octubre 22, 2020

“No hables de eso” o el Déjà vu como discurso político

Por Luis M. Arancibia Fernández -.


Hace algunos meses una situación confusa, por decir lo menos, convocó la atención de la ciudadanía cuando en puertas de Palacio Quemado la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, fue sorprendida por los medios de comunicación que la obligaron a improvisar una conferencia de prensa. Como el tema más importante de la coyuntura era la necesidad de promulgación de una la ley para convocar a nuevas elecciones generales para el mes de septiembre, los periodistas lanzaron la pregunta en ese sentido. En la ocasión, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, sin hacer el menor esfuerzo para disimular, se aproximó a la mandataria y le susurró al oído: “No hables de eso… no comentes”.

El episodio quedó registrado en las grabaciones de todos los medios que estaban en el lugar y si bien Áñez logró hacer algunos comentarios sobre lo consultado, la actitud de Murillo no pasó desapercibida y generó más de un cuestionamiento en la población. En su explicación sobre el hecho, Murillo dijo que solo había intentado “darle una recomendación”, incluso hizo referencia a comentarios maliciosos que decían que “él manda a la Presidenta”, hecho con el que pocos pueden coincidir ya que sabemos que la falta de coordinación es el sello característico del Órgano Ejecutivo transitorio.

Sin embargo, con algunos matices entre una intervención y otra, desde la primera autoridad del país hasta los miembros de su gabinete y unos pocos funcionarios de menor jerarquía, han construido un discurso común en base a recursos muy básicos, como expresar emociones como el llanto, hecho que podría direccionar la atención del receptor a una reacción aparentemente espontánea, pero que deja de ser tal porque inmediatamente le siguen improperios y amenazas que ya no parecen tan espontáneas. Claramente se trata de una puesta en escena, inclusive, cuando los mensajes son previamente grabados y usando teleprónter o notas escritas, la ausencia de una estructura elaborada, sin una adecuada confrontación con la realidad o recurriendo a recursos como el llanto, las insinuaciones de los atributos maternos de la mandataria y las frases desprolijas con un alto contenido excluyente, violento, dogmático y muchas veces racista, se han convertido en los elementos de la línea discursiva oficial.

Por otra parte, el régimen transitorio, cotidianamente ha demostrado una inusitada intención de hacer referencia a categorías con las que la población ya no está familiarizada, justamente porque eran parte del argumentario utilizado en el viejo Estado, el previo al de la Constitución Política de 2009, como llamar “República” a Bolivia, siendo que constitucionalmente está reconocida como Estado Plurinacional Unitario de Derecho (Artículo 1), o cuando hacen referencia a la posibilidad decretar “estado de sitio”, medida que no está contemplada en el Texto Constitucional vigente y que fue sustituida por el estado de excepción (Artículo 137), que no solo depende de la Presidente sino también de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Lo cierto es que el Gobierno transitorio carece de un discurso adecuadamente estructurado y eso es resultado de su total distancia con la población, o al menos con los sectores sociales a los que prefieren identificarlos como “salvajes”, sin tomar en cuenta que gobiernan para al menos 11 millones de personas, de las que una mayoría sintió el rigor de una pandemia que en más de una ocasión fue el pretexto perfecto para generar la sensación de que nos encontrábamos en medio de una confrontación bélica, adecuadamente complementado con excesiva presencia militar y policial en las calles y sobreexposición mediática de personas detenidas por romper la cuarentena.

En los hechos, si a todo lo anterior sumamos los evidentes atropellos a los símbolos patrios, como eliminar la Wiphala de la Banda Presidencial, estando reconocida como Símbolo del Estado por el Artículo 6, II., de la Constitución Política del Estado, o imponer La Biblia y el crucifijo ante autoridades que toman juramento, a sabiendas de que constitucionalmente Bolivia es un Estado que garantiza la libertad religiosa (Artículo 4), no es un Estado confesional, es una clara muestra de que se está extirpando el componente ancestral que se constituye en esencia primigenia de lo Plurinacional.

La verdad en torno a todo lo que acontece en estos meses en Bolivia, parece salir a la luz por varios ejemplos que desvelan el republicanismo nostálgico, las posturas conservadoras y el desprecio por lo originario del Gobierno transitorio, pudiendo –lo digo casi con certeza– existir además otros elementos que demuestran la esencia antidemocrática con la que se gobierna Bolivia desde el 12 de noviembre de 2019. Lo realmente preocupante es que, de haber elecciones generales el próximo 18 de octubre, se elegirá un nuevo Presidente Constitucional del Estado y las fisuras provocadas por la actual gestión y sus seguidores van a perdurar, por lo que hará falta un nuevo proceso para recuperar el sentido comunitario de la administración pública y el relacionamiento solidario entre los mismos habitantes, para ello otros 14 años no serán suficientes, eso lo demostró la historia inmediata.


* Abogado defensor de los Derechos Humanos

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