Por María Luisa Auza Vidal-.
Después de un año en el que la economía del país extravió su rumbo de crecimiento, las estimaciones más optimistas consideraban que esta llegaría a contraerse hasta un 8% al concluir el 2020. A partir de noviembre pasado, una vez consolidado el gobierno constitucional de Luis Arce Catacora, se tomaron medidas inmediatas para frenar la caída en picada provocada por la gestión golpista de Jeanine Áñez. Esta situación se vio acentuada como efecto de la crisis sanitaria del Covid-19.
La prioridad de la actual gestión es apoyar a las familias más vulnerables, que enfrentan la crítica situación económica, y frenar el aumento de la pobreza. Para esto, se implementó el pago del Bono contra el Hambre, medida que llega a cada boliviano y boliviana mayor de 18 años que no percibe otros ingresos del Estado, y se incrementó la renta de más de 125 mil jubilados del sistema de reparto.
Lo primero implica la inyección de al menos 570 millones de dólares destinados a estimular la demanda, fundamentalmente de productos de primera necesidad, e incentivar de manera indirecta la recuperación de la economía campesina, principal fuente de abastecimiento de la canasta de alimentos. En la misma línea, el aumento en la renta de jubilación proporciona un apoyo a la recuperación de la economía de las familias en más de 28 millones de dólares.
La generación de condiciones para la reactivación de la economía se constituye en el segundo grupo de medidas asumidas a fines de la gestión pasada. La reasignación del crédito hacia actividades productivas permitirá otorgar la liquidez que requieren los productores y el apoyo a la construcción, particularmente orientado a la vivienda social, para fortalecer este sector. Con este paso, aproximadamente 20 mil millones de dólares deben ser canalizados a la dinamización de la economía.
Sin embargo, es necesario plantear su complementación, con una reglamentación que asigne la mayor cantidad de los recursos disponibles en el sistema bancario al crédito productivo destinado a los pequeños y medianos productores, en condiciones de mayor flexibilidad. Las PyMES han sido uno de los sectores más golpeados en 2020 y comprenden uno de los pilares de la creación de empleo en el país.
Posiblemente una de las medidas de las que se espera mayor impacto en la recuperación productiva es la otorgación del Fideicomiso, destinado a incentivar la producción de bienes que sustituyan importaciones. Esta otorga aproximadamente 757 millones de dólares en créditos, a una tasa de 0,5% anual, a los productores agrícolas, pequeños y medianos productores industriales, artesanos y una amplia gama de emprendedores que por años han estado lidiando con el ingreso de productos importados.
Los productores tienen una gran oportunidad, los recursos les permitirán acceder a capital de operaciones, comprar materia prima nacional, importar maquinaria, herramientas y el material necesario para desarrollar la industria. Con todo, la medida implementada de manera aislada está sujeta a muchos riesgos, por lo que se hace necesario crear, de manera planificada y desde el Estado, una estrategia que garantice su éxito, partiendo por la identificación de los productos susceptibles de ser sustituidos y de los productores que los fabrican.
Los criterios que se formen para esta identificación deben considerar aspectos como el grado de articulación de los productores, de manera que apunte a fortalecer redes o asociaciones productivas de pequeñas o medianas empresas que, asemejando sinergias entre sí, avancen en su consolidación como formas económicas alternativas.
La sustitución de importaciones requiere la implementación de una integralidad de políticas públicas que permitan el fortalecimiento de la calidad de la producción; desarrollo de habilidades productivas; capacidad de gestión; comercialización y otros aspectos que hacen al producto y a la empresa.
Las medidas económicas aplicadas deben complementarse con políticas de protección del empleo, como la única fuente de generación de riqueza; el acceso al crédito productivo debe estar condicionado a la consolidación y creación de fuentes de trabajo, con normas que impidan la precarización laboral, que impacta con mayor fuerza a las mujeres.
Otro de los pasos que incidirá en la reactivación de la economía es el incremento de la inversión pública, como un elemento dinamizador del que ya se tiene probadas evidencias de impacto en el crecimiento. Después de un año (2020) en el que la ejecución de inversiones ha sido aproximadamente el 50% del monto ejecutado en 2019, se ha aprobado un presupuesto con más de siete mil 200 millones de dólares adicionales, recuperando los niveles de inversión social destinados a reducir la pobreza y ensanchar el gasto productivo.
En este contexto, las características que tome el rebrote del Covid-19 se constituyen en un factor de alto riesgo en este proceso de recuperación económica, mientras que las medidas asumidas para prevenir una escalada peligrosa del virus deben ser implementadas con mayor rapidez. La movilización social organizada para preservar la vida debe impulsar el control del rebrote.
Están sentadas las bases de la reactivación económica, sin embargo, la misma debe orientarse a fortalecer la capacidad productiva de las grandes mayorías, de un pueblo organizado que, mediante su lucha y resistencia, ha derrotado al golpe y a la consumación de las medidas neoliberales, ratificando su decisión de avanzar en la construcción de una economía alternativa basada en principios de soberanía.
- Miembro de la Red de Economía Política.
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