Por La Época -.
La reacción de la oposición ante la detención del exdirigente cívico Marco Pumari en la noche del jueves es francamente indignante, aunque no sorpresiva. Los excandidatos a la presidencia Carlos Mesa y Fernando Camacho (actual gobernador), dirigentes cívicos como Rómulo Calvo y medios de comunicación hegemónicos, criticaron, de distintas maneras, la aprehensión de quien lideró la quema del Tribunal Electoral Departamental de Potosí en octubre de 2019, en el marco del golpe de Estado contra Evo Morales que se consumó en noviembre de ese mismo año.
Decimos que los reclamos y protestas de la oposición no sorprenden. Es el mínimo acto de consecuencia por los hechos antidemocráticos en los que también participaron. En realidad, a todos ellos no les interesa Pumari, como tampoco Jeaninne Áñez o Arturo Murillo. Les preocupa su propio futuro. Ya no saben como ocultar su participación en la interrupción de la democracia en Bolivia.
Sus “denuncias” de que en Bolivia se vive un clima de autoritarismo o que el presidente Luis Arce está cortado de la misma madera que el expresidente Evo Morales no son más que desesperadas posiciones políticas por desvirtuar los hechos que ocurrieron en noviembre de 2019, cuando a sabiendas de que habían perdido en las urnas lanzaron la tesis del “fraude electoral” para evitar la continuidad del Proceso de Cambio abierto, en diciembre de 2005, con el triunfo histórico de las clases subalternas a la cabeza de un líder indígena. En octubre de 2019 perdieron las elecciones, esa es una constatación difícil de rebatir, y tampoco pueden desmentir su otra derrota en octubre de 2020 ante el binomio Luis Arce-David Choquehuanca, a pesar de que contaban con el apoyo de un gobierno de facto que no solo quiso prorrogarse, sino proscribir al pueblo representado por el MAS.
Pumari es el espejo de Mesa, Camacho, Calvo, Tuto Quiroga y otros que no dudaron un momento en generar violencia y luego persecución de dirigentes y sectores populares que siguen apostando por la construcción de un Estado Plurinacional, mucho más participativo y democrático, y que se niegan a regresar a la caricatura republicana con la que los políticos de derecha, esos que ahora hablan de una democracia que solo era para ellos, reprodujeron el poder por décadas.
Pueden presentarse observaciones a la forma como el Ministerio Público y la Policía procedieron a la aprehensión de Pumari, pero es un acto de total cinismo afirmar que fue ilegal. El Ministerio Público se tomó todo el tiempo necesario, para unos excesivo, con el fin de avanzar en el proceso penal instaurado contra el exdirigente cívico, quien a principios de noviembre de este año amenazó, al igual que Camacho y Calvo, con emplear contra el presidente Arce la misma fórmula que la empleada para acabar con el mandato de Morales. Eso es un nuevo golpe de Estado. De eso ni políticos, cívicos y medios de comunicación quieren hablar.
Justicia es lo que demandan los familiares de las víctimas mortales de las masacres de Sacaba y Senkata. Justicia es lo que demanda la historia democrática del país, subvertida, como lo fue en la década del 70, por quienes se oponen a pensar a los pueblos como sus iguales.
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