mayo 16, 2022

Estados Unidos y otra injerencia en su propia casa


Por La Época-.


El Congreso de Estados Unidos aprobó este 11 de marzo una ley de asignaciones económicas para investigar los hechos y conflictos que se presentaron en Bolivia entre octubre y noviembre de 2019, para lo que se procederá, según señala la norma, a la contratación de investigadores independientes. De acuerdo a esa ley el Secretario de Estado deberá presentar a los comités respectivos del Senado de ese país un informe que evalúe: 1) La transparencia y legitimidad de las elecciones generales de Bolivia en 2019, solicitando información de expertos independientes reconocidos internacionalmente; y 2) El avance de las investigaciones de responsabilidad por violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante ese periodo.

La decisión del Congreso de Estados Unidos, que es otra manifestación de clara injerencia en asuntos internos de Bolivia, no puede menos que ser rechazada, aun cuando esta investigación haya sido promovida a sugerencia de algunos senadores demócratas, calificados de “progresistas”. Es más, si se diera el hipotético caso de que el informe fuera adverso a los golpistas (lo que es solo una hipótesis de política ficción), no es admisible que los bolivianos y bolivianas, menos sus autoridades, deban esperar el visto bueno de un país que solo promueve la guerra en el mundo y la dominación de los pueblos.

La historia de América Latina y el Caribe nos muestra suficientes ejemplos de que Estados Unidos aprovecha cualquier oportunidad para desacreditar gobiernos y procesos que van a contrarruta de sus dictámenes. Y pensar que el “gobierno permanente” de ese país va a salir a reconocer la transparencia de las elecciones de 2019 y por tanto aceptar que Evo Morales ganó por los 10% que establece la Constitución Política del Estado (CPE) cuando no se alcanza el 51%, es una ingenuidad y error de grandes proporciones, como el que se cometió en 2019, cuando se invitó a que la Organización de Estados Americanos (OEA) enviara al país una comisión de auditores electorales, con carácter vinculante.

No hay que hilar fino para anticiparse a lo que se viene. Los “investigadores independientes” pueden incluso asegurar que el gobierno de Jeanine Áñez, quien de verdad no es de interés de Washington, cometió severas violaciones de Derechos Humanos. Pero no hay que ser brujo para saber que las conclusiones de esa investigación apuntalarán los criterios de que no hubo transparencia en las elecciones. Lo demás es efecto automático: reposicionar la “tesis del fraude” y de la “sucesión constitucional” ante la renuncia de Morales. Que se sepa no hay antecedente en Estados Unidos de que un cambio de gobierno y recomposición de los senadores hayan rectificado criterios de sus antecesores. Es una total ingenuidad pensar que Biden y el Congreso yanqui vayan a sostener que en 2019 hubo golpe de Estado y que reconocer al gobierno ilegítimo e inconstitucional de Añez fue un error de la administración Trump. Eso no va a ocurrir.

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