Por Miguel Ángel Marañón Urquidi * -.
El régimen de Áñez, en la gestión 2019, decidió tramitar ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) un Instrumento de Financiamiento Rápido por $us327 millones, lo cual no era nada más que la otorgación de un crédito financiero muy “favorable”, tasa de interés baja y otros. Sin embargo, la Constitución establece que todo crédito debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa debido a que genera el pago de intereses, lo cual afecta la renta del país. Vale aclarar que vamos a dejar de pagar para cumplir con el pago de estos intereses y capital; la devolución de estos recursos se debió principalmente al no cumplimiento de este requisito.
El 23 de agosto el FMI aprobó la “asignación” de los Derechos Especiales de Giro (DEGs), que podría considerarse como una devolución de los aportes que realizan a los Estados miembros, entre ellos Bolivia, y que es sin obligaciones, es decir, no se paga intereses ni ningún otro costo financiero. Este organismo internacional, de acuerdo a recomendaciones de expertos, realiza tales devoluciones como parte de su plan de recuperación económica internacional dado a raíz de la pandemia del coronavirus.
Los eternos opinadores económicos, que siempre tratan de confundirnos, nos dirán que el crédito gestionado en el régimen de Áñez es lo mismo que la devolución que realizó el FMI en la presente gestión y seguro gritarán que el gobierno de Arce deberá devolver dichos recursos, esto sin mencionar en sus opiniones que las devoluciones no generarán ningún costo financiero.
El FMI asignará los DEGs a los Estados miembros en proporción a sus cuotas, alrededor de $us275 mil millones. Las devoluciones serán canalizadas principalmente a los países emergentes y en desarrollo en una acción financiera que pretende inyectar liquidez a la economía mundial, afectada por las diversas cuarentenas y restricciones que se dieron con la pandemia.
No debemos perder de vista que los créditos que otorga el FMI son financieramente muy convenientes, con tasas de intereses muy bajas y otras facilidades, sin embargo, la “facilidad” de estos créditos siempre están acompañados del condicionamiento de que los países que acceden a ellos deben someterse a los lineamientos de una entidad que básicamente está relacionada con el liberalismo económico, lo que implica el libre comercio entre países y la intervención mínima de los Estados en la economía (básicamente ser reguladores).
Esta filosofía económica del FMI deja la solución de los problemas de la materia al libre mercado, el que esencialmente se regula por la oferta y demanda tanto en el mercado financiero como en el de bienes y servicios, este aspecto trae como consecuencia devaluaciones e inflación, lo que afecta siempre a los más desposeídos, prueba de eso es que los indicadores sociales no acompañan al desarrollo económico liberal.
En este sentido, la ciudadanía no debe dejarse engañar por los opinadores, quienes muy convenientemente tratan de mezclar las definiciones y conceptos económicos para hacernos creer que los créditos del FMI son lo mismo que las asignaciones de las DEGs que otorgan a los países miembros.
* Economista.
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