Por La Época-.
Hace unos días, la mañana del martes 9, la Justicia tomó la decisión de imputar al general Luis Fernando Valverde por la masacre de Senkata. El proceso penal apenas comienza y hay todavía mucha tela por cortar, pero ya existe un motivo de cierta paz, porque completa no habrá, para los familiares de las víctimas de la represión ordenada por el gobierno de facto de Jeanine Áñez, quien también, como capitana de las Fuerzas Armadas, deberá responder por lo que pasó el 19 de noviembre de 2019, aunque en otra jurisdicción.
En el banquillo de los acusados está Valverde y faltan otros que, en algún momento, deberán acompañarlo, como es el caso de los exministros de Gobierno y Defensa, Arturo Murillo y Fernando López, respectivamente, y el comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman. Empero, no es la institución castrense, que ciertamente requiere una reforma profunda, la que debe responder por los delitos cometidos por militares y civiles que actuaron impulsados por una racionalidad de clase cargada de odio contra los que históricamente los piensan destinados a obedecer al poder. La imputación es, por tanto, no solo al militar de Ejército, sino a todo lo que los involucrados en la masacre representan, los intereses generales de clase.
El golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019, que vergonzosa e inútilmente sus autores directos e indirectos niegan haya ocurrido, no fue contra el presidente Evo Morales, sino contra lo que el líder indígena representaba a pesar de las críticas que se le pueden hacer. El objetivo de la violenta interrupción de la continuidad democrática apuntaba a la reversión –que es la palabra empleada por el manual de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en los 80 para encubrir el concepto de desestabilización–, del proceso político más profundo de la historia boliviana en la medida que eran “los de abajo” los que tomaron la conducción del poder político en sus propias manos.
Senkata, aunque días antes ya se había producido la masacre de Sacaba (15 de noviembre), es dolorosamente solo un hecho político de algo mayor. El asalto violento de noviembre condensa la aspiración del bloque burgués e imperial, o al menos de sus fracciones no democráticas, de sacar del juego al bloque nacional-popular-comunitario, cuya protagónica presencia en las calles y en las urnas ha demostrado una vitalidad para la participación democrática que, de no haber contradicciones internas, seguramente marcharía hacia un horizonte postcapitalista con menos obstáculos de los que tiene.
Por eso, la imputación de Valverde, quien fuera el responsable de inteligencia militar en la gestión de Kaliman y que jugó en contra del gobierno legalmente constituido, tiene un sentido jurídico y político. Jurídicamente implica arrancar un proceso que, para ser viable, tiene el gran desafío de no cometer el error de meter a moros y cristianos, pues de lo contrario el juicio se hace inmanejable e interminable, como demostró el “caso terrorismo”. Políticamente es la confirmación de la naturaleza antidemocrática de la derecha boliviana, que en su totalidad empujó un golpe de Estado que nunca debió haber ocurrido.
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