julio 3, 2022

Justicia dicta pena insuficiente contra una parte de los golpistas 10 años de prisión

Por José Galindo *-.


La noche del viernes 10 de junio, luego de una semana de toma de declaraciones, deliberación y la vigilancia de diferentes sectores de la sociedad civil, la Justicia boliviana ha emitido sentencia en el caso “Golpe de Estado II” por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes, imponiendo las penas en contra de Jeanine Áñez (10 años), Williams Kaliman (10 años), Vladimir Calderón (10 años), Sergio Orellana (cuatro años), Jorge Fernández (cuatro años), Pastor Mendieta (tres años) y Flavio Arce (dos años). Queda pendiente, por tanto, juzgar otros delitos cometidos en aquel régimen de terror, partiendo por las masacres y la violación sistemática de los Derechos Humanos, así como al resto de los cómplices de la expresidenta no constitucional: Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa y Tuto Quiroga, entre otros. Una cosa, al menos, se ha resuelto con aquella sentencia: el carácter indiscutiblemente ilegítimo e ilegal de su Gobierno.

Cuando del Tribunal de Sentencia del Juzgado Anticorrupción dictó su última decisión en contra de Áñez y algunos de sus cómplices por el golpe de Estado de 2019, en una sesión seguida por el país a través de las redes sociales, las cientos de personas apostadas en las afueras del edificio de la instancia judicial exigiendo la imposición de la máxima pena no se abrazaron ni saltaron de alegría ni festejaron tras escuchar atentos sobre los 10 años de prisión a los que fue condenada. Se temía una pena todavía menor, y a juzgar por el grado de descomposición de la Justicia hasta los peores escenarios se mostraban verosímiles; no obstante, no sonaba como un castigo adecuado para quien había promulgado un decreto por el cual perdieron la vida directamente 38 personas, además de haber impuesto el régimen autoritario más próximo a las dictaduras militares de los años 70, caracterizado por una arbitrariedad sin límites, en la que se dieron hechos de corrupción en las circunstancias más impensables.

¿Por qué fue condenada Añez?

En principio es fácil creer que fue condenada por haber asumido la Presidencia sin haber cumplido con los requisitos establecidos por ley, o por las masacres, incluso por los numerosos actos de corrupción que se dieron en su corto y destructivo mandato, pero en ninguno de esos casos se estaría considerando las tecnicidades propias del régimen judicial boliviano, uno de los más burocráticos del planeta y, claro, uno de los menos efectivos.

Áñez no fue condenada por las masacres o la violación sistemática de los Derechos Humanos, y quizá esto es lo que resultó más desconcertante para los cientos de activistas que se enfrentaron a su régimen, sino por haber incumplido con los procedimientos necesarios para acceder a la primera investidura. Es decir, fue juzgada por haber tomado el gobierno sin haber ganado elecciones ni haber respetado los mecanismos de sucesión constitucional, razón por la cual el caso “Golpe de Estado II” consistió en los delitos comunes de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes, seguidos en la justicia ordinaria y no en un juicio de responsabilidades, como esperaba ella y unos cuantos representantes de la oposición política.

El primer juicio en su contra, impuesto a mediados del año pasado, llamado caso “Golpe de Estado I”, trató de juzgar a Áñez por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, mucho más difíciles de probar jurídicamente, por muy terrorífico, legalmente sedicioso y conspirativo que haya resultado su Gobierno y el proceso de revuelta en las calles que le precedió, coronado por el amotinamiento de la Policía, que era la institución llamada a resguardar el orden interno que se desbordaba, impulsado, por supuesto, por la oposición y el asesoramiento estadounidense a través de diversas “fundaciones” de cooperación.

Un tercer juicio se promueve actualmente, presentado en su contra y otros de sus cómplices en diciembre de 2021, por los delitos de tortura y tratos crueles e inhumanos, que involucran al régimen en persecuciones sistemáticas a todo simpatizante del masismo o quien lo pareciera solo por sus rasgos fenotípicos, a lo que debería añadirse una denuncia por el delito de incitación al racismo.

¿Por qué debería ser condenada Añez?

La expresidenta de facto puede ser juzgada por los crímenes citados líneas arriba, y aun así quedarían todavía otros procesos pendientes por delitos cometidos durante su gobierno y en su condición de presidenta no constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, lo que significa establecer juicios de responsabilidades, y ya no mediante la justicia ordinaria, por casos como el préstamo que se trató de comprometer con el Fondo Monetario Internacional (FMI) bajo la excusa de buscar recursos para enfrentar la pandemia sin haber extenuado los capitales disponibles, lo que hubiera implicado endeudar al país al mejor estilo de las dictaduras militares de la segunda mitad del pasado siglo.

Y como ese caso están también otros, como la extensión que se le hizo a la adjudicación de la firma Fundaempresa para registrar la actividad empresarial dentro del país, siguiendo la corriente de asesoramientos que seguramente alegrarían a cualquier consultor de la época neoliberal, siempre opuestos a cualquier intervención del Estado en la economía por considerarla ineficiente. El hecho es que se extendió tal adjudicación por 15 años, pasándose por a llevar los procedimientos previos que debían cumplirse para ello, y en lo cual medió un proceso de lobby por parte de los directores de aquella empresa; o la designación irregular de la directiva de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA).

Por muy serias que sean esas acusaciones el gobierno de Áñez es recordado sobre todo por su brutalidad y la violación de los Derechos Humanos a escalas impensables para estos tiempos: miles de arrestados sin prueba alguna, que fueron torturados de maneras impronunciables en medios de prensa tradicionales (se requerirían manuales de anatomía para describir la malicia con la que actuaron los efectivos de la ley y el orden, por disposiciones de Áñez y su Gobierno), la persecución en contra de miembros del anterior Gobierno y sus familias, y de todo aquel que pareciera ser partidario del presidente depuesto, que a juicio de la élite que tomó el poder era cualquiera con rasgos fenotípicos indígenas. O, por otro lado, la promulgación de decretos en el tiempo de pandemia, que penalizaban la publicación de opiniones que pudieran ser consideradas “sediciosas” o “desinformantes” –a juicio del Gobierno–, lo que implica un delito en contra de la libertad de expresión, que curiosamente nunca fueron denunciados por la Asociación de Trabajadores de la Prensa en Bolivia ni por diarios conservadores como Página Siete.

Asimismo, Áñez debe ser juzgada por la firma del DS 4.078, que estableció total impunidad para los miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas en el “restablecimiento de la ley y el orden” y que posibilitó que más de una treintena de personas fueran masacradas y otras tantas asesinadas en barrios periféricos a manos de grupos paramilitares bajo las órdenes de su Gobierno y otros líderes opositores como Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa y Tuto Quiroga.

La condenada y los culpables: ¿“Golpe de Estado III”?

Por todas estas razones, aunque ciertamente la emisión de una sentencia en contra de Áñez es algo que debe tomarse positivamente, resulta insuficiente su condena tomando en cuenta las faltas, delitos y los crímenes de lesa humanidad llevados a cabo en su gestión, de la misma forma que resulta insuficiente no solo las penas impuestas sino el número de las personas implicadas, ya que para que Áñez llegara y ejerciera el poder requirió de la participación no solo de los personeros de su Gobierno, sino de todo un aparato político en cuya cabeza se encontraba Luis Fernando Camacho, quien a su vez no era más que el representante de una clase oligárquica y empresarial que se benefició del derrocamiento de Morales tanto legal como ilegalmente.

En efecto, el juicio por el “Golpe de Estado II” es insuficiente no solo porque las sentencias resultaron muy cortas, sino porque los sentenciados no son todos los que complotaron y cometieron los delitos por los cuales deben ser juzgados. En aquellos tribunales debían estar igualmente sentados: Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Samuel Doria Media, los representantes de la Iglesia católica y de la Unión Europea (UE) y los que asistieron a la reunión en la Universidad Católica Boliviana (UCB), además de los rectores y directores de aquella institución, todos quienes debieran ser acusados de haber usurpado la soberanía del pueblo boliviano tras arrogarse la tarea de discutir quién sería el/la próximo/a mandatario/a, algo para lo cual no tenían las facultades suficientes. Y junto con ellos deben ser juzgados los miembros y financiadores, así como todo cómplice, en el despliegue de las tropas paramilitares de la Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia Juvenil Cochala.


  • Cientista político.

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