noviembre 27, 2020

El nuevo 21060 y las empresas estatales


Por Carla Espósito Guevara-.


Mientras la mayor parte de los países están recurriendo a medidas de corte keynesiano para reactivar las economías del mundo, a título de el Programa Nacional de Reactivación del Empleo, el gobierno transitorio ha aprobado sorpresivamente el Decreto Supremo 4272, que establece el marco jurídico para un proceso ajustes administrativos y disciplina fiscal en el sector público, que allana el camino a la privatización de las empresas estatales y su conversión en una lógica empresarial y de negocios.

Un gobierno transitorio, que carece de legitimidad, que no fue elegido en las urnas, ha lanzado un DS que planea medidas estructurales en varios campos clave de la economía, sin pasar por la Asamblea, sin realizar consulta alguna con la sociedad civil, lo que –como mínimo– plantea sospechas sobre sus intenciones, así como una profunda preocupación sobre cómo se está aprovechando de la desmovilización social causada por la pandemia para imponer medidas de shock.

El objetivo del cuestionado DS es dar un espaldarazo a la empresa privada, a través de préstamos y refinanciaciones por la vía de la creación de millonarios fondos (Fondo de Reactivación postCovid con 12 mil millones y el Fondo de Garantía Sectorial con un mil cien millones 00/100 bolivianos), que se financiaran fundamentalmente con recursos del Tesoro General de la Nación y endeudamiento externo; los mismos que serán canalizados a través de Entidades de Intermediación Financiera (EIF), léase bancos. En otras palabras, este DS presenta un conjunto de acciones para financiar la reactivación de la empresa privada con la utilización de fondos públicos, es decir, una nueva versión de la táctica: privatizar las ganancias y democratizar deudas.

Pero la parte más delicada, y quizás el corazón del mismo DS, es que abre la puerta para la participación de capitales privados en proyectos de inversión y empresas públicas a través de concesiones y la suscripción de contratos para establecer alianzas estratégicas de inversión conjunta con empresas privadas (Artículo 79). Para esto exige a las empresas públicas una evaluación de su “factibilidad” y un “plan de factibilidad de corto plazo” en el cual deben explicar “las estrategias que les permitan mantener sus actividades”, evitando considerar “la erogación de nuevos recursos por parte del Estado” (Artículo 84). Asimismo, la factibilidad de mediano y largo plazo deberá ser expuesta en el Plan de Negocio, en conformidad con lo establecido en el Artículo 5 del DS 4251, de 28 de mayo de 2020, según el cual dicho Plan debe comprender, entre otros, todos los aspectos necesarios para exponer “un modelo de negocio empresarial”. Es decir, la transición de una lógica social a otra empresarial.

El contenido de este Decreto debe leerse en su integridad junto con otras declaraciones del Gobierno en las que, desde octubre del año pasado, viene insistiendo en la insostenibilidad de varias empresas públicas como Boliviana de Aviación (BOA), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y la Planta de Bulo Bulo. Sin ir lejos, una nota del 28 de junio de El Deber dice que “YPFB no pudo, no puede ni podrá con el armatroste urea”. Esta retórica nos trae ecos de un pasado no tan lejano en el que los gobiernos neoliberales instalaron la falsa verdad de la inviabilidad de las empresas estatales para justificar su privatización, cuando la realidad de los últimos 14 años, que tanto prurito despierta en la derecha, ha demostrado que esa premisa es falsa. Son justamente los excedentes de esas empresas los que han garantizado la estabilidad económica, el crecimiento y la reducción de la pobreza, gracias a su reinversión en lo social (bonos, carreteras, infraestructura).

¡Cuidado! Estamos frente un nuevo 21060, que se orienta a otro proceso de privatización de las empresas públicas y de su excedente, por el que se entregará al capital privado una parte de lo construido hasta ahora por el Estado. Pero, frete a la ilegitimidad de tal decreto, habrá que preguntarse también si el Gobierno tiene la musculatura suficiente para implementarlo. Eso dependerá de la capacidad de lucha que planteen las organizaciones sociales.


* Socióloga

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