mayo 16, 2022

Visita de relator confirmó necesidad de justicia en Bolivia

La Paz-. El relator especial de Naciones Unidas para la independencia judicial, Diego García-Sayán, instó en la semana que concluye a priorizar la aplicación de justicia respecto a las masacres cometidas por el gobierno de facto en Bolivia en 2019.

“Las víctimas y familiares de víctimas están todavía esperando por justicia y esperando por reparación, este es un tema que debe contar con prioridad para que las personas afectadas por la violencia puedan encontrar algo de justicia”, insistió el experto.

Al presentar las conclusiones preliminares de su informe tras una visita de trabajo a Bolivia iniciada el 15 y concluida el 22 de febrero, García-Zayán dejó mal parada a la oposición golpista.

Refirió que sostuvo una reunión de trabajo de más de tres horas con familiares de las víctimas de Sacaba, Senkata y zona Sur, y al igual que el informe conclusivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cifró en 37 las muertes registradas entre el 11 y el 19 de noviembre.

Al respecto, lamentó que “pasados los dos años, son escasos los resultados en los procesos de investigación” y deploró que tras esos hechos que dejaron muertos, heridos, torturados, detenidos ilegalmente y perseguidos no se cuente con sentencias.

Consideró que, en este caso, su visita “contribuirá a alentar una prioridad y una atención justa para que las personas afectadas por estos hechos de violencia puedan encontrar algo de justicia”.

El representante de la ONU reconoció ante la prensa el papel del procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, sobre la materia y elogió su propuesta de una legislación para atender mejor esos casos.

Al comentar en un tuit la actividad del visitante en Bolivia, Evo Morales afirmó que la oposición golpista fracasó en el intento de presentarse como “víctimas” ante sus ojos.

“La derecha golpista fracasó con sus victimizaciones para evitar la justicia. El pueblo boliviano y el mundo saben que hubo golpe de Estado”, aseguró el líder del Movimiento al Socialismo en su cuenta de Twitter.

“Relator @UNIndepJudges certificó que no hay persecución política y criticó que hasta hoy las víctimas no consiguen memoria, verdad y justicia”, añadió en la red social el primer exmandatario indígena del país andino-amazónico.

Interrogado por la prensa, el relator especial de la ONU sostuvo que en las entrevistas con representantes de la oposición y activistas de derechos humanos no encontró a nadie que sustentara una presunta persecución política.

“Se ha hablado de persecución política, (sin embargo), yo no he tenido entrevista con ninguna persona que me haya manifestado hechos que sustenten una persecución política”, aseguró García-Sayán.

Concluyó el experto de la ONU que no podía responder con conocimiento de causa en el sentido de que en la nación suramericana se persiga a alguien por sus ideas políticas.

Tras la visita, la expresidenta de facto Jeanine Áñez suspendió la huelga de hambre que mantenía en el reclusorio femenino de Miraflores, en La Paz, y un juez dictaminó que la vista oral del juicio al cual concurre como acusada por la causa conocida como Golpe de Estado II comenzará el 28 de marzo.

En este expediente, Áñez y los más altos exjefes militares y policiales de Bolivia son imputados por asumir resoluciones inconstitucionales e incurrir en incumplimiento de deberes con el objetivo de facilitar que la exsenadora se adueñara de hecho de la silla presidencial.

Otra causa que la involucra como rea junto a sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán es conocida como Golpe de Estado I, y en ella se les imputa por sedición, conspiración y terrorismo debido a los crímenes cometidos después que la autoproclamada mandataria firmó el 14 de noviembre de 2019 el Decreto Supremo 4078.

La normativa exoneraba de responsabilidad penal a policías y militares por los crímenes cometidos durante la represión a los manifestantes.

Tal uso de la fuerza dejó un saldo de 37 muertos, 800 heridos y más de 500 detenidos, según el informe publicado en diciembre de 2019 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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