mayo 19, 2022

Consulta y compensación: de la mercantilización a los derechos indígenas

Por Cynthia Silva Maturana *-.


El abordaje de la consulta previa libre informada en Bolivia lleva a una diversidad de tensiones entre diferentes vertientes de pensamiento e intereses. Desde las visiones más coloniales que ven en la “consulta” el instrumento para asegurar la utilización de pueblos y naciones indígenas como “guardianes de la naturaleza” para evitar las decisiones de desarrollo del país, posición que mayormente se apoya desde el ambientalismo monocultural.

Otros ven a la consulta como un obstáculo para el avance de los proyectos productivos, industrializadores, de infraestructura, desde una visión “desarrollista” que considera a las diversas visiones de desarrollo y cosmovisiones como un obstáculo al desarrollo.

Quizás la tercera visión es la que se ha instrumentalizado en la normativa nacional, que usa a la consulta como instrumento de “negociación” entre los pueblos indígena originario campesinos y el Estado, para “compensar” los potenciales efectos negativos en los derechos socioculturales, territoriales y ambientales de estos pueblos, por la implementación de un proyecto productivo, industrial o de infraestructura.

La práctica de la consulta en el ámbito de Hidrocarburos

La aprobación de la Ley de Hidrocarburos de 17 de mayo de 2005 [1] cerró una de las etapas más duras y sangrientas de la lucha popular de las últimas décadas, la Guerra del Gas, que terminó con la expulsión del último presidente neoliberal democráticamente electo.

La Guerra del Gas recuperó para bolivianas y bolivianos el gas que se pretendía exportar a través del vecino país de Chile, asegurando la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo para nuestro país.

Un aspecto que no es muy conocido es que esta ley incluyó el reconocimiento al derecho a la consulta y participación de los pueblos campesinos, indígenas y originarios aplicando lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Ley en Bolivia, y largamente demandado por las organizaciones indígenas.

Los principios planteados en la Ley de Hidrocarburos se basan en una interpretación de los principios establecidos en el Convenio 169 de la OIT, que incluyen que la consulta se efectuará de buena fe, con principios de veracidad, transparencia, información y oportunidad. La misma deberá “ser realizada por las autoridades competentes del Gobierno boliviano y con procedimientos apropiados y de acuerdo a las circunstancias y características de cada pueblo indígena, para determinar en qué medida serían afectados y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento de las Comunidades y los Pueblos Indígenas y Originarios. La Consulta tiene carácter obligatorio y las decisiones resultantes del proceso de Consulta deben ser respetadas” [2].

Es decir, se reconoció el derecho a la consulta, previo a la implementación de los proyectos de exploración y explotación en el ámbito de hidrocarburos únicamente. Y analizando los mecanismos de implementación, básicamente se consolidó en un proceso de compensación monetaria por las “afectaciones” a los derechos ambientales, económicos y culturales de los pueblos campesinos, indígenas y originarios.

Aunque es cuestionable la relación compensación monetaria – afectación de derechos, fue un logro que el derecho a la consulta se formalice en Bolivia, después de años de lucha y demandas desde las organizaciones de pueblos indígenas en el país.

Otro aspecto a destacar es que no se cayó en la mirada colonial de definir quién es indígena y quién no lo es, y quiénes verán afectados el ejercicio de sus derechos colectivos, y quiénes no tienen derecho a que estos sean reconocidos y respetados, sino que se optó por el reconocimiento de todos y todas aquellos que podrían ver sus derechos afectados con la fórmula: pueblos campesinos, indígenas y originarios. Eran los albores del Estado Plurinacional.

El avance en el Estado Plurinacional

Entre los muchos grandes avances alcanzados en la Constitución Política del Estado (CPE) está el carácter plurinacional del mismo, reconociendo además los derechos colectivos en su Artículo 30, los que están en la base del proceso de transformación del Estado y son fundamentales para el sujeto histórico del Proceso de Cambio. Estos derechos reconocidos abarcan, entre otros, el derecho a la identidad cultural, a la libre determinación y la territorialidad, a sus idiomas, sus conocimientos, su propia cosmovisión, a que sus instituciones sean parte del Estado. Y entre ellos está: “A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles” [3].

La consulta es un derecho en sí misma, pero también efectiviza otros derechos colectivos, como a la territorialidad y al ambiente sano, a asegurar que las medidas legislativas, normativas y administrativas no pretendan recortar derechos, sino más bien ampliarlos.

A pesar de este mandato constitucional, no se ha avanzado en el desarrollo normativo necesario para el cumplimiento de este derecho en todos los ámbitos. En el caso de hidrocarburos se ha avanzado en la modificación de la forma de inversión de recursos, para pasar de una entrega de dinero directamente a las comunidades y organizaciones afectadas, a una inversión en proyectos acordados con afectados y afectadas.

Otros sectores están aplicando protocolos de consulta, empleando el aprendizaje y la experiencia del sector de hidrocarburos; y se halla en debate el modelo de consulta que deberá desarrollar el sector de energía para las hidroeléctricas y otras obras.

La consulta como hecho democrático

La consulta a los pueblos indígenas es un derecho y es también una construcción de un diálogo intercultural. Puede constituirse en un instrumento de conocimiento y reconocimiento, y además puede ser un mecanismo democrático de resolución de desencuentros entre los pueblos indígenas y el Estado. La consulta puede y debe ir más allá de un método burocrático de efectivizar las intenciones de desarrollo del Estado. Es una oportunidad y un camino en el diálogo democrático y la construcción de la democracia plural.

Está, entonces, pendiente superar la visión de intercambio mercantil planteada por los resabios del último gobierno neoliberal de Bolivia: cuanto te afecto, eso te pago. Y avanzar en la profundización del diálogo que permita la toma de decisiones que van al bien común, sin llevar a la afectación y debilitamiento de los derechos colectivos de los pueblos indígena originario campesinos en Bolivia.

La consulta previa libre e informada sigue siendo parte de una agenda pendiente, que fue marcada por la CPE. El Estado Plurinacional no podrá consolidarse en la medida en que no se establezcan sólidamente los procesos de diálogo intercultural, de diálogo constructivo entre las diferentes visiones en la ruta hacia el Vivir Bien, para la total superación del Estado monocultural y la consolidación del Estado Pluricultural.


  • Bióloga, militante del Proceso de Cambio, miembro del Comando Madre Tierra y exviceministra de Medio Ambiente.

1       Ley 3058 del 17 de mayo de 2005, Ley de Hidrocarburos.

2       Ibídem.

3       Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 2009.

Sea el primero en opinar

Deja un comentario