junio 14, 2021

Montenegro: “El Gobierno está priorizando el fortalecimiento y reactivación de las empresas públicas”

Marcelo Montenegro Gómez García es el nombre del ministro de Economía y Finanzas Públicas, pieza clave del gobierno de Luis Arce y cabeza de una de las mayores tareas para el país: la reactivación económica.

Para hacer un balance del triste desempeño en esta materia por parte del gobierno de facto, así como de las medidas del Proceso de Cambio para reconducir la economía nacional y detenernos en el tan inédito acto de la devolución de un préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI), nos propusimos conversar con el ministro.

La Época (LE).- ¿Cuál es el estado de situación en el que se encontró la economía del país al recibir el gobierno en noviembre de 2020? ¿Cuáles son los principales problemas que se identificaron?

Marcelo Montenegro (MM).- El actual gobierno nacional recibió la economía boliviana en una situación muy crítica, con una contracción de 11,1% hasta el primer semestre; elevados niveles de desempleo que habían alcanzado el 11,6% en julio; la paralización de la inversión pública, con una caída de 66% a octubre en relación a similar período de 2019; el descenso de las recaudaciones tributarias, de las transferencias a gobiernos subnacionales, de las ventas de supermercados y restaurantes; en general, con un conjunto de indicadores macroeconómicos deteriorados.

Asimismo, se recibió el país con una población con una calidad de vida disminuida ante los elevados niveles de desempleo y la merma de sus ingresos. Por lo mismo, se está implementando un conjunto de medidas encaminadas a reconstruir la economía y restablecer el Modelo Económico Social Comunitario Productivo.

LE.- Durante el golpe de Estado, ¿cuál ha sido el manejo de las empresas estatales y qué cambios se planificaron frente a ese manejo?

MM.- Tras la toma de mando del gobierno de facto, la administración de las empresas públicas fue deficiente y marcada por hechos de corrupción y la inexperiencia de sus nuevos personeros. Siguiendo las viejas recetas neoliberales, varias fueron paralizadas y se efectuaron medidas en perjuicio de ellas.

Algunos ejemplos son lo ocurrido con la planta de urea, que paralizó sus operaciones y sufrió el daño a una de sus turbinas. La suspensión de las operaciones de esta planta tuvo un efecto negativo para la economía boliviana que dejó de percibir ingresos por la venta de urea, y en particular, para el sector agrícola nacional, que tuvo que importar el fertilizante. Resaltó igual el caso de la Empresa Boliviana de Aviación (BoA), donde existió un descuido total en el mantenimiento de las aeronaves, además de darse ciertos privilegios a empresas privadas de este rubro en desmedro de la estatal. En este sentido, y ante la delicada situación de las empresas públicas, el Gobierno está priorizando el fortalecimiento y reactivación de estas, como el aporte de capital a BoA, la reactivación de la planta de urea, la reactivación de proyectos de energía, entre otros.

LE.- Durante el régimen de facto, miles de trabajadores quedaron sin empleo por supuestos quiebres de empresas. La ley de la empresa social establece varios casos en los que se impulsa la formación de una empresa social, ¿qué medidas han asumido o asumirán de parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para avanzar en este sentido?

MM.- Efectivamente, en octubre de 2020 el desempleo alcanzaba el 8,7% y la población ocupada había disminuido en 5,5% en relación al mismo mes de 2019. Ante este panorama, el gobierno nacional ha priorizado la reconstrucción de la economía a partir de diferentes medidas que están dinamizando nuevamente la demanda interna y apoyando al sector productivo, que serán determinantes para impulsar la reactivación y el empleo en el país.

Asimismo, es importante ponderar la reactivación de la inversión pública que llegará a $us 4.011 millones en 2021 –tras ser paralizada por el gobierno de facto– y que será un factor fundamental para el dinamismo de otras actividades y la generación de empleo por su efecto multiplicador.

LE.- El régimen de facto adquirió créditos saltándose las normas constitucionales del país al respecto, gestionaron la “devolución de capitales” a Bolivia de entidades financieras multilaterales como por ejemplo del FMI ¿qué pasos prevén al respecto?

MM.- El gobierno nacional actual ya está asumiendo las medidas necesarias para defender la soberanía económica y el cumplimiento de la Constitución Política del Estado (CPE) en el caso de hechos irregulares en la contratación de créditos por parte del gobierno de facto. Uno de las acciones en esa línea es la devolución del préstamo ilegítimo e inconstitucional contraído por el gobierno transitorio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

LE.- El pueblo boliviano que recuperó la democracia, votó también por el retorno de un modelo económico en el que los intereses populares priman sobre los individuales, en ese sentido, existen varios temas en los que hay necesidad de reencaminar la economía, ¿cuáles son en su criterio los principales aspectos en los que se tiene que trabajar durante esta gestión de gobierno para responder a esta expectativa?

MM.- Efectivamente el pueblo con su voto mayoritario dio respaldo al Modelo Económico Social Comunitario Productivo que se aplicó en el país desde 2006, con resultados positivos para la economía y los bolivianos; uno de los pilares de este modelo es la redistribución de los ingresos. En ese entendido, el restablecimiento del modelo económico que lleva adelante el actual gobierno nacional permitirá continuar con el proceso de redistribución de los ingresos y seguir favoreciendo los intereses de la población, especialmente de la más vulnerable. Así, se continuará con la aplicación de políticas sociales en beneficio de los bolivianos, como lo es el Bono contra el Hambre, los otros bonos sociales, la política salarial en beneficio de los trabajadores, la inversión pública en infraestructura y social que permite el acceso de los bolivianos a servicios de mejor calidad, entre otros.

LE.- La generación de ingreso en sectores estratégicos hacia los que crean empleo ha sido la base del modelo económico en el anterior periodo de gobierno del MAS. ¿Cuáles son los límites que identifica en su aplicación y la posibilidad de desarrollar modelos de economía alternativos?

MM.- El gobierno nacional se encuentra restableciendo el Modelo Económico Social Comunitario Productivo y va en camino a su consolidación. Así, el Estado boliviano continuará transfiriendo los excedentes generados en los sectores estratégicos hacia aquellos que crean ingresos y empleo; dentro de los estratégicos, la industrialización del litio al igual que el mutún son prioridades; por su parte, se continuará con la promoción de los sectores agropecuario, turismo, industria, etcétera, como ya se está realizando con las diferentes medidas de fomento a estos sectores.

El gobierno nacional se embarca en la política de sustitución de importaciones, y ya se dieron los primeros pasos en ese sentido, con la creación de los fideicomisos por más de Bs911 millones para el Programa SI Bolivia, destinado a las empresas productoras bolivianas que sustituyan importaciones.

LE.- ¿Cuáles son los principales elementos que está impulsando el Gobierno para reactivar la economía del país? La pandemia se constituye en un factor que puede ralentizar la recuperación de la dinámica económica, ¿qué medidas se están tomando para minimizar este riesgo?

MM.- Desde los primeros días del actual gobierno se están aplicando un conjunto de medidas para la reconstrucción de la economía boliviana y la reactivación económica, las que impulsan la demanda y la oferta del país, como el Bono contra el Hambre; el aumento de las rentas de jubilados; el reintegro al IVA; el Impuesto a las Grandes Fortunas; la reprogramación, refinanciamiento y período de gracia de créditos; el fomento al turismo; la reactivación de la inversión pública y de las empresas públicas; entre otras. Medidas que ya están mostrando sus resultados.

Evidentemente la pandemia representa un factor que puede limitar el crecimiento en 2021, por lo mismo el gobierno nacional viene implementando un plan estratégico en salud para la detección temprana y contención del Covid-19 a través del suministro de pruebas antígeno-nasales y la adquisición de vacunas para inmunizar a la población boliviana. Una noticia que destaca es que el 24 de febrero arribaron 500 mil dosis de la vacuna Sinopharm de China para el inicio de la campaña masiva de vacunación en el país. Antes ya se compró un lote de vacunas Sputnik V, y llegarán también las vacunas Astrazeneka y Oxford.

LE.- La carga de la crisis, en los modelos económicos neoliberales, ha sido siempre asumida por los sectores populares, mediante la reducción real del salario, la precarización del trabajo o el incremento del desempleo, ¿cuáles son las medidas que está asumiendo el Gobierno para evitar que la crisis tenga ese desenlace?

MM.- Efectivamente, tras el deterioro de los niveles de empleo en el país y la merma de los ingresos de los bolivianos, el gobierno nacional se encuentra implementando medidas para la reconstrucción y reactivación de las actividades económicas, mencionadas previamente, que también reactivarán el empleo, y de esta forma, los ingresos y calidad de vida de la población, en especial de la más vulnerable, que son prioritarios en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo.

LE.- ¿Cuál es la situación de las empresas del Estado? ¿Qué rol asumirán en la reactivación de la economía?

MM.- Como se mencionó, debido a la deficiente administración y las desacertadas medidas del gobierno de facto, las empresas públicas se encuentran en una situación crítica, muchas de ellas paralizadas y con reportes de cuantiosas pérdidas en 2020.

Con el restablecimiento del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, las empresas públicas retomarán su importante rol en la economía, al ser generadoras de ingresos, contribuir en la ampliación de la capacidad productiva del país, y coadyuvar en la redistribución del excedente económico –por ejemplo, el Bono Juancito Pinto, que es un beneficio para la población estudiantil, se paga en su totalidad con las utilidades de las empresas públicas–.

LE.- Con la aplicación de la ley de Impuesto a las Grandes Fortunas, ¿qué impacto se espera en cuanto a recaudaciones y cuál será el mecanismo de aplicación?

MM.- En el marco de las medidas económicas para la reconstrucción y reactivación de la economía, y como parte de las políticas de redistribución de los ingresos, hacia finales de diciembre de 2020 se estableció el Impuesto a las Grandes Fortunas, que será aplicable a personas residentes y no residentes del país que poseen un patrimonio individual superior a Bs30 millones o su equivalente en dólares, que involucrará a alrededor de 150 personas. Con la aplicación de este impuesto se prevé recaudar aproximadamente Bs100 millones. Igualmente se establecen porcentajes graduales para el pago de la alícuota: 1,4% para quienes posean una riqueza entre Bs30 millones y Bs40 millones; 1,9% para los que tienen entre Bs41 millones y 50 millones de bolivianos; y 2,4% para aquellos con fortunas por encima de los Bs50 millones. Este nuevo tributo debe ser pagado cada año, hasta marzo para los residentes y abril para los no residentes.

LE.- La devolución del préstamo al FMI, ¿acción política o mensaje de soberanía sin efectos negativos para la economía?

MM.- La devolución del préstamo del FMI de $us346,7 millones, equivalente a 240,1 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), es una acción de defensa de la soberanía del país, por un lado, porque el crédito incumplía la CPE en relación a la necesidad de su aprobación por parte de la Asamblea Legislativa; el gobierno de facto vulneró el marco normativo vigente para la contratación de este crédito. Además, este crédito imponía al país un conjunto de condiciones fiscales, cambiarias y monetarias que se debían cumplir.

Finalmente, este préstamo generó costos económicos adicionales a la tasa de interés por estar indexado a la canasta de monedas que componen el DEG, lo que derivó en un riesgo cambiario para el país; el costo total para el Estado boliviano fue de $us24,3 millones –$us19,6 millones por variación cambiaria y $us4,7 millones por comisiones e intereses–.

 

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