Tras determinarse su arraigo y una fianza de Bs 30.000 por presuntas designaciones irregulares durante su gestión como ministro de facto, el alcalde de La Paz, Iván Arias, intentó ingresar a la cárcel de Miraflores, en la ciudad de La Paz, para visitar a Jeanine Áñez.
Arias formó parte del régimen de Áñez, que promovió las masacres de Senkata, Sacaba y Pedregal, ejecuciones sumarias y violaciones a los derechos humanos que fueron constatadas por el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).
Esta madrugada, Áñez se autolesionó con intención de afectar su salud, pero las heridas son «superficiales» y se encuentra estable y atendida, según informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Arias, quien está involucrado en las irregularidades cometidas en ENTEL y quien fue acusado por Ivonne C. S. por acoso sexual, laboral y político ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) cuando era Ministro de Obras Públicas, pidió justicia para Áñez con quien gobernó entre 2019 a 2020.
El Alcalde de La Paz intentó ingresar al penal de mujeres de Miraflores junto a Amparo Carvajal, quien también expresó su respaldo a la expresidenta de facto.
Carvajal, activista de DDHH, el 11 de marzo de 2021 salió a defender a los militares y policías que participaron en el golpe de Estado de noviembre 2019 y ahora enfrentan procesos penales por genocidio y otros delitos.
«La APDH (…) convoca a todos los defensores y defensoras de derechos humanos y toda la sociedad civil a elevar nuestro grito por la defensa en favor de la Policía y las Fuerzas Armadas», dijo Carvajal, en un comunicado, según el reporte de la agencia Sputnik.
El comunicado de la APDHB afirmó que militares y policías no hicieron un golpe, sino que «salieron a defender al pueblo».
Esta defensa de los militares y policías que actuaron en el golpe de 2019, fue cuestionada por dirigentes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. “Nos pronunciamos ante el equivocado comunicado público que fue emitido por la señora Amparo Carvajal, donde instruye a defender a militares y policías desconociendo los hechos ocurridos del 11 al 19 de noviembre de 2019, donde los militares y policías salieron a las calles y cometieron actos de genocidio en contra de la población civil y por lo que, en nuestra condición de defensores de derechos humanos, exigimos se investiguen dichos actos para poder sancionar a los autores porque, de lo contrario, significaría encubrir delitos en una violación flagrante a los convenios y tratados internacionales”, indica un comunicado firmado por Edgar Salazar, vicepresidente de la APDHB, y Marco Antonio Reyes, presidente de la APDH Chuquisaca, informó La Razón el 12 de marzo de 2021.
En contraste con la posición de Arias y Carvajal, el GIEI determinó que en 2019 se produjeron las masacres de Senkata, Sacaba y El Pedregal, así como ejecuciones sumarias por parte de los uniformados que dispararon a los manifestantes desarmados.
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