julio 10, 2020

Preocupa resistencia a aprobación de reformas políticas en Perú

Lima-. La resistencia de la mayoría de las bancadas parlamentarias a la aprobación plena de reformas políticas avaladas por un referendo, genera hoy creciente preocupación por la posible frustración de la democratización que conllevan.

A unas semanas de instalarse el nuevo parlamento elegido el pasado 26 de enero, lo que era una promesa general en la campaña electoral previa, se diluye en posiciones que oscilan entre posiciones contrarias a las reformas y matices diversos que parecen impedir que las mismas logren la mayoría necesaria para su aprobación.

La situación llevó al diario La República a la conclusión de que el nuevo parlamento no cumplirá con aprobar la propuesta de reforma que plantea eliminar la inmunidad parlamentaria porque se ha desvirtuado con fines de impunidad, por congresistas imputados o sentenciados por delitos comunes como el de corrupción.

Solo cuatro de las nueve minorías que conformarán el disperso parlamento: Somos Perú, Alianza para el Progreso, el Partido Morado y Frepap, plantean el clamor popular de eliminación total de la inmunidad parlamentaria.

Pero los cuatro grupos suman solo 53 de los 130 escaños y están muy lejos de los dos tercios (87) de votos necesarios para aprobar la reforma constitucional que acabe con la inmunidad en dos legislaturas.

Una reforma parcial ya aprobada, que recorta esa prerrogativa al eliminarla en casos de delitos comunes y establecer un procedimiento sumario en esos casos, es aceptada en lo fundamental por los integrantes electos del partido progresista Frente Amplio y los centristas Acción Popular, Unión por el Perú, Podemos Perú y Fuerza Popular, que suman solo 73 de los 130 escaños.

Según una encuesta del no oficial Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 77 por ciento por ciento de la población exige anular la inmunidad y el 69 por ciento demanda impedir que sean candidatos quienes han sido sentenciados por un tribunal (actualmente solo se excluye a los que tienen condenas ratificadas).

Además, en consonancia con reformas planteadas por una comisión de juristas y otros expertos independientes, el 61 por ciento quieren eliminar el voto preferencial, por el cual el elector escoge entre la lista de candidatos a dos de su predilección, modalidad que se ha desvirtuado por la acción de postulantes que invierten grandes sumas en propaganda y prebendas para ganar preferencias.

El mismo sondeo evidenció que 68 por ciento se pronuncian por mantener una reforma ya aprobada y de aplicación diferida hasta las elecciones generales de 2018 ?y con disposiciones transitorias para los recientes comicios, que la mediatizaron-, que dispone elecciones primarias de candidatos, con participación ciudadana y supervisión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El anterior parlamento modificó la reforma para mantener el control de las nominaciones y se esperaba que el nuevo Legislativo elimine la distorsión introducida, pero las bancadas, entre ellas la de Acción Popular, que tiene la primera minoría, se inclinan por hacer que haya solo elecciones internas, sin participación ciudadana.

El expresidente de la comisión que elaboró las reformas aprobadas ?en parte mediatizadas- y pendientes, Fernando Tuesta, manifestó profunda preocupación por lo que consideró desconocimiento de la ley que estableció las primarias.

Explicó que las organizaciones políticas peruanas son extremadamente frágiles y suele ocurrir que las candidaturas se mercantilicen o se decidan ‘de manera arbitraria, autoritaria o improvisada’ por las dirigencias en elecciones no observadas.

Para Tuesta, es indispensable ‘abrir el sistema de elecciones internas como un compromiso activo de la ciudadanía’ y evitar las nominaciones en manos de dirigencias de un número reducido de militantes.

Las elecciones primarias, ‘abiertas, simultáneas y obligatorias, como manda la ley, permiten, bajo la organización de la ONPE y con resultados vinculantes, legitimar las candidaturas y democratizar la política’, dice Tuesta al advertir sobre el peligro de una contrarreforma.

La paradoja es que una las causas de la crisis de las relaciones entre el gobierno y el parlamento bajo control neoliberal, que llevó a la disolución constitucional del Legislativo, fue precisamente que este era reacio a las reformas o maniobraba para desvirtuarlas.

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