mayo 26, 2020

Reduccionismo citadino

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Por MOVIMIENTO INSURGENTE -.


Desde el ambientalismo de redes sociales se criminaliza el acceso a tierras bajas por parte de migrantes indígenas de tierras altas, así como al paquete normativo que lo institucionaliza. Esta criminalización invisibiliza al principal responsable de la degradación ecológica en los llanos del país: el latifundio ganadero y agroindustrial.

A partir del 2006, y como parte de las medidas políticas del Proceso de Cambio, se promulgaron una serie de normativas que se configuraron como “la segunda reforma agraria”. Estas trataron de profundizar la democratización del acceso a tierras que dejó pendiente la primera reforma. Y es en los tropiezos y errores de la reforma de 1953, donde hallamos la explicación de la actual problemática, no solo ambiental, sino también política y socioeconómica de tierras bajas. La misma que hoy tanto resuena en boca de la juventud activista urbana.

Presionado por la fuerza del campesinado, actor clave para ganar el conflicto armado de 1952, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) asumió una serie de demandas populares, en que una de las más importantes fue la Reforma Agraria de 1953. Este proyecto, si bien atacó y combatió el latifundio en Valles y Altiplano, hizo lo contrario en los Llanos, donde promovió el latifundio agroindustrial, institucionalizando el atropello histórico e incluso manteniendo el desconocimiento de los derechos de ciudadanía y ejercicio político de los pueblos indígenas de la región, a quienes se consideró como menores de edad. Así, la “marcha hacia el Oriente” no contempló la soberanía política de los pueblos indígenas de tierras bajas, a quienes aún se miraba como salvajes. Este proceso de dotación de grandes superficies de tierra empoderó política y económicamente a un grupo de terratenientes que, posteriormente, estarían muy ligados a las dictaduras y los subsiguientes movimientos reaccionarios en Bolivia.

En 1964 acabó el gobierno del MNR tras un golpe militar y es así que la nueva dictadura inició una feroz arremetida de privatizaciones. Con la promesa de industrialización del Oriente, se dio inicio a una nueva dotación indiscriminada de tierras. La que se realizó fundamentalmente en gabinete, con nulo conocimiento de la real extensión del territorio, de sus límites y de qué o quiénes se encontraban dentro. Se generó entonces una superposición de tierras sobre comunidades, las que quedaron sometidas a relaciones esclavistas y semifeudales, que en algunos casos se mantienen hasta hoy.

En el balance final, los beneficiarios de este modelo desarrollista fueron los apellidos tradicionales, conservadores y extranjeros que conformaron una importante élite, conocida hoy como “la Media Luna”. El lucro de esta nueva oligarquía fue impulsada por empréstitos que endeudaron al país, pero también por la mano de obra indígena de migrantes provenientes de tierras altas, explotados bajo el sistema de la zafra. Este sector es el mismo que pasó de abandonar en parte la producción de caña de azúcar y algodón, para invertir en el creciente negocio de la soya y el ganado bovino, que prolifera desde finales de los ochentas hasta nuestros días.

Durante el periodo del Proceso de Cambio se apuntó nuevamente a un proyecto de industrialización, esta vez tratando de abrir una economía orientada a productores indígenas originarios y campesinos y a las comunidades y sindicatos agrarios (ej: OECAs). Y si bien existieron múltiples medidas que beneficiaron y empoderaron al latifundio agroindustrial –tema para la discusión ambiental–, conviene hacer el ejercicio de separarlas de aquellas que plantearon profundizar el acceso a tierras. Sobre todo si el discurso del que se parte es el de “los campesinos colonos depredan la naturaleza” o “vienen porque se les está cuoteando tierras”.

En primera instancia, porque el periodo histórico en el que se constituyó el latifundio agroindustrial (1953-2003) fue paralelamente el que presenció mayor movimiento migratorio de tierras altas a tierras bajas, para luego mermar considerablemente hasta el presente. Este intenso proceso migratorio se puede explicar por tres momentos concretos: primero, el incentivo a la “colonización” posterior al 53; segundo, por los asentamientos espontáneos de la economía de la coca, además del pago de sobornos con dotación de tierras en los 70; tercero, por la relocalización tras el despido masivo de mineros y obreros en 1985. De estos tres, fue de lejos el último momento el que impulsó el mayor movimiento interno en la historia de Bolivia. Adicionalmente a estas causas históricas se encuentran las de tipo ambiental. En el periodo 2001-2017, el 60% de las emergencias climáticas (sequías, heladas, inundaciones, incendios, entre otras), se concentraron en el Altiplano y los Valles centrales, forzando así la migración de muchas familias dependientes de la agricultura a pequeña escala. Es por esto que no es lógico pensar que el nuevo grupo de medidas es el que está causando la migración a tierras bajas, sino que está otorgando un grado de protección contra la explotación laboral y la vulnerabilidad climática.

En segunda instancia, porque el impacto ecológico que ejerce el latifundio agroindustrial y ganadero es considerablemente mayor al practicado por múltiples pequeños productores migrantes. Consideremos que desde 1992 al 2010, ocho de cada 10 hectáreas fueron deforestadas por el latifundio y solamente las dos restantes por la pequeña producción indígena-campesina. Sin pasar por alto la alarmante desigualdad en la tenencia de tierras, pues hasta el 2011 solo dos unidades productivas correspondientes a agroindustriales tendrían en su poder la misma extensión de tierras que 98 pequeños productores familiares.

Además, ecológica y socialmente hablando, no hay manera de equiparar una hectárea “deforestada” para agricultura a pequeña escala, con otra para la agroindustria. Hay que considerar que en la primera se trata de agricultura de subsistencia, sobre la que recae el peso de proveer alimento a la familia productora y con los excedentes a la boliviana. Mientras que la segunda se trata de agricultura capitalista exportadora, que mantiene aún vigente prácticas de explotación y que contribuye poco o nada a la seguridad alimentaria con soberanía en el país.

Tal ha llegado a ser el poder de esta élite latifundista que hasta hoy continúa logrando, a través de la presión económica y política, la aprobación de estrategias para su libre crecimiento por parte del Estado. Algunas de ellas son la eliminación de cupos para asegurar primeramente el abastecimiento interno, la liberación completa de la exportación y la modificación de planificaciones departamentales en cuanto a uso de suelos. Estas medidas dejarían sin réditos directos al pueblo boliviano y son las que sí deberían encender las alarmas de la población para manifestarse y demandar su abrogación.

Paradójicamente, tanto estas estrategias, como las de continuación a la segunda reforma agraria, con horizontes totalmente contrarios, son mezcladas por los activistas en un mismo concepto: “Paquete normativo incendiario y ecocida”, encasillamiento muy simplista para una realidad tan compleja como la nuestra. Si bien es muy válida la participación ciudadana en forma de demanda, se tiene mucho sentimiento y poco fundamento, se ofusca y pierde la memoria histórica.

En base a lo expuesto, creemos que estas problemáticas quedarán saldadas cuando se profundice, efectivice y aplique en plenitud la reforma agraria y todo lo que implica. Es decir, que el acceso a tierra y territorio vaya de la mano con el diálogo de saberes para la transformación de la agricultura de pequeña escala en sistemas productivos sustentables en armonía con la Madre Tierra y enmarcados en la soberanía de los pueblos.

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