diciembre 2, 2021

Cerco al Legislativo: la oposición apuesta por el caos institucional

Por  José Galindo *-.


A mediados de 2020 oficiales del Ejército irrumpieron en los ambientes de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en abierto acto de desafío a su legitimidad como espacio de discusión política, a pesar de su importancia para el funcionamiento de la democracia boliviana. La cancelación de su poder como Órgano del Estado es imprescindible para los objetivos de la oposición al Movimiento Al Socialismo (MAS), que buscará tomar en los hechos lo que de jure no le corresponde.

El parlamentarismo boliviano tiene frente a sí un desafío político. ¿Cómo hacer para que la discusión política no se torne en enfrentamiento callejero ni estéril intercambio de insultos?

La ALP se encuentra bajo asedio. Aunque su efectividad como espacio teóricamente privilegiado para la discusión pública acerca de los problemas que atañen al conjunto de la sociedad siempre ha sido cuestionado, su importancia para el mantenimiento de la democracia está fuera de dudas. Si el golpe de Estado de 2019 fue, en última instancia, exitoso, fue porque se logró neutralizar este espacio en su calidad de último dique institucional para contener la anomia generalizada que afectó al país. Aunque un golpe de Estado es, ante todo, un hecho de facto y no de jure, es decir, un hecho y no una formalidad, demanda la cancelación temporal justamente de la institucionalidad formal del Estado. Aunque superficial e incluso políticamente irrelevante, el Órgano Legislativo es esencial para garantizar la permanencia del régimen político democrático.

Los límites de la institución parlamentaria

A principios de este siglo, un trabajo de Fernando Calderón y Alicia Szmukler, La política en las calles, sostenía que la política en Bolivia se había trasladado a las calles debido a que los espacios institucionales para la discusión política eran demasiado estrechos y excluyentes como para permitir la participación real de varios sectores de nuestra sociedad. Pero mucho cambió desde que dicho libro fue publicado y, teóricamente, la refundación de Bolivia como Estado Plurinacional y ya no como República debió, otra vez en teoría, haber solucionado aquella insuficiencia institucional local. Se supone que estamos ante una ALP con mayor capacidad representativa, cuya composición debería reflejar la riqueza y diversidad propia de nuestra sociedad.

Solamente observando la composición de la Cámara de Senadores uno puede constatar que la mayor parte de sus miembros provienen del mundo popular o no elitista de la comunidad política del país. Dirigentes sindicales, activistas políticos, docentes e intelectuales, e incluso empresarios y profesionales provenientes de las clases medias, todos participan activamente en la discusión cotidiana de los problemas que nos afectan. Es decir, formalmente Bolivia cuenta con una ALP cualitativamente más representativa que la existente en el viejo Parlamento. Nuestros representantes políticos, podríamos decir, tienen un mayor grado de legitimidad frente al resto de la sociedad. ¿No es así?

¿Por qué, entonces, la labor de este órgano se torna tan conflictivo e improductivo? Tres respuestas se proponen comúnmente para explicar esta situación: 1) El Órgano Legislativo está supeditado al Órgano Ejecutivo; 2) El Órgano Legislativo no representa a la sociedad boliviana, sino a sus partidos políticos, que al mismo tiempo han perdido su capacidad como mediadores entre la sociedad y el Estado; y 3) Sus miembros no tienen la capacidad técnica ni la vocación para representar al conjunto de la ciudadanía.

En todo caso, se trataría de un poder impotente, sin la fuerza necesaria para cumplir con sus funciones políticas: legislar, fiscalizar a los otros órganos y gestionar su propio funcionamiento. No puede ni representar los intereses de los disímiles sectores de la ciudadanía ni actuar como un contrapeso efectivo para el poder de los otros órganos del Estado. Por ello, sus pocas iniciativas, esforzadas pero insuficientes, no pueden concretarse en ningún momento, lo que repercute directamente en el seno de la sociedad, que no encuentra la resolución de ninguna de sus contradicciones en este espacio.

Consideramos acá, sin embargo, que dicha misión nunca fue posible de concretar en un país donde los antagonismos de clase son tan intensos que no pueden resolverse en un espacio de discusión formal. Carl Schmitt sostuvo alguna vez que los espacios parlamentarios nunca serían capaces de cumplir con su función por el simple hecho de que las contradicciones en el seno de la mayoría de las sociedades eran demasiado antagónicas como para poder hallar su reconciliación mediante el debate o la discusión pública, razón por la que el parlamentarismo sería siempre inútil, en el mejor de los casos, y perjudicial, cuando se lo lleva a sus límites.

Pero las consideraciones de Schmitt estaban guiadas por un prejuicio convincente e incluso verificable, inclinado a la desvalorización de la democracia como régimen político viable o posible. El poder, para este autor, era un hecho objetivo e inescapable, y no una relación que podía o debía limitarse a ciertos márgenes formalmente establecidos. En Los fundamentos históricos y espirituales del parlamentarismo en su situación actual, el filósofo y jurista alemán reflexiona críticamente sobre las aspiraciones liberales de una sociedad capaz de armonizar contradicciones entre los intereses de distintas clases enfrentadas antagónicamente por sus propias condiciones materiales, que le llevan a postular la tesis de que el verdadero poder no necesita de mediación política alguna. Sin rodeos. Su consideración despreciativa de la democracia lo llevó a sumarse a las filas del fascismo, de cuyas consecuencias se mostraría luego abiertamente arrepentido.

Aunque muchos pueden subestimar el rol de parlamentarismo para la resolución de los problemas políticos de una sociedad, su existencia es objetiva, así como sus consecuencias, lo que obliga a todo estudioso de la sociedad a tomar en cuenta los efectos de su desenvolvimiento en la vida política de un Estado. En última instancia, su formalidad, aunque superficial en muchos casos, es un dique de contención para que las contradicciones de la propia sociedad no fluyan por canales más directos y hasta violentos. Es un espacio que interesa, en pocas palabras.

El alcance de la ALP

A diferencia de lo que sucede en las calles de nuestras ciudades, la ALP está condicionada por una serie de reglas formales que varios llaman institucionalidad, cuyo respeto y observancia evitan que la discusión entre las partes del conjunto de la sociedad boliviana pasen al enfrentamiento directo y sin mediaciones. Los actores de este espacio están obligados a debatir, así sea de forma rudimentaria o prosaica. Puede que en los hechos su discusión aporte poco a la solución de los problemas, pero su vigencia evita que el debate se transforme en conflicto. Se trata de un artificio para garantizar la existencia del Estado como institución por encima de la sociedad. Y la sociedad es, entre otras cosas, también un hecho jurídico, o una aceptación formal de reglas impuestas a las distintas partes.

Pero, además, dichas partes se encuentran, como muchos notan, polarizadas o conformadas y definidas tan claramente que podrían dibujarse como dos vectores orientados hacia la misma dirección desde lados opuestos, es decir, en abierta lucha por conquistar el poder. Y su enfrentamiento se da en variados espacios: el mediático, el judicial, el institucional y el callejero. La supremacía de una u otra fuerza en la combinación de estos campos conforma lo que podría llamarse soberanía efectiva, o quien tiene en los hechos la última palabra, quien decide sobre la dirección que se quiere dar en la conducción de los asuntos que atañen al resto de la sociedad. Razón por la cual las fuerzas en disputa pugnan por mostrarse dominantes en cada una de estas esferas, incluyendo la legislativa.

Pero la correlación de fuerzas al interior de la ALP, al igual que la limitada capacidad de la oposición para elaborar una propuesta o una alternativa al proyecto político del oficialismo dictan que si bien no es posible conquistar este espacio, sí lo es neutralizarlo para evitar que se fortalezca aún más la fuerza dominante en su interior: el MAS. En pocas palabras, la oposición está interesada en su cancelación como espacio de disputa de proyectos de sociedad, hasta el punto en que resulte improcedente o impotente. Se trata de vetar toda iniciativa en este espacio, que es mayoritariamente oficialista, en sus dos cámaras. De las tres fuerzas políticas que cohabitan en su interior, el MAS es dominante en sus dos niveles. En el Senado, el masismo controla 21 de 36 escaños, dejando a Comunidad Ciudadana (CC) con 11 escaños y a Creemos solamente con cuatro, partido este último limitado por su propia naturaleza regional. En la Cámara de Senadores el MAS cuenta, entonces, con la capacidad de formar una mayoría absoluta.

En Diputados el MAS también resulta ser la fuerza dominante al controlar 76 de 130 escaños, con CC con 38 escaños y Creemos con apenas 16. Pero, como dijimos, no se puede inferir la fortaleza de un actor bloque político por la extensión de su presencia en el Legislativo, pues este espacio no es un reflejo exacto de la sociedad, que está compuesta por otros campos como el regional o el mediático, donde la oposición cuenta con mayores recursos políticos y económicos. De todas formas, el oficialismo tiene la capacidad de conformar mayorías absolutas respecto a la oposición. Es decir, mayorías donde tiene la mitad más uno de los potenciales votos sobre uno u otro asunto. El hecho de que una parte de las circunscripciones sean uninominales, es decir, de base territorial, y la otra plurinominales, es decir, de representación partidaria, sugiere que el alcance regional es igual o superior al partidario. Los diputados, tal como los senadores, funcionan bajo códigos de representación más regional que partidario, en otras palabras.

Así, aun cuando el MAS cuente con una mayoría aplastante sobre los otros partidos en los cuales está organizada su oposición, la resistencia a su preeminencia legislativa no se da desde el propio espacio legislativo, sino desde el espacio orgánico o callejero y, sobre todo, desde el campo mediático, que actúa como una suerte de partido político de la oposición, con la capacidad de organizar a los sectores que se oponen al MAS, así como de producir líneas discursivas e interpretaciones de la realidad. De esta forma, no es de sorprender que iniciativas como la Ley de Estrategia contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento de Terrorismo, la Ley de Ascensos de las Fuerzas Armadas o la Ley de Desarrollo sean vetadas no desde el Legislativo, sino desde las calles y desde los medios. En los tres casos, la relevancia política de las iniciativas, es decir, su potencial efectivo para influir sobre la realidad boliviana, es muy reducido, lo cual no evita que el conjunto de la oposición al MAS sume fuerzas para resistir cada una de estas normas o incluso proyectos de normas.

Se trata de construir legitimidad en los medios y en las calles para sustituir la ausencia en la Asamblea Legislativa y, de esta forma, desconocer la institucionalidad que desfavorece a la oposición después de los aplastantes resultados de las elecciones generales de octubre del año pasado, en las cuales el MAS se impuso con el 55% de los votos. La mayoría política se produce, así, no en las elecciones, que más bien formalizan lo que se consigue en las calles, sino en otros espacios donde la oposición controla una mayor cantidad de recursos políticos y económicos, tal como sucede en los medios de comunicación, cuya mayor parte pertenecen a la élite empresarial enfrentada al Gobierno, así como en algunas regiones donde la oposición ha logrado constituirse en un verdadero poder soberano, muchas veces más efectivo que el propio gobierno nacional. En todo caso, el objetivo es claro: neutralizar la ALP como espacio de resolución para la disputa política, e incluso como último dique de contención para la interrupción del orden constitucional.


  • Cientista político.

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