septiembre 30, 2022

Las masacres de Huayllani y Senkata

Por Luis Oporto Ordóñez *-.


El 2019 fue un año fatídico para Bolivia, signado por dos acontecimientos políticos que marcaron un momento de inflexión en nuestra vida democrática: el derrocamiento del gobierno del presidente indígena Evo Morales y las masacres de Huayllani (Sacaba) y Senkata (El Alto).

El factor Almagro

Las elecciones del 20 de octubre de 2019 sufrieron una embestida por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de un informe sesgado pero lapidario emitido por la auditoría titulada “Análisis de Integridad Electoral Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia. 20 de octubre de 2019”, que puso en cuestión el proceso electoral, a partir del análisis de datos ingresados al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), método de conteo rápido con valor informativo, no vinculante. El informe afirma que: “Las manipulaciones e irregularidades señaladas no permiten tener certeza sobre el margen de victoria del candidato Morales sobre el candidato Mesa” y “lo que sí es posible afirmar es que ha habido una serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas”. La estrategia planificada cuidadosamente desde la Secretaría General de la OEA fue el detonante para que partidos opositores de derecha lanzaran la denuncia de fraude seguido del asalto a las sedes electorales.

El informe revela que en Potosí, Santa Cruz, Pando y Chuquisaca las listas de electores fueron destruidas y quemadas en 100%; en tanto que las actas fueron destruidas y quemadas en Santa Cruz (81%), Cochabamba (0,5%) y Chuquisaca (0,01%).

El factor Camacho

Santa Cruz se atrincheró en un paro cívico radical de 21 días, desconociendo el triunfo del candidato Evo Morales y exigiendo la nulidad de las elecciones. Luis Fernando Camacho instaló su cuartel general en el Hotel Casa Grande, de la ciudad de La Paz, dirigiendo la conspiración para derrocar a Morales e imponer una “Junta de Notables” a cargo de un gobierno de transición. Desde ese centro de operaciones lideró el golpe, custodiado por guardaespaldas y rodeado por policías de La Paz y Santa Cruz. Fue a Palacio Quemado, donde entregó la carta de petición de renuncia a Morales. Grupos de choque procedentes de Santa Cruz, Chuquisaca, Potosí y Cochabamba, instalados en la sede de gobierno, asediaron Plaza Murillo. La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), dirigida por el jefe de Conade, Waldo Albarracín, a la sazón rector de la universidad paceña, ordenó acoger a los grupos de choque en predios de la universidad, con los que salía cada noche en marchas exigiendo la anulación de las elecciones y la renuncia del Presidente. La Universidad Católica Boliviana (UCB) autorizó a sus docentes a salir en manifestaciones públicas con sus estudiantes. Muchos de esos jóvenes –residentes en barrios de la Zona Sur– recorrieron las calles de la urbe paceña por primera vez.

La Policía se sumó a la conspiración para derrocar al gobierno constitucional, con un motín generalizado que dejó inerme al poder central. El alto mando de las Fuerzas Armadas conminó al presidente indígena a renunciar mediante ultimátum con figura de “sugerencia”. Posteriormente Camacho relató que fue su padre quien ha “cerrado con miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas para que no salgan”, trabajo coordinado con Luis Fernando López. La plaza fuerte se perdió y el Presidente tuvo que resignar el poder y buscó asilo en el Chapare. Los militares ordenaron su captura y su vida corría peligro de muerte. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ordenó el envío de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, con lo que salvó la vida del presidente indígena, quien fue evacuado llegando finalmente a la capital mexicana.

El factor Áñez

Consumado el golpe, los conspiradores se reunieron en la UCB para definir la sucesión constitucional, descartando la propuesta de “Junta de Notables”, y eligieron a una senadora beniana ultraconservadora Jeanine Áñez. María Galindo denunció que esta aceptó tal responsabilidad a cambio de una suma de varios cientos de miles de dólares. La reunión estuvo avalada por la cúpula de la Iglesia católica, políticos de oposición y observadores internacionales. Con ese aval, Áñez se autoproclamó presidenta del Senado y presidenta del Estado Plurinacional, en una sesión de Asamblea sin quórum reglamentario. Fue a Palacio Quemado, donde un militar de alta graduación le impuso la banda presidencial, y juró ante la Biblia, dejando de lado la Constitución. Salió al histórico balcón de Palacio Quemado acompañada de Camacho, quien portaba su propia Biblia.

En el ínterin, mandos policiales agraviaron a la wiphala, pisoteando y tirando el símbolo patrio a la basura. Las imágenes de televisión mostraron a jefes policiales cortando la wiphala de sus uniformes, anunciando el fin del gobierno del presidente indígena. La reacción de los pueblos indígenas fue inmediata y tomaron por asalto los cuarteles policiales.

Áñez instauró su gobierno de facto que tuvo entre sus primeras medidas la planificación de la represión contra los movimientos sociales. Los ministros impuestos por Camacho el 14 de noviembre aprobaron el DS 4078, que instruía a las fuerzas policiales y militares enviadas reprimir la protesta social. Este decreto de vergüenza nacional autoriza “la participación de las Fuerzas Armadas, en la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, en apoyo a las fuerzas de la Policía Boliviana”. Con ese fin ordena el empleo de “todos sus medios disponibles y los que puedan ser adquiridos”. El decreto declara que “el personal de las Fuerzas Armadas, que participe en los operativos (…) estará exento de responsabilidad penal”.

El 15 de noviembre se perpetró la masacre en el puente de Huayllani. El ministro Arturo Murillo afirmó que los manifestantes se mataron disparándose por la espalda, sin embargo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en su minucioso y documentado informe, señaló que los disparos en la nuca denotan “ejecuciones sumarias”. En efecto, llegaron a la conclusión que “había dos líneas de efectivos de la Policía, con la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) ocupando la segunda posición. Atrás de los policías, se apostaron efectivos de las Fuerzas Armadas (…) Otros videos muestran a grupos de militares avanzando por la avenida Villazón hacia Sacaba disparando, incluso con ráfagas de balas”. El resultado fatal en Huayllani fue la muerte de manifestantes cocaleros y gente del pueblo, desarmados, que protestaban pacíficamente: “Producto de la represión en el día 15 fallecieron nueve personas por disparos de armas de fuego. Una víctima resultó gravemente herida y falleció el 11 de junio de 2020, como consecuencia del traumatismo craneoencefálico abierto por proyectil de arma de fuego”.

La de Senkata se consumó en el marco del Plan “Sebastián pagador”. El GIEI afirma que: “El 19 de noviembre de 2019, el Ejército y la Policía ejecutaron un operativo conjunto con la finalidad de garantizar la salida de (…) 47 cisternas y camiones de garrafas de gas”. Ante esa situación, “alrededor de una centena de manifestantes derribaron partes del muro perimetral de la planta YPBF (…). Intentaron ingresar al recinto por un portón en el extremo sur de la planta. Las fuerzas de seguridad reaccionaron con un uso desproporcionado de la fuerza. Como resultado, 10 personas perdieron la vida y alrededor de 78 resultaron heridas”.

El 18 de octubre de 2020 el pueblo boliviano eligió con el 55% del voto soberano a Luis Arce Catacora y David Choquechuanca, poniendo fin al gobierno de facto. A dos años del golpe de Estado y de dichas masacres los autores intelectuales gozan de libertad y han retomado la senda conspirativa.


  • Historiador y archivista.

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