octubre 26, 2020

La CIDH repudia grave embate contra su autonomía e independencia de parte de Luis Almagro

Ante la decisión del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de abstenerse de avanzar en el proceso de renovación del mandato de su Secretario Ejecutivo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su más enérgica protesta, así como su alarma ante un grave embate contra su independencia y autonomía.

En el ejercicio de sus atribuciones, el 27 de julio de 2016, la CIDH seleccionó a Paulo Abrão, luego de un amplio proceso, para el cargo de Secretario Ejecutivo y, acorde con los términos del Artículo 11 de su Reglamento, remitió su nombre al Secretario General del organismo, quien confirmó la selección y lo designó para el puesto, habiéndose posesionado en el cargo el 16 de agosto de ese mismo año, como señala un comunicado oficial dela Comisión.

Agrega que en ejercicio de esas mismas atribuciones la CIDH, durante la sesión realizada en México del 8 al 9 de enero de 2020, decidió por unanimidad renovar el mandato a su Secretario Ejecutivo para el periodo 2020-2024, el mismo 9 de enero se le comunicó por nota oficial al Secretario General «conforme el Artículo 11, inciso 3, del Reglamento de la Comisión» y para los efectos de su contratación administrativa. Asimismo, fue hecho de conocimiento público mediante el comunicado 05/20 de fecha 10 de enero. Entre las razones que motivaron la decisión de la CIDH de renovar el mandato al actual Secretario Ejecutivo y confirmarle su confianza, fue la necesidad de contar con un titular que tenga las condiciones y capacidades para consolidar un proceso de transformación y modernización de las labores de la Comisión; que pueda liderar el proceso de conclusión de su Plan Estratégico 2017-2021; así como la construcción de su nuevo plan para el futuro, acorde con su visión para la protección de los Derechos Humanos en la región.

El día 15 de agosto de 2020, último día de la vigencia contractual, Almagro comunicó a la CIDH, sin consulta previa, su determinación de abstenerse “de avanzar en el proceso de nombramiento del Secretario Ejecutivo” de la CIDH; lo que en la práctica se traduce en una negativa a extender el contrato laboral, trámite requerido para dar continuidad administrativa al mandato del Secretario Ejecutivo. La Comisión anunció a la comunidad internacional que esa decisión unilateral constituye un franco desconocimiento de su independencia y autonomía, que busca la separación de facto del Secretario Ejecutivo y dejar sin efectos la decisión de renovación adoptada ocho meses antes por la CIDH. No deja de llamar la atención de la CIDH que durante ese lapso no recibió cuestionamiento alguno por parte del Secretario General sobre la pertinencia del procedimiento de renovación.

La Comisión tomó nota que en su comunicación, recibida el último día del primer mandato del Secretario Ejecutivo, el Secretario General citó dos informes como fundamento de su decisión: uno elaborado por la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de la OEA, sobre las competencias del Secretario General sobre el proceso de designación del Secretario Ejecutivo y el procedimiento para elaborar las propuestas provenientes de la CIDH; y otro, por la Ombudsperson de la OEA, en el que se advierte el carácter confidencial de su contenido.

Al respecto, la CIDH observa con extrema preocupación la interpretación de las normas realizada en el informe jurídico en que el Secretario General funda su decisión, según la cual el Reglamento de la CIDH es una mera interpretación no vinculante del Estatuto de la CIDH y de la Carta de la OEA y que, por lo tanto, Almagro no está obligado a cumplirlo. Dicha interpretación desconoce, además, la norma y la práctica vigente que ha sido consistentemente sostenida desde el año 2000 y que fue aplicada tanto en 2012 como en 2016 para la selección y designación de los dos últimos Secretarios Ejecutivos y también para la última renovación del Relator Especial Edson Lanza en 2017 y de la Relatora Especial Especial DESCA, Soledad Garcia Muñoz en 2020.

Asimismo, la interpretación de las normas a las que alude Almagro es contraria a la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ha establecido a la CIDH “como órgano del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, tiene plena autonomía e independencia en el ejercicio de su mandato conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los Derechos Humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

La Época

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