“¡Luz, cámara: acción!”, son las palabras que debe haber pronunciado un segundo antes de salir en vivo y en directo, por los noticieros centrales de tv, el histriónico ministrito de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, el martes 21 de julio, para anunciarle al país de la ocupación de la “Clínica del Colaborador”, a ser dedicada supuestamente para la internación de pacientes con Covid-19, aun cuando meses antes había declarado en conferencia de prensa que dicho centro asistencial no era otra cosa que una “base de espionaje comunista”; así mismo, con un lenguaje digno de los años 70, víctima de su propia Guerra Fría mental.
Pero, ¿de quién es la Clínica del Colaborador?
Lo cierto es que la República de Cuba adquirió con recursos propios –en respeto y apego absoluto a la legalidad local– el inmueble ubicado en calle 22 No. 163 esquina Enrique Herson, Achumani, ciudad de La Paz, en 2006 y, ya para el 4 de abril de 2007, el Ministerio de Salud de Bolivia, mediante la Resolución 0410, autorizó su funcionamiento, como parte del “Convenio de Cooperación Científico-técnica del Área Salud cubano- boliviano”.
Con todo y en franca violación del derecho de propiedad y de normas internacionales, sin orden judicial de algún tipo, la “Clínica del Colaborador” fue asaltada y ocupada por contingentes de la Policía Nacional y bandas de derechistas delincuentes, el 15 de noviembre de 2019, los que, junto con encargarse de precintar el recinto como “objeto de investigación”, de paso aprovecharon de robar parte del valioso y costoso equipamiento médico.
De este modo, las autoridades cubanas, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), advirtieron prontamente a las autoridades de facto del carácter delictual de aquellos actos, así como de la eventual e ilegal apropiación del inmueble, pidiendo la inmediata disponibilidad del mismo en su calidad de dueños.
De hecho, ha sido el propio Ministerio Público de la Zona Zur, que bajo la labor de Dra. Sara Villarroel Bustío, Fiscal de Materia Adscrita a la División de Propiedades, ha abierto una investigación por “robo agravado” (caso ZSR 1902699), participando de una Audiencia de Inspección Técnica Ocular del inmueble, el 26 de febrero de 2020, así como de un Inventario de los Bienes muebles en el inmueble, el 16 de marzo 2020.
En defensa de sus derechos, en estos meses Cuba ha advertido de los antecedentes descritos a la cartera timoneada por Longaric, quedando constancia en las Notas Diplomáticas emitidas por el Minrex No. 1079/20 (13 de abril) y No. 26/20 (18 de junio), ambas recibidas por la Cancillería boliviana.
Sin embargo, no contentos con no responder las Notas Diplomáticas de la isla caribeña –como se acostumbra en la arena internacional–, el 8 de junio fue arrancado el precintado de la “Clínica del Colaborador” (¿para seguir saqueando?, ¿para adulterar el escenario de una investigación en curso?) y, como expresamos, el ministrito Murillo se “apropió”, de manera unilateral e inconsulta del centro médico.
Como si fuera poco, un nuevo capítulo de este descabellado proceder lo encabezan los propios funcionarios de Longaric, quienes hasta ahora se niegan a recibir “en ventanilla” –sí, igual que adolescentes–, la última Nota Diplomática del Minrex No. 1582/20 (24de julio), porque creen –quizás– que así no quedará constancia de la notificación por “robo agravado” y el recuento de hechos de bandidaje que desde noviembre llevan a cabo las autoridades del Gobierno y sus pandillas paramilitares.
La posición cubana es clara y sencilla: devolución del inmueble y completa disponibilidad en su calidad de legítimo propietario. Mientras tanto, en un acto de solidaridad infinita, en la última Nota dejan constancia: “El Ministerio de Relaciones Exteriores, consciente de que el combate a la pandemia de la Covid-19 requiere de los esfuerzos urgentes y mancomunados de cooperación, sin renunciar a la titularidad de la Clínica del Colaborador, notifica que el gobierno cubano pone a disposición del hermano pueblo boliviano su utilización para el combate de esta enfermedad”.
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