Por Fernando Rodríguez Ureña -.
Con la entrega al presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, en acto oficial del Informe Final en sus 11 tomos y su resumen ejecutivo denominado Memoria Histórica, concluyó la primera etapa de trabajo de la Comisión de la Verdad, creada mediante la Ley 879.
Si bien las acciones operativas de la Comisión cesaron el 20 de diciembre de 2019, cumpliéndose plazos y procedimientos mandados por ley, faltaba que el despacho de la Presidencia del Estado Plurinacional señale una fecha para completar la entrega a todas las instancias mandadas por ley. Cumplida esta entrega, el informe ya pasa a ser información pública y puede accederse a él en sus 11 tomos y el material de sustento de los mismos, en la Biblioteca de la Asamblea Plurinacional, donde se ha creado una sala exclusiva para su custodia.
Consideramos que se ha iniciado una nueva fase de proyección del trabajo de la Comisión de la Verdad, pues el conjunto de recomendaciones que generó, el Estado Plurinacional tiene la obligación de cumplirlas y será necesario articular una instancia de Estado y sociedad civil que se encargue de hacer seguimiento a las recomendaciones y articular a sus actores e instituciones. En una instancia como esta, será también pertinente que la cooperación internacional y la cooperación multilateral sean convocadas, la primera en el fomento de la cooperación para el fortalecimiento de una cultura de Derechos Humanos y recuperación de la memoria histórica. La segunda, pues muchas de las recomendaciones están relacionadas a observaciones de los mecanismos de seguimiento de los tratados en el sistema universal de protección de los Derechos Humanos.
Entre las recomendaciones más importantes del Informe de la Comisión, y de una manera general, se pueden señalar:
El resarcimiento integral y en todas las modalidades de las víctimas y sus familiares, mediante mecanismos apropiados y que no produzcan o reproduzcan injusticias pasadas. Continuar en base a las nuevas pistas las investigaciones sobre el destino final de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz y Carlos Flores Bedregal. Que el Ministerio Público convoque a civiles que tuvieron relación con estos hechos y que nunca declararon. Que se estructure la Casa de la Memoria como eje articulador de estas acciones.
Durante el proceso de investigación hubo instituciones que se ajustaron al mandato, pero también otras que colaboraron con lo mínimo para mostrar que cumplían la norma, pero su voluntad de cooperación fue casi nula. Una de ellas fue el Ministerio de Gobierno, que junto a la Policía Boliviana fueron renuentes a la cooperación mandada por ley.
Con luces y sombras, las Fuerzas Armadas cumplieron abriendo sus archivos clasificados. El mito de su inexistencia fue quebrado. Los archivos existen y es de destacar que la Comisión de la Verdad de Bolivia fue la única en el mundo que tuvo acceso a ese tipo de información de Estado, por cierto valiosa. Lástima que solo se le permitió trabajar en ellos durante cuatro meses. Quién sabe si el recorte en tiempo de funcionamiento de la Comisión, haya tenido en esta actividad un otro componente, ya que era evidente para algunos uniformados la incómoda presencia de la Comisión en recintos tan sensibles.
La producción de este informe no resultó tarea fácil. Desde intentos de nepotismo hasta el colonial “acato pero no cumplo”, pasando por conquistar la necesaria autonomía de funcionamiento y concluyendo con la escasa o nula comprensión de la dimensión política de una Comisión de la Verdad de parte de incontables técnicos del aparato gubernamental, implicaron realizar un esfuerzo llevado al límite.
También se debe hacer referencia a la diversidad de fuentes, personales e institucionales, con riquísima información encontradas. Sin embargo, estas fuentes requieren una sistematización y su ordenamiento con estándares documentales internacionales, manteniendo el formato de entrega de documentación realizado por la Comisión.
A esto se sumó una realidad de carácter subjetiva, que tiene origen en el hecho que las organizaciones de víctimas están divididas y si bien la Comisión generó condiciones para sentarlas en la misma mesa, no deja de ser cierto que estas reuniones pudieron ser más productivas, pues las dirigencias de las mismas sostienen un liderazgo que compite y niega a las dirigencias de organismos similares, en muchos casos por el abordaje diferenciado de los temas y, por supuesto, la interpretación de los hechos.
Todas estas variables estuvieron presentes en el proceso de investigación y, pese a los obstáculos que suponen, los objetivos, las actividades planificadas y reformuladas a diciembre del 2019, además del presupuesto ejecutado, fueron alcanzados en un porcentaje superior al 95%.
Si bien estos aspectos señalados sirven para calibrar la voluntad política del Estado y los actores e instituciones involucradas, y la eficiencia del equipo operativo, son sin duda más importantes que los resultados alcanzados.
La extensión de un artículo como el presente no permite una exposición que merecerían todos los casos investigados, por lo que se expondrá una breve sistematización de constantes confirmadas en los golpes investigados.
Se puede señalar que los golpes de Estado entre noviembre de 1964 y octubre de 1982, no fueron aventuras de solo militares ansiosos de poder, sino que todos implicaron la participación de grupos de civiles, siempre conectados a intereses transnacionales.
Que los grupos de civiles involucrados, generalmente fueron los mismos pero que en diferente grado de intensidad participaron de los golpes. Estos alcanzaron notable impunidad y la ley no los tocó. Solían pertenecer a logias y grupos de poder, irónicamente, activos políticamente en democracia.
Todos los golpes tienen por detrás la aspiración de administrar recursos naturales estratégicos en calidad de materias primas, en beneficios de empresas extranjeras.
Los golpes de este periodo siempre han tenido como consecuencia un efecto desindustrializador soberano, afectando por esta vía a la economía nacional.
El narcotráfico, en menor escala pero ya presente en el golpe de Barrientos, tuvo hasta el 1982 un rol importantísimo, ya que fue no solo la fuente de financiamiento de los golpes, sino el componente que articuló y cualificó el paramilitarismo, que de grupos de matones y golpeadores pasaron a ser capacitados en torturas, interrogatorios y, finalmente, en desapariciones forzadas, resultado de la injerencia internacional como el Plan Cóndor. Klaus Barbie es el sujeto emblemático de esta actividad.
Detrás de los golpes de Estado en el periodo mencionado, siempre aparecen actuando organismos de inteligencia como la CIA estadounidense, el Mosad israelí o la inteligencia europea.
En todos los golpes aparecen participando embajadas extranjeras, en unos casos de países limítrofes y en otros continentales. Las agregadurías militares juegan un rol esencial en los mismos. Estas se convierten en vehículo y en otros casos en cobertura de la conspiración contra gobiernos populares.
Las masacres, desapariciones de dirigentes sindicales o activistas sociales y políticos, se producen en colectivos de resistencia a las medidas económicas que vienen acompañando los golpes de Estado. No son casuales ni aisladas. Tienen siempre una explicación económica de fondo. Esto se aplica a masacres mineras, especialmente, pero de igual forma campesinas y fabriles.
El caso de la represión a universidades y miembros de las iglesias, es un producto de la doctrina de seguridad continental norteamericana que apunta a Universidades e Iglesias como objetivos a ser controlados.
Yendo de lo general a lo particular, solo por fines expositivos en el presente artículo, haremos sintética referencia a los hallazgos del golpe de 17 de julio, ya que para fines de la Comisión todos los casos investigados tuvieron el mismo valor e importancia.
El golpe de Natusch del 1 de noviembre de 1979, está íntimamente ligado al golpe del 17 de julio de 1980. La herencia (vacancia) del poder dejado por Banzer, el control de las articulaciones internacionales con el narcotráfico, el sostenimiento de la impunidad ante crímenes cometidos, articula a civiles y militares en el intento de reproducción del poder.
Después del fallido golpe de Natusch, se activan las acciones de las Fuerzas de Operación del Plan Cóndor para “capacitar” a los nuevos golpistas y sus operadores civiles, los paramilitares, esta vez contando con el apoyo de la Triple A argentina y oficiales y suboficiales navales de ese país que tienen un rol definitivo en esta tarea.
El asesinato de Luis Espinal resulta ser una prueba piloto de estas labores. ¿Por qué Luis Espinal? Porque él se había convertido en el vehículo mediante el cual se estaban acopiando y construyendo las pruebas para el Juicio de Responsabilidades a Banzer. Esta situación es detectada por el Plan Cóndor, que actúa implacablemente. El modus operandi del asesinato y tortura tiene el patrón de las acciones de la Triple A y no corresponde a “la cultura represiva de los tiras bolivianos”.
¿Quién coadyuva en esta tarea de acopio de información? El futuro diputado suplente por la Unidad Democrática y Popular (UDP), Carlos Flores Bedregal, un joven legislador que con sus 27 años trabaja con Espinal y Marcelo Quiroga en los contactos, traslado de las pruebas, reuniones de planificación en torno a esta responsabilidad asumida. Su muerte en el asalto a la Central Obrera Boliviana (COB) no es casual ni el resultado de una bala perdida de la ráfaga que hirió mortalmente a Marcelo Quiroga. A Flores se lo identificó y se le disparó a quemarropa.
El otro objetivo era Marcelo Quiroga, quien “sabía mucho” y era un peligro para impedir el ingreso de Banzer en la vida política civil en democracia. Por eso decidieron su asesinato.
Se materializa el golpe de Luis García Meza, haciéndolo encabezar a un militar que era un ícono en las Fuerzas Armadas por su dureza, inflexibilidad y posición anticomunista. Mas el cerebro del golpe y poder detrás del trono era Luis Arce Gómez, oficial con un larguísimo historial que amerita una larga nota. En los hechos era Arce Gómez el jefe de las operaciones del golpe y, por supuesto, sabía más y operativamente tenía más poder que el propio García Meza, y sostenía una vinculación estrecha con Banzer, quien no lo terminaba de aceptar “por loco e indisciplinado”, pero que necesitaba de él para su proyecto político, en la nueva ola democrática que abarcaría Latinoamérica.
El asalto a la COB está acompañado de otro hecho del que poco se habla. El asalto a la oficina de Marcelo Quiroga en el por entonces denominado Palacio Legislativo. Allí ingresa un grupo de ocho oficiales y suboficiales que, con la ayuda de una agente infiltrada en esa oficina, identifica y secuestra los 12 archivadores de palanca que constituían la prueba para el juicio de responsabilidades a Banzer. Este solicita a Arce Gómez que dicho grupo de su confianza, que llega desde Santa Cruz, se encargue de esta tarea, lo cual es aceptado y es cumplida la acción de acuerdo a lo planificado.
La Comisión sostiene que fueron estos cuerpos, y no cuerpos humanos, los que por la tarde del 17 de julio fueron trasladados a la hacienda de Banzer en San Javier en un avión Beechcraft de la entonces prefectura de Santa Cruz. Estos cuerpos documentales resultaban el objeto fundamental del golpe, pues su quema y destrucción por el propio Banzer significaba poder saltar al terreno democrático y seguir actuando políticamente como civil.
¿Quiénes fueron los autores de la muerte de Quiroga Santa Cruz y Carlos Flores Bedregal y cuál es el destino de sus cuerpos? Si bien el trabajo de la Comisión no pudo llegar a develar estos datos, investigaciones de campo han podido encontrar hilos conductores de nuevas pistas y se han generado hipótesis que deben ser trabajadas e investigadas.
Esta parte de la investigación amerita otra nota, por la que solo expondremos nuestra hipótesis más firme: Marcelo Quiroga podría haber sido enterrado en el Cementerio General, con nombre falso, en un nicho temporal. Existe como pista la compra de nichos en esas fechas, por Galo Trujillo, conocido paramilitar y jefe del SES. Al ser un nicho temporal y no ser retirados los restos por sus familiares, estos podrían haber tenido como destino el osario del Cementerio General. De allí que su paradero sea incierto, pues un exAlcalde muy conocido habría decidido la supresión del osario y la destrucción de restos ahí depositados, pues eran objeto de compra y venta de huesos por parte de estudiantes de medicina, constituyendo hechos de corrupción en el que participaban funcionarios ediles de la época.
La otra hipótesis sostiene que los restos de Marcelo podrían estar enterrados en la que por entonces se denominaba perrera, construcción contigua a las excaballerizas del Estado Mayor. La carencia de un scanner impidió que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizara esta pericia de campo, que consideramos es también necesario hacer.
El caso de Flores Bedregal es diferente y existen nuevas hipótesis para continuar con su investigación.
Estos dos casos representativos y todos los casos de desaparecidos, merecen continuar con las investigaciones hasta abordar la Verdad que después de más de cuatro décadas merece ser conocida, pues constituye una herida aún abierta para los familiares y todo el pueblo boliviano.
Para finalizar, es preciso hacer un reconocimiento a quienes fueron designados como comisionados: la Dra. Nila Heredia, Presidenta de la Comisión; Edgar Ramírez S., Presidente Alterno; Isabel Vizcarra y Teodoro Barrientos, quienes se constituyeron en el Directorio del trabajo de la Dirección Ejecutiva, instancia en la que en diferentes momentos de la investigación participaron alrededor de 50 personas con distintas habilidades y especialidades acordes a la estructuración de la información.
No podemos concluir este artículo sin rendir un sentido homenaje a Edgar Fidel Ramírez Santiesteban, recientemente fallecido, que fue un puntal operativo de todo el proceso de la Comisión y quien además por su experticia en archivística, análisis político y militancia en las luchas sindicales, participó y orientó todo el trabajo, siendo otra de sus menciones de honra haber sido una víctima directa del Plan Cóndor en el intercambio de presos políticos de Banzer con Pinochet.
Un reconocimiento explícito a su tarea sería nominar a la Casa de la Memoria con su nombre, personificando en él a todas las víctimas, y en justo homenaje a quien no solo se enfrentó a los gobiernos de facto, sino que además aportó de manera inconmensurable en la investigación que pide el resarcimiento integral de todas las víctimas de las dictaduras.
Solo resta esperar que las recomendaciones sean cumplidas por el Estado Plurinacional y se abra un nuevo momento en la reconstrucción de la Verdad.
* Sociólogo, exembajador de Bolivia en China, exdirector Ejecutivo de la Comisión de la Verdad.
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