mayo 21, 2022

Bolivia decide soberanamente si mantiene o no la canalización artificial en el Silala

El equipo de expertos juristas de Bolivia estableció ayer, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, que en el marco de los tratados internacionales el Estado Plurinacional es soberano en su decisión de mantener o no en su territorio la canalización artificial que transporta aguas del Silala al territorio chileno.

También se manifestó que el país tiene soberanía para decidir qué uso darle al caudal que ha sido gestionado y mejorado, y al que Chile no tiene derecho. Además cualquier pretensión de continuar con ese abastecimiento pasa por una compensación que debe estar sujeta a la conclusión de un acuerdo con Bolivia.

Ésa fue la respuesta de la contrademanda de Bolivia a Chile formulada por el profesor Mathías Forteau, en la jornada de alegatos ante la CIJ.

CUESTIONABLE

En ese contexto, el profesor Forteau cuestionó los alegatos de Chile ante la CIJ porque intentan mostrar las aguas del Silala como un caudal natural, cuando con toda certeza saben que es producto de importantes obras de mecanismo de drenaje y de canalización artificial en su afán de justificar un derecho de uso del 100% del recurso hídrico que no existe, y guarda silencio sobre la normativa internacional de uso compartido que tiene el Estado Plurinacional.

“Bolivia detenta soberanía sobre los canales artificiales y de las instalaciones de drenaje del Silala que están situadas sobre su territorio y tiene el derecho de decidir si las mismas deben mantenerse y de qué manera. Bolivia tiene la soberanía de las aguas del Silala cuyo caudal ha sido gestionado, mejorado o producido artificialmente sobre su territorio, y Chile no tiene derecho a este caudal artificial. Todo abastecimiento por parte de Bolivia a Chile de las aguas del Silala, así como las condiciones y las modalidades de ese abastecimiento en particular, la compensación que se debería pagar, están sujetos a la conclusión de un acuerdo con Bolivia”, sostuvo ante la Corte de La Haya.

Dejó claro además que las tres contrademandas formuladas por Bolivia, que están relacionadas a las presentadas por Chile, se sustentan en el artículo 80 del Reglamento de la Corte Internacional de Justicia, y a los que Chile no ha cuestionado su admisibilidad, conforme establece la Corte en una nota escrita el 15 de noviembre de 2018.

CONTRADEMANDA

Forteau aclaró que en la primera contrademanda formulada por Bolivia le pide a la Corte Internacional de Justicia falle a su favor, porque posee la soberanía sobre los canales e infraestructuras situadas en su territorio, por lo que tiene el derecho de decidir sobre si se mantienen o no las obras de canales construidos artificialmente.

“Esta demanda no debería plantear el mínimo problema, y por dos razones, primero porque una soberanía de este tipo queda claramente reconocida en el derecho internacional, incluida en la jurisprudencia de la Corte; en segundo lugar, porque en sus escritos Chile concede en cuanto al principio de que Bolivia posee estos derechos soberanos”, manifestó.

El jurista insistió en que después de haber constatado que las instalaciones referidas se sitúan exclusivamente en territorio boliviano, Chile ha indicado que acepta que el Estado Plurinacional tiene la propiedad de la infraestructura situada en su territorio, pertenencia que se basa en el principio fundamental de la soberanía territorial.

“De manera igualmente explícita Chile indica ‘que reconoce plenamente la soberanía que Bolivia detiene sobre los canales y los sistemas de drenaje artificiales del Silala situados en su territorio, así como su derecho de decidir si los mismos deben mantenerse y de qué manera’”, señaló.

“Chile también hace suya la afirmación de Bolivia sobre la restauración de los humedales, con lo que justificaría un posible desmantelamiento de estas infraestructuras, e incluso alienta a Bolivia a restaurar estas zonas”, precisó.

“Finalmente, Chile reconoce ‘que no tiene derecho de pedir a Bolivia que instale o que mantenga infraestructura para su propio beneficio’”, añadió.

FALSA POSICIÓN

En esa línea develó que Chile presenta una falsa posición sobre la demanda por el Silala, porque dice que no impugnará la primera demanda y que ya no existiría un diferendo al respecto, por lo que la demanda ya no es de competencia de la Corte de La Haya y que debía ser rechazada.

“Sin embargo, los escritos de Chile dan a entender por la formulación de sus conclusiones finales que los derechos soberanos de Bolivia estarían sometidos a una serie de condiciones; como se ve en sus escritos utiliza términos como que o sin perjuicio de, en la medida que o salvo si”, manifestó.

“Chile parece considerar que el efecto del desmantelamiento de las infraestructuras del caudal del Silala debería considerarse como un posible atentado a su derecho de utilización de las aguas del Silala, esto equivale a decir que el uso actual o todo uso que podría hacer Chile de estas aguas en el futuro se podría oponer al derecho que tiene Bolivia de desmantelar las instalaciones artificiales”, añadió.

Finalmente, Forteau, dijo que Bolivia en su dúplica ha destacado esas ambigüedades chilenas que no han sido disipadas, porque Chile condiciona en sus escritos el derecho de desmantelar los canales a su propio derecho y razonable uso de las aguas del Silala.

Chile no probó acusación contra Bolivia

Chile no ha demostrado, como planteó en las conclusiones de su memoria, que Bolivia hubiera causado la más mínima contaminación o impacto ambiental a las aguas del Silala, expuso en su alegato oral ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el abogado estadounidense Rodmay Bundi.

“La calidad de las aguas sigue siendo la misma que ha tenido desde 1929, cuando se instalaron las obras de drenaje”, indicó el jurista en la tercera jornada de audiencias públicas sobre el fondo de la controversia sobre el estatus y uso de las aguas del Silala, y la segunda para Bolivia.

Chile plantea que Bolivia tiene la obligación de tomar todas las medidas apropiadas para prevenir y controlar la contaminación y otras formas de daño ambiental que resulten de sus actividades en los manantiales.

Bundi señaló que si bien Chile sostiene que en el Gobierno central y el departamento de Potosí ejecutaron proyectos, como el ingreso de la empresa Ductec o la instalación de una embotelladora, no menciona que éstos nunca llegaron a concretarse.

“Chile nunca alegó haber sufrido ningún daño de ese tipo y nunca objetó esas iniciativas (…) y no hubo ningún incumplimiento por parte de Bolivia”, dijo el abogado litigante con vasta experiencia en casos similares, incluidos el de Perú versus Chile y el de Chile versus Bolivia en cuanto a la obligación de negociar una salida marítima.

La CIJ, órgano judicial de la Naciones Unidas, celebra audiencias públicas, Chile contra Bolivia, sobre la controversia de las aguas del sudeste potosino hasta el 14 de abril. La primera audiencia se inició el viernes.

Bundy es abogado estadounidense, miembro del Colegio de Abogados de Nueva York, especializado en Derecho Internacional Público, arbitraje comercial y de inversiones. (ABI)

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