Por CARLOS ECHAZÚ CORTÉZ * -.
Por increíble que parezca, a la autoproclamada Añez le han bastado solo cinco meses de gestión para ganarse los anuncios de cuatro juicios de responsabilidades, lo que demuestra el carácter altamente represivo, arbitrario y torpe de su gobierno.
El primer juicio, se lo ha ganado con las matanzas de Sacaba, Senkata y Ovejuyo, donde fueron masacradas más de 30 personas. Al respecto, sus voceros han intentado deslindar responsabilidades alegando que los autores de esas masacres hubieran sido terroristas infiltrados entre los manifestantes. Sin embargo, su torpe versión no ha tomado en cuenta que nadie vio a esos fantasmas, entre los testigos oculares de esos genocidios, que atestiguaron más bien que los autores de las masacres fueron miembros de la Policía y el Ejército. Más aún, pareciera ser que en el gobierno golpista no repararon en pensar que el DS 4078, que deslindaba responsabilidad penal al Ejército y la Policía por lo que ocurriera en sus operaciones, para «resguardar el orden público», y que fuera caracterizado como una licencia para matar, en rigor, se constituye en la prueba de la responsabilidad que pesa sobre Áñez y todo su gabinete en este genocidio.
El segundo juicio, le ha sido anunciado por designar nuevamente a Luis Fernando López como ministro de Defensa, una vez que fuera destituido del cargo, producto de una censura en el Parlamento. Alguien de su entorno ha debido convencer a la autoproclamada que el nombrar otra vez a López era una «jugada política maestra». Evidentemente, tenían aires de «hábiles políticos» aquella noche que lo restituyeron a sus funciones. Ahí, justamente, está la transgresión a la Constitución; en la restitución a quien había sido censurado por el órgano legislativo, lo que demuestra que en lugar de ser una «hábil jugada», más bien es una torpe medida que solo hace gala de burlar al Parlamento y a la comunidad en general.
El tercer juicio, se refiere al incumplimiento en proveer a hospitales de los insumos de bioseguridad para el personal, así como equipos necesarios para enfrentar el coronavirus. Pese a los anuncios del gobierno golpista de haber realizado esas dotaciones, se han formulado denuncias de parte de distintos sectores médicos por la falta de esos recursos y además las denuncias de pacientes en relación a haber sido derivados de un lado a otro por falta de equipos, y que en algún caso resultaron en el fallecimiento de algún paciente (caso Sandoval). Habiendo la pandemia sido anunciada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde hace tiempo atrás, cabe al Gobierno la responsabilidad por esta grave omisión. El incumplimiento de deberes ha sido un delito ampliamente utilizado por el régimen para realizar su persecución política, pues bien, ahora le toca a la autoproclamada responder por estas graves omisiones, más aún cuando el mismo Gobierno ha hecho anuncios de haber generado y/o conseguido recursos económicos para la adquisición del equipo necesario.
El cuarto juicio, refleja cómo su carácter racista y excluyente le ha llevado a una de sus medidas más torpes, la negativa de permitir el ingreso de bolivianos, que se agruparon en la localidad chilena de Colchane, para ingresar por Pisiga. La declaración del Gobierno en relación a estar velando por la seguridad de 11 millones de bolivianos simplemente es inconsistente, puesto que nadie le había pedido que se permita el arribo de los bolivianos varados en la frontera, sin que se cumplan los protocolos de seguridad sanitaria. El incumplimiento del Gobierno en velar por la seguridad de esos compatriotas ha sido consumado, aunque posteriormente se haya permitido su ingreso a lo que más parece un campo de concentración. Por otro lado, la autorización de la entrada de un avión con bolivianos, procedente de Santiago de Chile, ha mostrado de manera más que evidente el carácter discriminador del gobierno de facto, lo que también constituye un delito.
Ahora bien, cabe reflexionar el efecto que tendrán estos anuncios de juicios de responsabilidades en los golpistas. Teniendo en mente que Áñez fue empujada a autoproclamarse, de modo ilegal –lo que tendría que valerle otro juicio de responsabilidades–, es de esperar que mientras sigan sumándose esos anuncios de juicios, la gobernante tenga la tentación de dar un paso al costado y fugarse, ya que ella sabe que su gobierno no puede durar mucho tiempo. Sin embargo, su entorno es consciente que esos mismos cargos van recaer sobre ellos, lo que necesariamente los va a llevar a presionarla para persistir. Este asunto, los lleva inevitablemente a un dilema. Por un lado, pueden persistir en continuar y entonces arrecian su tendencia represiva con un segundo golpe de Estado o alternativamente llevan adelante un monumental fraude en las elecciones (esta vez un verdadero fraude, no uno inventado). Por otro lado, puede producirse un desbande en las filas de los golpistas e intentar fugarse todos ellos. Las renuncias del Ministro de Salud y uno de sus viceministros, en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus, pareciera indicar que la tendencia hacia el desbande ya se está produciendo. Los próximos días y semanas darán más claridad sobre cuál de estas tendencias finalmente se impone.
* Militante de la izquierda boliviana
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