mayo 17, 2022

Los ítems fantasmas: la punta del iceberg de la impunidad institucionalizada

Por Nathanael Hastie *-.


En Bolivia tenemos una especie de impunidad institucionalizada, que induce a creer que no habrá consecuencias por los actos de corrupción, los antecedentes sobran. Al finalizar el año pasado estalló públicamente el caso de los ítems fantasmas en Santa Cruz, un mecanismo de corrupción institucionalizada en el que figuraron más de 800 supuestos “empleados” en las planillas laborales de instituciones públicas de Santa Cruz, cuyos salarios fueron entregados en beneficio a una red de corrupción al servicio de grupos de la élite regional. El caso de los ítems fantasmas no es el primero ni el único caso de apropiación de bienes estatales en el país, sino que es la punta más visible del iceberg, y evidencia décadas de acumulación de capital con la instrumentalización del aparato de administración pública.

El Juicio de Responsabilidades contra la dictadura de Banzer presentado por Marcelo Quiroga Santa Cruz incluía un apartado que denunciaba los atentados contra la economía nacional, los negociados del entorno gubernamental en beneficio personal y en desmedro de la economía nacional. En su libro Siete Años de Economía Boliviana (1980), Pablo Ramos detalla el desfalco a los bancos públicos, específicamente del Banco Agrario, y la fuga de capitales durante el banzerato. La Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización (CEMIPyC) en un informe amplio presentó ante el Parlamento una síntesis de los casos de enajenación de bienes del Estado cuando el modelo neoliberal, en sus diversas manifestaciones. Con todas las pruebas que evidencian un asalto sistemático a los bienes públicos por décadas, prevalece la impunidad.

El patrimonio del Estado boliviano se consolida con los tributos impuestos a los indígenas y campesinos durante el siglo XIX, la fuerza de trabajo de los mineros, petroleros, fabriles y ferrocarrileros y con las heroicas jornadas de lucha popular en defensa de los recursos naturales. El asalto a nuestro patrimonio público es un mecanismo de apropiación del fruto del sudor y la sangre del pueblo trabajador, como toda acumulación originaria de capital, pero a diferencia de otras formas de acumulación el Estado no se limita a ser garante de la propiedad privada, sino que se convierte en instrumento intermediador. Por eso mismo, René Zavaleta plantea que luego de la Revolución de 1952 se reconstruye la clase dominante a partir de propio Estado, por lo que no logra concebir su existencia fuera del acto estatal [1].

En el caso de los ítems fantasmas la magnitud de andamiaje salpica a la Cooperativa Jesús Nazareno (entidad financiera acusada de realizar los desembolsos fraudulentos), a autoridades y exautoridades ejecutivas y legislativas en distintos niveles del Estado, a las diversas organizaciones políticas de Santa Cruz, a la Cooperativa de Agua Potable y Saneamiento (Saguapac), a la Caja Nacional de Salud (CNS) e incluso la céntrica Heladería Picolo, allanada como parte de la investigación. Los diversos personajes públicos implicados en la red de corrupción se han acusado mutuamente de ser los responsables, en un intento de lavarse las manos.

Aún con sentencias judiciales por actos de corrupción, el Órgano Electoral permitió a una exautoridad volver a concursar en elecciones públicas después del teatro de hacer colectas públicas para “devolver” al Estado los 2,3 millones de bolivianos implicados. Se ha institucionalizado una política de impunidad, y es precisamente esa institucionalidad a la que salieron a defender los cívicos cruceños la semana pasada.

Los asambleístas plurinacionales, en la sesión del 1 de febrero, volvieron a dejar en claro la nula prioridad que para ellos representa la lucha contra la corrupción cuando ni siquiera asistieron a la sesión para conformar una comisión que investigue los ítems fantasmas; al no existir quórum para sesionar, mantienen el manto de impunidad institucionalizada.

Los 800 ítems fantasmas que deberían haberse destinado a pagar salarios de maestras y enfermeros, hoy son la punta más visible de un inmenso iceberg del patrimonio que por décadas ha sido asaltado: junto a los bancos públicos que fueron quebrados con los millonarios créditos, nunca cancelados, a favor del sector agroindustrial; la Empresa Nacional de Ferrocarriles que fue desmontada y capitalizada; Lloyd Aéreo Boliviano, que pasó de línea aérea bandera a ser rematada; las hilanderías y la industria cementera, repartidas como botín entre las cúpulas gobernantes del neoliberalismo.

El asalto al Estado mediante los mecanismos de enajenación o corrupción no se limita a una cuestión ético-moral, sino que es una característica indisoluble de la formación económico-social vigente en nuestro país, la única forma de extirpar este mal es la transformación profunda de las relaciones de producción y la esencia misma del Estado.


  • Sociólogo.

1       Zavaleta, René (1990). El Estado en América Latina, pp. 4-6.

 

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