septiembre 18, 2020

Una sola salida: elecciones

No hay otro camino que no sea la recuperación del espacio democrático con todo lo que aquello significa en la preservación de la vida, la salud, la educación y los derechos y garantías de todos y cada uno de los ciudadanos. No admitirlo, pretendiendo diferirlo maliciosamente, conducirá ineluctablemente a la violencia, a la repetición de episodios que habíamos considerados ya desterrados de nuestra historia y práctica política.

Hay un plazo fatal establecido por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a momento de avalar con un discutido pronunciamiento la “sucesión constitucional” que sentó en la silla presidencial a Áñez en noviembre del pasado año. El nuevo gobierno democráticamente elegido debe ser posesionado este 2020.

Las elecciones debieron realizarse a los 90 días del golpe, no lo quisieron. Anunciaron que sería el primer domingo de mayo, no cumplieron. Se dijo que sería el 2 de agosto, no pasó nada. Se sancionó una nueva ley fijando el 6 de septiembre, tampoco se respetó la fecha y se pateó el balón para 40 días después. Esa era la única supuesta tarea “encomendada” (no sabemos por quién), pero no pudieron o no quisieron cumplir, por incapacidad, por falta de voluntad o porque simplemente no estaba en sus planes.

Estos ocho meses y algo más de gobierno de facto nos han puesto al frente del peor gobierno de toda nuestra historia, incluso más allá de los caudillos bárbaros del siglo XIX, superados con creces por la incapacidad, ignorancia y desfachatez de los actuales gobernantes, pero esto no puede extenderse indefinidamente, no tiene porqué, nadie los eligió, se autonombraron y se autoasignaron tareas que solo corresponden a un gobierno legal y legítimamente elegido por el pueblo.

El país está al borde del descalabro. El estado de calamidad declarado por ellos mismos no es sino la burda representación del extremo al que nos han conducido. La salud es un desastre, la economía también, la educación está paralizada, solo la corrupción campea en todas las áreas de la administración pública, socapada por un aparato mediático prebendalizado y carente de toda ética.

La paciencia del pueblo tiene límites. Y todo parece indicar que la coyuntura que vive Bolivia está llegando al suyo. Incluso sectores conservadores que apoyaron el derrocamiento del anterior gobierno, algunos de sus aliados, están tomando prudente distancia. El Gobierno se está quedando solo, aislado, dentro y fuera del país, encaprichado con aferrarse al poder, con una presidenta que no gobierna, que apenas puede articular unas pocas frases mal hilvanadas a manera de discurso, con un entorno violento, antidemocrático, incapaz e ignorante, insensible y corrupto, que es el que verdaderamente está manejando el aparato estatal para su propios fines y beneficios.

La población exige que se respete el 6 de septiembre como fecha de elecciones; sin embargo, todo parece indicar que incluso el 18 de octubre puede ser aún la solución de salida a todo el entuerto en el que nos metieron quienes interrumpieron la democracia, una democracia que contra viento y marea la habíamos sostenido durante casi 38 años. Pretender postergar más allá de octubre podría tener consecuencias imprevisibles y las responsabilidades ya están plenamente establecidas.

Este callejón tiene una salida, ir a elecciones, aceptar los resultados que se generen de la voluntad popular expresada en el voto, devolver el poder y la soberanía a quien le pertenece y corresponde, al pueblo. Y si, por si acaso, desean salir con algo de dignidad de la poca que les queda, sería adecuado que la presidenta transitoria renuncie a su candidatura, pues seguir en carrera solo hará más daño a Bolivia y no le dará ningún beneficio electoral.

Las cartas están echadas, ni siquiera un as bajo la manga podrá cambiar la suerte, ni menos torcer la voluntad del pueblo boliviano.

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