasionó el alza en las tarifas del transporte público y en los precios de los alimentos, entre otros perjuicios.
Los movilizados demandan además que no sea aprobado un paquete de reformas económicas, de corte neoliberal, propuestas por el Ejecutivo y que incluyen recortes salariales y de vacaciones, así como el aporte de un día de pago mensual por parte de empleados de empresas públicas.
Mientras en esa zona se libra una batalla en la que prima la resistencia popular, declarada en permanente protesta por los derechos de los más desposeídos y de las futuras generaciones, mujeres indígenas, campesinas, trabajadoras, amas de casa y estudiantes universitarias marchan contra el denominado ‘paquetazo’ y por el fin de la represión policial contra el pueblo.
Las redes sociales también dan cuenta de paralizaciones en varios puntos del norte capitalinos como Carcelén, donde se ubica una terminal de ómnibus interprovinciales, y la muy transitada avenida Occidental.
En ese contexto, por primera vez desde el pasado 3 de octubre, cuando comenzaron los levantamientos en numerosas ciudades del país, el presidente del legislativo, César Litardo, llamó a un sesión de urgencia el próximo lunes 14 de octubre, para tratar el impacto del Estado de Excepción decretado por el gobierno y la crisis política nacional.
La permanencia de miles de personas en las calles contrasta con la postura del Ejecutivo, de no dar marcha atrás a las medidas, que se inscriben en un plan de ajuste exigido a la administración nacional por el Fondo Monetario Internacional, para permitir el acceso de Ecuador a un préstamo, que para muchos solo traerá mayor pobreza.
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