#YoTambiénSoyUnCocodrilo

Por CANELA CRESPO SÁNCHEZ-.

Hasta hace unos meses yo no tenía en la memoria imágenes de militares en las calles de las ciudades de mi país. Era una realidad que yo conocía por fotografías y por las historias de mis padres y de los compañeros mayores. En noviembre de 2019 eso cambió y aparecieron tanquetas en pleno centro de La Paz, viejos aviones de guerra sobrevolando el cielo alteño y hombres vestidos de muñecos de acción con las caras cubiertas y con las manos morenas, disparando gases y balas contra sus madres y hermanos.

Ellos mismos son los que están hoy, otra vez, dominando el espacio común, las esquinas y las calles, ordenando y controlando. Y es que la pandemia es una lupa que magnifica todo lo que ya nos estaba sucediendo: la violencia, la represión, la militarización, los sesgos de clase y coloniales, la persecución, la incertidumbre y, sobre todo, el miedo.

En Bolivia, la militarización del espacio público ha sido repetida en los últimos cinco meses y se ha intensificado con las medidas contra el coronavirus. El gobierno golpista pretende consolidar en el imaginario colectivo una subjetividad autoritaria utilizando el miedo como espada. De esta forma, a falta de legitimidad en su llegada al poder ,y para mantenerlo, busca crear una sensación de estabilidad y una imagen de ente protector. Esta estrategia, si nos gana el sentido común, es la justificación de las formas de violencia que usó y usará.

Asimismo, el amedrentamiento constante del Gobierno sirve también para ocultar la ineficiencia de su gestión para afrontar el reto epidemiológico y la crisis social, política y económica. Esto se sostiene en la creación de una narrativa que estigmatiza a un enemigo y que no tiene escrúpulos para saltar leyes y principios para exponerlo; para el Gobierno, el enemigo es el “masista”. En la última semana podemos enconrar tres ejemplos de esta lógica nefasta que vale la pena mencionar.

Para empezar, está el show con el que conocimos a la Ministra de Comunicación el lunes 13 de abril. Cualquiera pensaría que, en el contexto de la pandemia, su voz debiera ser uno de los principales canales de información, sin embargo, la realidad es que si me preguntan mañana habré olvidado otra vez su nombre. Ella se tomó el trabajo de montar una conferencia de prensa para acusar a una persona del hackeo (que resulta que no es tan hackeo) de una cuenta de Twitter institucional de un ministerio. La Ministra no tuvo ningún escrúpulo en exponer información personal de una persona que, según ella, estaría detrás de una cuenta de Twitter (“soy un cocodrilo”) y por ende detrás de la acción de hackeo, convirtiéndola en culpable sin sentencia y saltando cualquier principio legal o ético.

Del mismo modo, Arturo Murillo afirmó el miércoles 15 de abril que se procesó a 67 “actores políticos” por su “actividad de desinformación” en redes sociales. Estos procesos se hacen con base en la interpretación de un artículo de un decreto supremo observado por varias instancias internacionales de DD.HH., como Human Rights Watch. De hecho, José Miguel Vivanco, director para América de este organismo dijo que “el Gobierno interino de Bolivia aprovecha la pandemia para arrogarse el poder de sancionar penalmente a quienes publiquen información que las autoridades consideren incorrecta y esto viola el derecho a la libertad de expresión”.

Finalmente, está Marcel Rivas, Director General de Migración, que ni siquiera llamó a una conferencia de prensa, sino que publicó en sus redes sociales personales el flujo migratorio y fotografías de una ciudadana contestataria al régimen, insultándola y acusándola de instigadora de los conflictos que suceden con los bolivianos varados en la frontera con Chile. Como era de esperarse, todavía no existe ninguna acusación formal contra esta ciudadana ante el Ministerio Público.

Estos tres ejemplos no son casos aislados, sino que responden a una lógica sistémica de amedrentamiento y persecución de parte de autoridades del Gobierno, que quieren generar miedo para mantenerse impunes y poderosos.

La militarización de la vida pública y el amedrentamiento pueden ser el disparador de medidas represoras más duras hacia adelante. El reto es estar listos para resistir, rechazar y condenar estas medidas desde lo colectivo. Las cárceles no aguantan a todos los cocodrilos.