Por Claudia Miranda Díaz * -.
La Marcha por la Vida se inició el 21 de agosto de 1986 en la ciudad de Oruro y concluyó el 28 de agosto del mismo año en la ciudad de La Paz, durante el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).
Acortado el mandato presidencial del gobierno izquierdista de la Unidad Democrática y Popular (UDP) en 1985, y adelantadas las elecciones, el ganador MNR con Víctor Paz Estenssoro y Julio Garret Ayllón como gobernantes para los años 1985-1989 (electos en el Congreso Nacional al no haber alcanzado la mayoría electoral) inició el período de neoliberalismo que duró 20 años.
La vanguardia minera, anticipada a estos hechos políticos, protagonizó en marzo de 1985 las denominadas “Jornadas de Marzo” en La Paz, con alrededor de 12 mil mineros movilizados; retornaron a sus fuentes de trabajo sin conseguir sus reivindicaciones.
La “Tesis de Catavi”, aprobada el 9 de mayo de 1986 por el Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Catavi, fue el instrumento político que impulsó la Marcha por la Vida.
Concluido un ampliado de trabajadores mineros en Oruro la Marcha por la Vida partió rumbo a La Paz el 21 de agosto de 1986. Se denominó así porque de esta marcha dependía la vida y el futuro de miles de trabajadores mineros asalariados de la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
En su paso por la localidad de Konani se sumaron obreros de todos los centros mineros, campesinos y gremiales; entre Ayo Ayo y Calamarca se plegaron universitarios de la Universidad de Siglo XX y otras universidades estatales. En esta marcha estuvieron presentes el movimiento obrero y popular; los obreros, representados en la Central Obrera Boliviana (COB), campesinos presentes con su ente matriz –la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb)–, gremiales y universitarios, alcanzando a más de 25 mil trabajadores congregados.
En tanto, el 25 de agosto el Gobierno decretó la descentralización minera de la Comibol y declaró Estado de Sitio. El 28 de agosto, a 67km de La Paz, la marcha fue cercada por dos mil efectivos militares con tanques y carros de asalto de las Fuerzas Armadas, frenando su avance y obligando a los mineros a retornar a sus lugares de origen. La marcha llegó a su fin, con todo lo que implicaba ese momento histórico.
La vanguardia minera, luego de luchar por la recuperación de la democracia y salvaguardar los recursos naturales del país, fue diezmada con la Nueva Política Económica (NPE) impulsada por el entonces ministro de Planeamiento y Coordinación Gonzalo Sánchez de Lozada (senador del MNR), quien mediante el DS 21.060, de fecha 29 de agosto de 1985, estableció la NPE de su Gobierno. Los efectos sociales/laborales de esas medidas fueron, entre otros: la libre contratación laboral y la relocalización de trabajadores mineros.
“Relocalizaron” a 23 mil mineros de los 30 mil trabajadores que tenía Comibol. El objetivo político del Gobierno era desaparecer a la vanguardia revolucionaria del país, pero no lo consiguió. Los “mineros relocalizados” migraron a varios lugares, mayormente al Chapare y El Alto, llevando consigo su conciencia revolucionaria que no perdieron.
Los partidos políticos de izquierda que apoyaron las luchas del pueblo, desde los años 60 y 70, quedaron desintegrados.
Al concluir la Marcha por la Vida los mineros sentenciaron: “Los mineros volveremos”. Y volvieron convertidos en cocaleros y ciudadanos alteños, protagonizando nuevos hechos históricos como la guerra del Agua (2000) y la guerra del Gas (2003). Savia Nueva les compuso la hermosa canción: “Los mineros volveremos”.
* Economista.

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