Por Cynthia Silva Maturana *-.
“Mesa convoca a la población a rechazar la ley contra las ganancias ilícitas y defender la democracia” [1], es uno de los muchos titulares que identifican a quienes en este momento en Bolivia, con la excusa de la “lucha por la libertad” y la “democracia”, se oponen a una ley que lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. Acompañan a Carlos Mesa en esta posición el alcalde de La Paz, Iván Arias, Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, el Comité Cívico Pro Santa Cruz y otros.
Sin duda, tiene que sorprender a ciudadanas y ciudadanos que la posible aprobación de una ley que tiene por objeto procesar y sancionar el delito de legitimación de ganancias ilícitas que provienen de crímenes como tráfico de armas, de drogas, de personas [2], así como el financiamiento al terrorismo, haya generado tanta virulencia entre los que se declaran “luchadores por la libertad y la democracia”. Tendremos que preguntarnos entonces qué libertades están realmente defendiendo estos personajes políticos que se declaran demócratas.
Establecer mecanismos de control del lavado de dinero, como se denomina comúnmente a la legitimación de ganancias ilícitas, tiene que ver con que una de las herramientas más importantes contra el crimen internacional es justamente cortar los flujos de dinero y su legitimación vía lavado o blanqueo. La propuesta de Ley aportaba también a los compromisos de los países en el mundo en el marco del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), impulsado por el G8 y con sede en oficinas de la OCDE en París, organismo intergubernamental que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero mundial contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Las recomendaciones del GAFI son reconocidas como el estándar global contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
En el marco de su propósito, el GAFI ha identificado la falta de tratamiento serio de los aspectos financieros de otros delitos menos conocidos como el tráfico ilegal de vida silvestre. Según informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los delincuentes comercian ilegalmente con productos derivados de más de siete mil especies de animales y plantas silvestres en todo el mundo. Esta actividad genera miles de millones de ganancias delictivas cada año, afectando las economías de países en desarrollo, alimentando la corrupción y amenazando la biodiversidad.
Mundialmente este crimen es superado en importancia solamente por los tráficos de drogas, armas y personas [3], por lo tanto se lo trata a nivel global de la misma manera. La propia Oficina de las Naciones Unidas sobre el Crimen y las Drogas (Unodc) tiene un área dedicada al tráfico de vida silvestre, así como la Interpol desarrolla cada vez más capacidades para la lucha contra este flagelo que afecta a las especies de la biodiversidad. En Bolivia hasta el año 2019 se avanzó significativamente en la lucha contra este flagelo global, tanto desde las entidades del Estado como el Ministerio Público, la Policía Forestal y de Medio Ambiente, como desde las organizaciones de la sociedad civil preocupadas por la conservación de la biodiversidad.
En este marco, no sorprende que Carlos Mesa, Iván Arias, Luis Fernando Camacho y los comités cívicos que protegen sus intereses se lancen contra una ley que ponía en riesgo los dineros de todos aquellos que usan los paraísos fiscales no solamente para evitar los impuestos nacionales, sino para generar “ganancias ilícitas” que luego llegan en muchos casos a alimentar el crimen internacional. Pero sorprende que sea una posición partidaria en Comunidad Ciudadana (CC).
Asombra el silencio de la senadora Cecilia Requena, que es parte de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, quien en sus discursos públicos plantea el valor de la defensa del medioambiente y la biodiversidad, pero que en este momento no levantó su voz en favor de una ley que hubiése permitido controlar los flujos de dinero que alimentan un crimen que afecta el patrimonio natural del pueblo boliviano, el tráfico de las especies de la biodiversidad.
Sin duda el camino es convocar a todos los sectores que temen que alguna de sus actividades económicas pueda ponerse en riesgo legal, debido a la tergiversación burda del contenido de la norma propuesta, promovida por aquellos que se ponen del lado de los que se llevan millones a los paraísos fiscales; de aquellos que nos les importa que el dinero de actividades criminales se legalice y financie el terrorismo y las armas.
Pero además cabe convocar a aquellos y aquellas que se declaran ambientalistas a que no se pongan del lado del lavado de dinero que financia a las organizaciones criminales, que financia el terrorismo, el tráfico de personas, el de armas y que igualmente desarrolla otro sangriento comercio: el tráfico de vida silvestre, que genera millones a costa de la pérdida de nuestra biodiversidad.
- Bióloga, militante del Proceso de Cambio, miembro del Comando Madre Tierra y exviceministra de Medio Ambiente.
1 https://www.la-razon.com/nacional/2021/10/09/mesa-convoca-a-la-poblacion-a-rechazar-la-ley-contra-las-ganancias-ilicitas-y-defender-la-democracia/
2 Proyecto de Ley Contra le Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o No Convencionales.
3 https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/wildlife-and-forest-crime.html
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