mayo 19, 2022

2022: Posibles escenarios de conflicto en Bolivia

Por José Galindo *-.


Dejando de lado los desafíos que enfrenta el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el escenario internacional y la dimensión geopolítica de su gestión, a nivel interno se deberán enfrentar una serie de conflictos que, en muchos casos, se vislumbran como inevitables, por lo cual no es ocioso pensar en una suerte de “cronograma del conflicto”, que guía la planificación política del Ejecutivo para este año. Este análisis deja de lado los desafíos en cuanto a política exterior, así como las tensiones al interior del oficialismo.

A pesar de los excelentes resultados que nos dejó la gestión 2021, el año que inicia coloca al gobierno de Arce frente a los mismos desafíos del año pasado: reactivación económica, manejo de la pandemia y consolidación democrática. Adicionalmente, el masismo debe procurar mantener un equilibrio interno entre las diferentes facciones que se han hecho visibles tan pronto como los últimos días, a pesar de que el alcance de su rivalidad no sea tan peligroso como desean presentarlo algunos medios de comunicación claramente alineados con la oposición política, que se encuentra cada vez más débil y fragmentada. El balón sigue en el lado oficialista de la cancha, lo que no significa que la victoria esté asegurada, sin embargo.

No hay manera de predecir el futuro político en Bolivia, pero sí se pueden ensayar ciertas hipótesis de conflicto así como enumerar algunos actores con los cuales el Gobierno tendrá que lidiar inevitablemente, en lo que podríamos llamar algo así como “el cronograma de la gestión política”, tomando en cuenta el carácter recurrente que tienen variados acontecimientos en la historia reciente, así como el sentido histórico de los tiempos actuales, que distan mucho de los años de total hegemonía que disfrutaba el gobierno de Evo Morales entre 2010 y 2015, pero que tampoco se acercan al periodo de ascendente conflictividad que se tuvo que afrontar entre 2016 y 2019. Tiempos que llevan su propio signo, como, por ejemplo, la reactivación del clivaje regional y el federalismo como su expresión discursiva.

En otras palabras, hay peleas que no pueden evitarse, así como otras que no tendrían porqué darse. Debemos tratar de adelantarlos a determinados escenarios, tomando en cuenta la existencia de ciertos actores.

La gestión de gobierno

Cada una de las carteras del Ejecutivo tendrá un rol que jugar en la triple agenda: económica, sanitaria y democrática. Desde asegurar los ingresos fiscales, de los que depende gran parte de la economía boliviana, hasta la formulación de políticas públicas que permitan una mayor generación y captación de excedente económico, pasando por la apertura de nuevos mercados y la estimulación de la producción y el consumo, mediante una aplicación cada vez más adecuada del modelo basado en la inversión pública como motor del crecimiento. Esto implicará un trabajo coordinado entre los ministerios de Hidrocarburos, Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores y Planificación del Desarrollo.

La gestión de la pandemia involucrará a algo más que los trabajadores de la salud, extendiéndose a otro tipo de funcionarios como policías, militares, la burocracia administrativa de agencias estatales y, por supuesto, al sector de la educación, desde las universidades hasta los magisterios. Reducir el número de contagios, ampliar la disponibilidad de camas y tratamientos, así como elevar el número de habitantes vacunados es solo una parte de lo que deberá hacer el Gobierno. Promover la normalización, el reordenamiento del espacio público, la reprogramación de los horarios de atención e incluso la formulación de nuevas directrices en el uso de la infraestructura de transporte local, interregional e internacional, son solo algunos de los aspectos que implicará regresar a cierta nueva normalidad para todos los bolivianos. Los ministerios de Salud, Educación y Obras Públicas y Vivienda, por lo tanto, deberán sumar esfuerzos.

La consolidación democrática requiere la gestión de conflictos sociales y políticos que podrían obstaculizar considerablemente el accionar del Gobierno. De lo que se trata acá es de garantizar la estabilidad política del país, desactivando conflictos antes de que se den y negociando inteligentemente cuando no puedan evitarse. Los ministerios de Gobierno y Presidencia deberán estar particularmente atentos a lo que hagan los comités cívicos de Santa Cruz, Potosí y Cochabamba, y a las jugadas que adelante la decadente oposición legislativa de las bancadas de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos. Demás está decir que la relación con los medios de comunicación privados no será fácil.

Finalmente, un reacercamiento con sectores enemistados como los productores de hoja de coca del norte de La Paz no sería una mala idea, a pesar de las tensiones que se atravesaron en torno al control del mercado de Adepcoca en el último trimestre del año pasado.

Cronograma del conflicto

No obstante a que dos de los retos más grandes para el gobierno de Arce están programados para 2023, como son la realización de una cumbre para reformar la Justicia y la presentación de los resultados del Censo 2022, el Gobierno puede estar seguro de que alguna tensión será inevitable en ciertos períodos del presente año. Veamos.

Partiendo de la celebración de las fiestas de mayo, que suponen imprevisibles procesos de negociación con la Central Obrera Boliviana (COB), así como con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), por el tradicional aumento salarial que suele acompañar el primer día de este mes, lo que en no pocas ocasiones ha llevado al Ejecutivo a tener que desactivar movilizaciones en las calles, como ocurrió en 2011, 2012 y 2013. Se trata de un escenario de conflicto menos que potencial, pero cercano a lo probable.

Inmediatamente después de mayo llegan los incendios de junio, producto de la quema de pastizales en los valles y tierras bajas del país, que la gente llama usualmente “chaqueo”. En los últimos años estos incendios han alcanzado extenderse de forma alarmante a lo largo y ancho del territorio nacional e incluso más allá. La magnitud de estos fenómenos suele ser desastrosa y atrae mucha atención por parte de la opinión pública, lo que suele ser aprovechado por actores de la oposición para llevar agua a su molino. Es clave que los ministerios de Defensa, Presidencia, Gobierno, Planificación, Economía y Finanzas, Desarrollo Rural y Tierras y Medio Ambiente y Agua estén atentos a lo que sucederá en esa temporada, que suele extenderse hasta septiembre, preparando planes de emergencia, respuesta inmediata y mitigación de daños, particularmente en las regiones de la Amazonía y la Chiquitanía.

En último lugar, la realización del Censo de Población y Vivienda el 16 de noviembre será, previsiblemente, un acontecimiento lleno de complicaciones y obstáculos, tal como lo fue el Censo que se hizo en 2012. De los resultados arrojados se darán situaciones tan diversas como conflictivas, entre las cuales se deducen, fácilmente, problemas como el Pacto Fiscal, la redistribución de la representación en el Órgano Legislativo, entre otros. La ejecución de este proceso de producción de información estadística debe ser, cuando menos, inmaculado.

Noviembre es igualmente, y tristemente, el aniversario de la masacre más reciente en la historia del país, así como el mes en el que se dio el golpe de Estado que derrocó al expresidente Morales, por lo que es de esperarse que ciertas heridas se abran, aunque sea temporalmente, a finales de este mes. Los procesos de investigación de las múltiples violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el gobierno de Áñez deberían haber alcanzado, para entonces, mayores niveles de desarrollo, al igual que las pesquisas sobre el golpe de Estado de esa fecha. Va más allá de una batalla discursiva o por la imposición de una versión de los hechos. Además de ser una cuestión que atañe a la verdad misma de las cosas, también es un problema político que debe ser resuelto para evitar posibles rupturas constitucionales en el futuro. Y, finalmente, es una cuestión de impunidad, resarcimiento y justicia.

¿Una resolución inevitable?

Queda por resolver una cuestión central en lo que atañe a la estabilidad política: la correlación de fuerzas entre el Gobierno y las organizaciones populares que lo apoyan y el bloque opositor encabezado por los movimientos cívicos de Santa Cruz, Potosí y Cochabamba. El año 2021 dejó en claro que la tensión con la burguesía agroexportadora del Oriente no se resolvió con las elecciones generales de octubre de 2020, pues los procesos electorales no cierran por sí mismos, sino que solo formalizan una correlación de fuerzas dadas. En ese sentido, es previsible que la oposición no solo tratará de desvirtuar las elecciones que le devolvieron el poder al MAS después de casi un año de gobierno ilegítimo y anticonstitucional, sino que buscará desestabilizar al gobierno de Arce.

Y de la misma forma que ese mismo bloque opositor utilizó las banderas de las autonomías y la democracia en el pasado para plantarse frente al gobierno de las organizaciones sociales, hoy recurre a la demanda del federalismo, que será desarrollada por los actores que se encuentran en la Gobernación de Santa Cruz y en los movimientos cívicos de este departamento más los que están en Potosí y Cochabamba. Tienen a su disposición innumerables recursos políticos, económicos y mediáticos, que emplearán de manera tan recurrente como las circunstancias se lo permitan. La correlación de fuerzas entre estos sujetos y el Gobierno se resolverá tanto dentro como fuera de los esquemas institucionales, lo que significa que la gestión política irá más allá de las reuniones entre autoridades electas y liderazgos locales, hasta encontrarse en las calles.

Es difícil saber cómo se articularán estos actores este año, así como el contexto bajo el cual lo harán, pero no hay duda de que harán todo lo posible por desestabilizar, desgastar e incluso derrocar al Gobierno. Para hacerlo tratarán de establecer alianzas con otros sectores de la sociedad que no necesariamente se encuentran enfrentados al Ejecutivo, pero que podrían ceder a la instigación del conflicto, con la ayuda de sus poderosos medios de comunicación, como sucedió con los sectores gremiales y transportistas en el último trimestre de 2021, o con otros con los cuales se tuvo intensos enfrentamientos, como los productores que desarrollan sus actividades en torno al mercado de Adepcoca, organizaciones no reconocidas de indígenas de tierras bajas, cooperativistas mineros agrupados en Fencomin, policías, militares, entre otros.

En esto es clave prestarle atención a cualquier tensión que surja en torno a la disputa por el excedente fiscal del Estado, que suele despertar el celo de sectores como jubilados, universidades, regiones y gobiernos subnacionales, entre otros. En todo caso, la pugna por el poder político entre la burguesía agroexportadora del Oriente y el gobierno nacional ciertamente tendrá nuevos episodios en el transcurso de este año. Problemas referidos a la distribución y el uso de la tierra también podrían significar nuevos episodios de conflicto, tal como se pretendió hacer con el caso de Las Londras, el apadrinamiento de los indígenas de tierras bajas por parte de la Gobernación de Santa Cruz, entre otros.

Otro actor ha dejado establecida su lealtad con dicha oligarquía: las clases medias urbanas del Occidente, agrupadas en la Consejo en Defensa de la Democracia (Conade), cuya influencia es reducida en comparación con otros sectores, pero de todos modos nada despreciable.

Este análisis deja de lado variables de orden geopolítico, que demandarán que el Gobierno considere su rol como agente impulsor de una rearticulación del proyecto de integración regional que quedó truncado entre 2015 y 2019, así como el establecimiento de una nueva relación con el gobierno de Estados Unidos, hoy en disputa con Rusia y China por la supremacía internacional. El escenario internacional traerá consigo sus propios desafíos.

Asimismo, resta hacer una evaluación acerca de los problemas de orden interno que enfrenta el MAS-IPSP como partido gobernante de toda la sociedad y también como instrumento político de las organizaciones sociales en Bolivia. Tal análisis requiere de su propio espacio, aunque es evidente que las tensiones al interior del partido más grande en la historia del país tendrán repercusiones no solo para sus adherentes, sino para la sociedad en su conjunto.


  • Cientista político.

Sea el primero en opinar

Deja un comentario