Por La Época -.
Este Primero de Mayo tiene una doble significación histórica para los bolivianos y las bolivianas. Desde una mirada de largo alcance, se conmemora el Día del Trabajo; y desde una visión más próxima, el 16 aniversario de la nacionalización de los hidrocarburos.
Esta doble significación histórica simboliza, desde un horizonte emancipador, el largo y complejo proceso que siguen los pueblos para liberarse de las múltiples cadenas de dominación que el capital ejerce, bajo la forma actual de imperialismo, contra las clases y los pueblos subalternos.
Que a menos de cuatro meses de iniciarse un gobierno indígena popular, un Primero de Mayo de 2006, se haya devuelto los hidrocarburos al control del Estado, no es un dato cualquiera.
De una parte, lo que se estaba haciendo no solo era cumplir la “Agenda de Octubre”, redactada por las masas insurrectas en las batallas de octubre de 2003 contra el neoliberalismo, sino que también representaba tomar una medida que, en plena época de la globalización neoliberal, implicaba no solo una mensaje de soberanía, sino de una clara afectación al ciclo de rotación transnacional del capital. Las nacionalizaciones no son revolucionarias en sí mismas, todo depende del momento en que se haga y del sujeto social que imponga la medida.
La “Agenda de Octubre” sintetiza la fuerza simbólica y material de la resistencia de “los de abajo” a la dictadura neoliberal que de manera implacable se desplegó contra el pueblo y el país a partir de octubre de 1985, pero al mismo tiempo esa agenda, escrita con la sangre de las víctimas de la represión en la ciudad de El Alto, adquiere el carácter de “programa mínimo” de la revolución indígena campesina, obrera y popular, cuya correcta interpretación y ejecución le correspondió llevar a cabo al primer gobierno de Evo Morales.
Dentro de ese “programa mínimo” figuraba la nacionalización del petróleo como una de las principales medidas adoptadas por el pueblo movilizado, cuyo mandato inicial se le trasladó al presidente Carlos Mesa, quien accedió a la titularidad de la Presidencia de la República mediante una rigurosa vigilancia de las masas rebeldes para que se cumpliera la línea de sucesión establecida en la anterior Constitución Política del Estado. El historiador llamó a una consulta popular en la que no esperaba que más del 70% de la población le mandatara devolver al Estado el control de los hidrocarburos; pero, como sucede con los que no miran con los ojos de la patria, prefirió renunciar a la Presidencia antes que cumplir la voluntad del pueblo expresada en las urnas.
Han pasado 16 años desde que se tomara esa histórica medida. Lo que corresponde ahora es hacer un balance lo más objetivo posible de lo que se hizo bien y de lo que se dejó de hacer. El carácter histórico de esa medida nacional-popular y antiimperialista no será borrado sí, como corresponde, la ponemos en evaluación en la coyuntura presente. Es más, confirmará que se estaba en el camino correcto.
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