octubre 28, 2021

Una vocal del TSE que respalda la impunidad


Por La Época-.


La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dina Chuquimia, ha expresado que solo el Concejo Municipal de la ciudad de Cochabamba puede destituir a Manfred Reyes Villa de su condición de alcalde o pedir una nueva elección si es que sucediera el primero de los escenarios. Las declaraciones de la vocal del Órgano Electoral son cuando menos una defensa de la impunidad y un claro desconocimiento de lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE).

La Constitución estipula claramente que una de las causales de inhabilitación para postular a un cargo electivo es la sentencia ejecutoriada. Por ampliación está claro que una autoridad contra quien salga sentencia ejecutoriada ya no puede seguir cumpliendo sus funciones. Si bien el actual alcalde cochabambino no se encontraba en esa situación durante su postulación o posterior elección, desde hace pocos días enfrenta la confirmación de una sentencia en firme por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones cuando fungía como prefecto del departamento. Desde el punto de vista jurídico, ninguna autoridad puede estar por encima de la ley.

Desde la aprobación de la CPE no existe inmunidad absoluta. El Concejo Municipal no puede, en este caso, ser el instrumento que promueva la impunidad. Pensar de manera distinta le quita a la política su fundamento y abre el paraguas para que en el futuro un ciudadano o ciudadana postule a cualquier cargo electivo con la sola intención de eludir la justicia. Para todos es conocido que un alcalde electo cuenta con mayoría en el Concejo Municipal y es altamente seguro, salvo honrosas excepciones, que sus partidarios presentes en esa instancia fiscalizadora y deliberativa edilicia no se pronunciarán en contra de quien encabezó las listas que les permitieron llegar a ese gobierno subnacional, ni mucho menos lo destituirán.

El cuadro jurídico es irrefutable, Reyes Villa se defiende acudiendo a recursos de la política y no jurídicos. El condenado a cinco años de cárcel ha sostenido que será el pueblo quien salga a defenderlo de la “persecución política” de la “justicia masista”. No se ha referido a ninguna irregularidad en el proceso penal que fue abierto hace mucho tiempo ni ha anunciado optar por algún recurso jurídico para evitar la concreción de la sentencia ejecutoriada. Es probable que, finalmente, consideraciones políticas impidan el cumplimiento de la pena, pero debe quedar claro que se habrá violentado el ordenamiento jurídico. Este caso será otra prueba del nivel de coherencia en el sistema jurídico nacional y, sobre todo, para los administradores de la justicia.

Pero mientras eso no ocurra, los vocales del TSE deberían tener el máximo cuidado en casos tan delicados en los que la CPE y las leyes del país son claras. El Órgano Electoral no puede ser parte de la impunidad.

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