Por Jasivia Gonzales *-.
El 2021 es el tercer año consecutivo en el que los bosques, sabanas y pastizales antrópicos arden. El origen del problema es múltiple e involucra a varios actores sectoriales y sociales, aunque en el caso de Santa Cruz se señale solo a los migrantes de otras regiones del país como únicos culpables.
El hecho es que cada año perdemos miles de hectáreas de bosques y sabanas, generándose así una cadena de efectos nocivos a corto y mediano plazo ya que la falta de cobertura vegetal en los suelos acentúa la erosión eólica e hídrica, que conlleva a la disminución de la humedad relativa del ambiente; reducción de la escorrentía en los ríos debido a la aceleración de la sedimentación, además de la contaminación de los cuerpos de agua por la ceniza y descomposición de materia orgánica por troncos caídos, provocando la falta de oxígeno en el agua y, como consecuencia, muertes masivas de peces, falta de alimento y refugio para los vertebrados (mamíferos, aves, reptiles y anfibios), desaparición de invertebrados en el suelo (hormigas, termitas, entre otros), quienes moldean la microestructura del suelo y micro hábitats y, finalmente, la reducción de los hongos, bacterias y demás saprófitos que degradan la materia muerta. Estos procesos, tipos y grados de afectación y de recuperación por el fuego son estudiados en una disciplina reciente denominada “Ecología del Fuego”, misma que trata de entender las actividades agrícolas tradicionales que emplean el fuego.
Los incendios forestales en Bolivia han exacerbado los conflictos sociales y las tensiones contra los pequeños productores y migrantes, siendo que la “culpa”, por así decir, es compartida entre varios actores, incluyendo la academia. Este análisis se enfoca en el Departamento de Santa Cruz, por ser el epicentro de los incendios forestales en los últimos años.
En el banquillo de los acusados se encuentran las políticas sectoriales de desarrollo que, desde finales de los años 90, gradualmente han ido desvalorizando el manejo del bosque, impulsando el camino más sencillo de la rentabilidad económica a corto plazo, a través del cambio de uso de suelo en suelos de producción forestal permanente a costa de las funciones ecológicas. En 1995 se aprueba el Plan de Uso de Suelo (PLUS) del Departamento de Santa Cruz, que clasifica a los suelos en: 1) Tierras de uso agropecuario extensivo; 2) Tierras de uso agropecuario intensivo; 3) Tierras de uso agrosilvopastoril; 4) Tierras de uso forestal; 5) Tierras de uso restringido; y 6) Áreas naturales protegidas. Indica también que todo actor que desarrolle actividades agrícolas, ganaderas, pecuarias, forestales o de infraestructura, además de asentamientos humanos, contratos forestales, permisos de desbosque, está obligado a cumplir con normas técnicas específicas y deberá contar con un certificado de asignación de la Prefectura, hoy Gobernación [1].
En 2009 el Atlas de Potencialidades Productivas del Estado Plurinacional de Bolivia reconoce a Santa Cruz como departamento predominantemente forestal. Sin embargo, aunque en 1996 se calculaba que Santa Cruz tenía el 65% de su cobertura territorial cubierta por bosques, ya en 2005 le quedaba solo el 29% [2]. En 2012 la Gobernación del Departamento de Santa Cruz publica el “Plan Departamental de Ordenamiento Territorial de Santa Cruz”, cuya caracterización de desarrollo y potencialidades de uso describe un departamento mayoritariamente agropecuario [3].
Esta secuencia histórica nos explica los procesos de transformación gradual de bosques tropicales con especies de altísimo valor comercial a suelos de ganadería y monocultivos. Un modelo que no llega a ser sustentable porque va eliminando las funciones ecológicas que proveen los bosques como la dotación de agua, humedad, aire limpio, biodiversidad y mantenimiento de los suelos y cuya falta acarreará consigo conflictos socioambientales, principalmente por sequía, degradación de los suelos y pérdida de manejos culturales ancestrales.
Por otro lado, la sociología de los años 70 se encargó de valorar la organización sindical basada solo en la producción agrícola, invisibilizando las formas tradicionales de organización y administración comunitaria del territorio según usos y costumbres de los pueblos originarios, eliminado principalmente el valor del trabajo comunal. Aspecto que afectó más al Occidente, generando la fragmentación del territorio, hasta el minifundio. Parcelas tan pequeñas, en las que los agricultores apenas alcanzan a una producción y subsistencia precaria, casi sin valor comercial, ahondando la pobreza y facilitando las migraciones, principalmente hacia el norte y este boliviano, en tierras de bosques y selva [4].
La culpa asimismo recae en nuestra mirada agrarista clásica que quedó estática desde la década de los años 50, aún vigente en el entendimiento de la “Función Económica Social-FES”, que solo reconoce a las actividades agraria, agrícola y pecuaria, como valor de uso. Aspecto que afecta fuertemente cuando se dotan tierras en zonas de bosques, condicionando al beneficiario el cambio de uso de suelo, formando una deforestación obligada y no planificada, lo que a su vez conlleva a conflictos interinstitucionales entre dos diferentes visiones, una agrarista y otra de manejo integral del bosque.
La culpa a su vez recae en la academia, por no ser capaz de acompañar estos procesos histórico-sociales y políticos con la intención de crear conocimiento y tecnología in situ. Las universidades estatales volvieron a la autonomía en su punto de confort, una trinchera social de parcelamiento de la enseñanza, transmitiendo a los nuevos profesionales una ecología de los años 80 y 90 migrada desde Europa, donde se describe al ecosistema como un ideal aislado del actor social y sin interacción con las políticas públicas, una ecología prohibitiva. Se enseña una agricultura inmersa en la revolución verde de los años 40 y 60 que solo ve rendimiento con agroquímicos y transgénicos, un modelo del Hemisferio Norte y caduco para el primer mundo, cuyas tierras tienen una historia geológica abismalmente disímil a nuestras zonas tropicales, donde muy pocos reconocen el alto valor comercial y contemporáneo de la agrobiodiversidad, ligada al conocimiento de los manejos ancestrales de los pueblos indígenas.
De todas estas culpas se beneficia el agronegocio extranjerizado y extractivista, una segunda colonización silenciosa y disfrazada de desarrollo. Es esta la que quema nuestros bosques.
- Bióloga con doctorado en Ciencias Naturales, mención Botánica, Zoología y Geografía.
1 Decreto Supremo 24124 de 25 de septiembre de 1995, que aprueba el “Plan de Uso de Suelo para el Departamento de Santa Cruz”.
2 Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. 2009. Atlas de Potencialidades Productivas del Estado Plurinacional de Bolivia-Departamento de Santa Cruz. Sistema Integrado de Información Productiva. En https://siip.produccion.gob.bo/repSIIP2/atlas-2014.php
3 Gobernación del Departamento de Santa Cruz, 2012. “Plan Departamental de Ordenamiento Territorial de Santa Cruz”. Santa Cruz, Bolivia.
4 Morales, M, V. Gianotten, M. Devisscher & D. Pacheco. Hablemos de Tierras, Minifundio, gestión territorial, bosques e impuesto agrario en Bolivia. Plural Editores, La Paz, 2011.
Pero no se debe perder de vista que los colonizadores ( mal llamados interculturales) , actuan como punta de lanza del agronegocio extractivista al hacerse dotar al calor politico, de tierras no aptas para la agricultura y la ganaderia y el desmonte de los bosques es financiado por las empresas agroindustriales y otros actores que son traficantes de tierras. Tambien este proceso ha sido promovido por las leyes incendiarias promulgadas en el gobierno de Evo Morales. Por esta razon, la unica solucion es abrogar dichas leyes, declarar pausa ecologica y con fuertes sanciones a los que incumplen, revertir las concesiones y asentamientos que violan el Plus y territorios indigenas. De otra manera seguiremos en ese circulo vicioso y culpando solo al cambio climatico.