septiembre 18, 2021

Breve análisis y pautas para enfrentar la desigualdad en Bolivia (segunda parte)

Por Roxana Azeñas Alcoba (miembro de la Red de Economía Política)-.


En la primera parte de este artículo (La Época No. 896) habíamos señalado que la desigualdad, desde diversos enfoques (Piketty, Atkinson), es un tema que debemos enfrentar y que tiene sus orígenes en los contrapesos de poder existentes en las relaciones económicas que, para Atkinson, se debían directa o indirectamente a los cambios en las relaciones de poder, y para Piketty, a las relaciones de propiedad privada capitalistas. La otra vertiente teórica revisada fue la extraída del pensamiento de Marx, que puede resumirse en el papel de las relaciones sociales de producción capitalistas –entre el trabajo y el capital, entre el salario y la ganancia– como elemento central desencadenante de la desigualdad. Por lo que para solucionarlo era necesario superar la estructura del sistema capitalista, misma conclusión a la que, en esencia, habían llegado los otros dos enfoques.

La desigualdad en Bolivia

En Bolivia la desigualdad se ha ido profundizando, sobre todo a partir de la década del 90, hasta principios del siglo XXI, cuando se intensifica tanto que el Índice de Gini llega a ser el más alto en América Latina, “…batiendo inclusive el récord del Brasil” (Udape, 2004), hecho que no responde solo a un incremento de la concentración de la riqueza “…sino, sobre todo, por la extremadamente baja participación de los más pobres en el ingreso total. Así, el 2002, de cada 100 bolivianos de ingresos repartidos, el 10% más pobre de la población recibió tan solo 17 centavos, mientras que el 10% más rico se quedó con 46 bolivianos” (Udape, 2004). Así de desigual era nuestro país a inicios del nuevo milenio.

Estos hechos se explican fundamentalmente por las medidas de ajuste estructural de primera y segunda generación impuestas en las décadas del 80 y 90. Algunas puntuales tuvieron incidencia directa, como la llamada “relocalización”, y otras fueron decisivas en profundizar este escenario: los procesos de capitalización y privatización de los sectores estratégicos, a partir de los cuales se perdieron las principales fuentes de ingresos del país y de soberanía en la toma de decisiones de política económica.

Un segundo periodo empieza en 2006, con la recuperación de la economía en general y con una importante reducción de la desigualdad que, según el Índice de Gini, disminuyó de 0,60 en 2005 a 0,46 en 2017 y a 0,42 en 2018. Mermando también la pobreza moderada de 60,6% en 2005 a 34,6% en 2018, y de la pobreza extrema de 38,2% a 15,2% entre 2005 y 2018.

Estas mejoras fueron, en gran medida, resultado del proceso de recuperación de los hidrocarburos, lo que permitió recobrar la renta de estos recursos, logrando un incremento en la “torta a repartir” y aumentando enormemente los ingresos del Estado, pero también brindando un modo de gestionarlos –el régimen de prestación de servicios en hidrocarburos– que reconquista la propiedad de estos y sus excedentes, los cuales fueron redistribuidos exitosamente a partir de la implementación de un modelo de desarrollo económico alternativo, cuyo fin fue el crecimiento económico con igualdad, basado en la redistribución.

Pero estos enormes avances y logros realizados en más de una década sufrieron un gran retroceso a partir del golpe de Estado de 2019, producto de la mala gestión del Gobierno, por lo que se ha vuelto necesario agudizar la lucha contra la desigualdad.

Lineamientos para combatir la desigualdad

Las posturas teóricas revisadas nos han llevado a entender que si se quiere superar la desigualdad es necesario un cambio estructural en las relaciones de poder, entre propietarios de los medios de producción (capitalistas, empleadores) y quienes solo cuentan con su fuerza de trabajo para sobrevivir. Este cambio, desde la perspectiva revisada en Marx, se traduce en la modificación de las relaciones sociales de producción capitalistas, hecho central del sistema imperante. Es decir, la única forma de corregir definitivamente las desigualdades es superando el sistema capitalista.

Es evidente que debemos caminar hacia este horizonte, lo que en términos de desigualdad se debe traducir en avanzar con políticas de distribución de ingresos y riqueza y no solo políticas de redistribución.

Para lograrlo, un tema prioritario es profundizar el modelo alternativo implementado, dirigiendo sus medidas no solo a la redistribución del ingreso y la renta, sino a una más justa y equitativa distribución de ingresos y renta, a través de profundizar y reconducir el proceso de nacionalización de los hidrocarburos, reteniendo de manera más eficiente y rigurosa la renta en el origen, mejorando y profundizando el régimen de prestación de servicios vigente en el mencionado sector.

Por lo tanto, es vital y urgente fiscalizar y revisar los costos recuperables de las empresas operadoras, ya devueltos, así como revisar el sistema de control y aprobación de costos recuperables, para comprobar que sea un control estricto y transparente, tarea que no es menor y que deberá encararse con la seriedad y recto control que requieren, sobre todo centrados en la gestión 2020, en la que el régimen se ha visto vulnerado de distintas maneras.

Muy vinculado a lo anterior y emergente de una de las recomendaciones de Atkinson es el establecer un “Fondo Soberano de Riqueza”, que en nuestro caso es especialmente importante. La función principal de este es la de separar la contabilidad económica con y sin recursos naturales, cuestión clave para tomar decisiones de política económica, para desligarnos del rentismo e iniciar la necesaria transición hacia el postextractivismo; este fondo y tipo de contabilidad ya han sido probados con mucho éxito en Noruega. Igualmente, este fondo, que funciona igualmente como estabilizador macroeconómico, podría generar una renta perpetua, a partir de los recursos de los hidrocarburos, que sirva para crear empleos y programas de redistribución de ingresos.

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