Por La Época -.
Para ser una oposición tan preocupada del futuro de la institucionalidad democrática boliviana, los asambleístas de Comunidad Ciudadana (CC) no parecen comprender la importancia que tiene la transmisión de mando para la estabilidad de un país. No se trata de un lapsus en su razonamiento y, a pesar de lo que a veces sugiere su comportamiento, todos parecen gozar plenamente de sus facultades mentales, por lo que su fracaso en deducir esta verdad tan simple, que no se puede entregar la presidencia por fuera de los procedimientos legalmente establecidos, resulta cuando menos sospechosa.
Sin embargo, el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) aparentemente provoca en ellos la misma reacción que tendría un niño cuando se le niega una golosina: “no es justo”, repiten una y otra vez, con el megáfono de su aparato mediático, y no pueden articular una argumentación mínimamente coherente para explicar algo que todos los ciudadanos se preguntan desde hace un par de años: ¿cómo es que Jeanine Áñez, entre todos los habitantes de éste bello país, terminó asumiendo la conducción del Estado?
“Había un vacío de poder”, tartamudean, y olvidan mencionar que incluso antes de la renuncia del entonces presidente Evo Morales las cabezas de las cámaras de Diputados y Senadores fueron secuestradas y presionadas para presentar su renuncia, lo que equivale a sacar al hermano de la casa para justificar con su ausencia el haber recibido todas las galletas.
Pero su vulneración de la Constitución, que les guste o no están obligados a obedecer con la misma sumisión de un infante, es mucho más grave y va más allá de haber decapitado organizadamente toda la cadena de sucesión a través de sus enardecidos pititas. En todo caso, por muy grande que hubiera sido la premura de encontrar una nueva cabeza de Estado, ya existía un protocolo para reemplazar a los asambleístas despojados de sus cargos. Se debía elegir a sus reemplazantes en la propia Asamblea.
Como por arte de magia, Tuto Quiroga y Vázquez Villamor sacaron de sus mangas un artificio leguleyo a través del TCP, que supuestamente resolvería aquella situación cuestionablemente imprevista: un comunicado del 12 de noviembre por el cual se “avalaría” la sucesión que le permitiría a Áñez investirse con el poder del mayor cargo de la Repú…, Estado Plurinacional. Ante el entumecimiento de todo el tejido nacional por el mazazo policial, ciertamente no había nadie allí para objetar el sinsentido en el que se había convertido el Estado boliviano. Aunque sorprende que nadie preguntara, al mirar a Tuto y su cómplice… ¿y qué hacen esos dos ahí?
Es acá donde la historia pierde totalmente el sentido, al menos para un partido que se esmera en mostrarse como un serio, profesional y clasemediero juez de lo que es o no institucional. Tuto y su amigo no eran los únicos elementos que desencajaban con la escena. ¡El escenario todo estaba fuera de lugar! La sucesión había sido discutida en una universidad privada, la infame católica, donde estaban también Carlos Mesa, representantes de la Iglesia católica e incluso de la Unión Europea (UE), cuya presencia tampoco es fácil de explicar.
Para coronar su crimen, esas personas, que no contaban con la más mínima competencia ni legitimidad para conducir semejante crisis (provocada por ellos, está claro), posesionaron a una Áñez, quizás tan desconcertada como todo el país, ante una Asamblea Legislativa totalmente vacía y a manos de ¡un militar! Lo que hace la sucesión de eventos protesta-motín-secuestro de asambleístas-conspiración en la Católica-investidura a cargo de un general una escena tan cliché que hace imposible negar que se haya tratado de un golpe militar. Incluso en eso las élites locales carecen de originalidad, en comparación con la sutileza y sofisticación de sus pares en Brasil o Paraguay.
Pero lo que hicieron Tuto, Mesa y sus amigos no fue una travesura. Fue un crimen. No son niños malos, son golpistas. Corresponde juzgarlos como tales.
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