septiembre 19, 2021

Impuesto a las grandes fortunas: una manera de retribución a Bolivia

Por  Víctor Vacaflores Pereira-.


El impuesto, gravamen o tributo a las grandes fortunas es lo mínimo que deben aportar los “ricos” en nuestro país. La magnitud de la crisis sanitaria y económica, amén de la desastrosa gestión de los golpistas desde noviembre 2019, demandan aportes extraordinarios y, en este caso, de quienes más recursos acumularon en la diversidad de procesos.

En esa línea, el 28 de diciembre del 2020 el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), con Arce Catacora, instauró la Ley 1357 para el pago de un impuesto a las grandes fortunas de más de 30 millones de bolivianos, con una alícuota de 1,4%, 1,9% y 2,4% para más de 50 millones. Sostienen las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que el impuesto alcanzará a unas 150 personas (0,01% de la población) y recaudará más de 100 millones de bolivianos, destinados a amortiguar las urgentes necesidades del Covid-19. El impuesto se aplicará a las personas naturales, no a las empresas.

Esta medida casi elemental de entender y aplicar se ha establecido en Uruguay, Colombia, Argentina y se proyecta en Chile. La Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social (Latindadd) sostiene que si se implementa el impuesto a las grandes fortunas en la Región, según sus cálculos, permitiría recaudar al menos 26 mil 504 millones de dólares.

Para Bolivia no es una medida irracional que atente contra los potentados económicos. El más común de los sentidos nos dice que los que más tienen deben aportar más. Los que acumularon una riqueza considerable dentro el país, en base a los recursos naturales; el mercado interno; las exportaciones; la banca; la inversión especulativa; la construcción; el agro y el comercio que son, todos ellos, procesos productivos sociales y no individuales, por tanto tendrán que devolver como aporte una pequeña parte de lo que el país les permitió y lo que la fuerza de trabajo creó. Sin la fuerza de trabajo y los recursos naturales no existe creación de riqueza alguna. La apropiación de la riqueza en manos de unos cuantos, cuando su creación es fruto social, solo es posible debido al sistema capitalista vigente, que concentra la riqueza en manos precisamente de los que no la generan, de empresarios e inversionistas. Esta es la primera razón por la que un impuesto a las fortunas es éticamente justo y necesario.

Hubo una resistencia silenciosa por parte de la oligarquía, con algo de vergüenza, en razón de que la gravedad de la crisis llegó a extremos nunca conocidos en la historia boliviana. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), salvo algunos de sus miembros, balbucearon cuestionamientos que, para bien de su imagen, no fueron ampliamente difundidos. Fueron sus “opinadores”, sus economistas y parlamentarios, como el cura Bazán (Creemos) y Miguel Roca (Comunidad Ciudadana), quienes intentaron defenestrar la medida que busca paliar la difícil situación. Con justificativos como que no existen sistemas de información necesarios; que el gobierno busca consolidad su modelo socialista (?); que no se recaudará ni el 1% del Producto Interno Bruto (PIB); que el impacto no será importante y no se justifica; que no es sustantivo, es demagogia y populismo; que desincentiva la inversión.

Las alícuotas para los millonarios en Bolivia que tengan 4,3 millones de dólares, son las más bajas de la Región. Definitivamente el límite de patrimonio debió ser un millón de dólares y, por supuesto, con una alícuota menor. De esa forma, la medida hubiese sido más eficaz en la política de redistribución de la riqueza y una lógica donde los que más tienen devuelven parcialmente recursos que al final fueron generados socialmente.

Las dificultades administrativas que demanda la aplicación de este impuesto deben ser sorteadas, pues es de todos conocida la ausencia de registros y controles, cuando en el país las prácticas de la doble contabilidad; la evasión fiscal; las históricas subvenciones estatales y los paraísos fiscales son una cultura del capital, de donde vienen también parte de esas fortunas.

Los millones de ciudadanos que viven de una economía del día ya contribuyeron y continuaran contribuyendo en la actual situación de crisis. Que lo hagan igualmente los que amasaron fortunas. La renuencia con argumentos mezquinos como que el volumen de recursos será mínimo y otros justificativos, definen la necesidad de políticas más audaces de redistribución de la riqueza que los potentados no compartirán de buena voluntad.


  • Miembro de la Red de Economía Política.

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