Por Luis M. Arancibia Fernández *- .
Los 13 años, 9 meses y 18 días de la presidencia de Evo Morales, tuvieron álgidos episodios conspirativos, dirigidos a provocar un quiebre constitucional que concretara su derrocamiento. Todos los esfuerzos institucionales, en el marco de la legalidad, fueron efectivos hasta el 10 de noviembre de 2019, fecha en la que el exmandatario signó su carta de renuncia, luego de casi 20 días de movilizaciones violentas a lo largo y ancho del país, so pretexto la presunta existencia de un “fraude electoral” (delito que no se encuentra entre los 16 que tipifica la Ley 026 del Régimen Electoral) y que a la fecha no ha sido comprobado sustancialmente.
Lo cierto es que la derecha boliviana aprovechó perfectamente esa coyuntura para propiciar que Jeanine Áñez, segunda vicepresidente de la Cámara Alta, asumiera la Presidencia del Estado el 12 de noviembre. Esta toma de mando tuvo lugar en medio de una serie de irregularidades que no pasaron desapercibidas: la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional que debía definir quién asumiría la Presidencia del Estado no contó con el quórum que exige el reglamento; el acto de proclamación lo dirigió Añez y ella misma se proclamó presidenta. “Como presidenta de la Cámara de Senadores asumo de inmediato la presidencia del Estado, prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas para pacificar el país”, dijo durante la sesión. Posteriormente, y fuera de todo protocolo, sin acto de juramentación alguno, se dirigió a Palacio Quemado, donde un militar en traje de campaña la invistió con los símbolos presidenciales.
El 13 de diciembre, Áñez posesionó a 10 de los ministros que conformarían su primer gabinete. Ahí surgieron dos figuras que son las que representan el carácter represivo del gobierno: Arturo Murillo, ministro de Gobierno, y Luis Fernando López, ministro de Defensa. Ya en su condición de ministro, Murillo declaró: “Aquel que trate de hacer sedición, a partir de mañana que se cuide», amenaza que se hizo efectiva un día después, con la aprobación del Decreto Supremo 4078, que eximió de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) que participó en los operativos represivos esos días.
Sin embargo, la Constitución Política del Estado (CPE) ya otorga a la Policía la misión específica de defender a la sociedad y conservar del orden público, y en esas circunstancias el Gobierno ya tenía a todos los efectivos movilizados para contener las protestas sociales. Pero, para el las autoridades transitorias, era mucho más importante garantizar su gobernabilidad en función del miedo, así que se valieron de una norma de menor jerarquía (los decretos se encuentran por debajo de las leyes) para movilizar tropas militares, cuyo accionar siempre resulta más letal y desproporcionado cuando hacen frente a una protesta de ciudadanos inermes.
Asimismo, el Ministerio de Gobierno y la Policía recurrieron a grupos violentos que operaron como comandos parapoliciales en las ciudades. Estas organizaciones irregulares (en Cochabamba la denominada “Resistencia Juvenil Cochala” o la “Unión Juvenil Cruceñista” en Santa Cruz o “Jóvenes Unidos por la Democracia” de Beni) fueron los encargados de cerrar violentamente las entradas a las ciudades, para que las protestas de indígenas o de campesinos no ingresaran, facilitando la tarea represiva de policías y militares. La misma Presidenta del Estado, en más de una ocasión, agradeció públicamente a estas organizaciones por su actuación en la crisis.
Dos escenarios son la evocación de la máxima violencia estatal que desató el DS 4078. El primero, el 15 de noviembre en el puente Huayllani (Sacaba, Cochabamba) donde perecieron nueve ciudadanos bolivianos; el otro acontecimiento se produjo el día 19 de noviembre en la localidad de Senkata (El Alto, La Paz) cuando un contingente militar intervino el bloqueo que realizaban vecinos de la planta de combustibles de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), los efectivos militares dispararon contra de la multitud que se manifestaba, dejando un saldo de 10 personas muertas.
En conclusión, la autoproclamación de Jeanine Áñez trajo consigo graves vulneraciones a derechos fundamentales, como atentar contra el derecho a la vida y la integridad física, contra el derecho a la libertad de pensamiento, contra el derecho a libertad de reunirse públicamente, contra el derecho a la expresión y libre difusión del pensamiento, contra la libertad de circulación, contra el derecho a la libertad personal y otros. Para ser más claros, el Estado ha recurrido a acciones extremadamente violentas, como estrategia de silenciamiento a la movilización social, y se la impuso sobre todo a miembros de sectores vulnerables, tales como los pueblos indígenas, campesinos y habitantes de zonas pobres de las ciudades.
La coyuntura por la que atraviesa Bolivia, pone evidencia la imposibilidad de tener acceso a una verdad jurídica de los hechos de octubre y noviembre de 2019. Sin embargo, quienes tenemos un compromiso con los Derechos Humanos debemos extremar esfuerzos para que la justicia actúe y si esa actuación no prospera, como ha sido el caso hasta ahora, se debe recurrir a otras instancias de carácter internacional regional como los sistemas de protección interamericano, o finalmente, el sistema de las Naciones Unidas.
Lo que no es una alternativa, pese al sistemático y permanente amedrentamiento que ejerce el Gobierno, es permitir que las violaciones a los DD.HH. de bolivianos y bolivianas queden sin esclarecerse y que los responsables, de todos los niveles, respondan por sus actos. Suficientes heridas se han producido en el tejido social y comunitario en estos cinco últimos meses, para permitir que lo avanzado en los últimos 13 años se convierta en un trofeo de guerra de ciertos sectores conservadores del país.
* Abogado, defensor de los Derechos Humanos
Leave a Reply