agosto 17, 2022

Las extensas redes del golpe de Estado en Bolivia

Por José Galindo *-.


La última semana de junio continuó manifestando las repercusiones de la sentencia dictada en contra de Jeanine Áñez, que ahora se extienden a otros actores políticos que fueron de trascendental importancia en la consumación del golpe de Estado perpetrado en noviembre de 2019. Estas jornadas igual han servido para confirmar algo que ya se venía denunciando desde hace tiempo: el gobierno de Áñez no hubiera sido posible sin el concurso de una parte de la comunidad internacional, al que brindaron no solo reconocimiento, sino también asistencia.

En definitiva, dos conclusiones se desprenden de los hechos de esta semana: primero, los líderes de la derecha boliviana que impulsaron las protestas de finales de 2019, de las cuales se servirían para ejecutar un golpe de Estado, eran conscientes de que estaban violando la Constitución al organizar una reunión donde se elegiría un presidente interino y transitorio, pero fuera de los espacios y las normas establecidas por ley; y segundo, dicho golpe de Estado, que se coronó con la posesión de Áñez como mandataria, tuvo un alcance continental cuando la derecha latinoamericana decidió prestar asistencia al régimen de distintas formas.

Así, el golpe de Estado se presenta como un verdadero acto de usurpación de la soberanía nacional, tanto desde un punto de vista político (los líderes de la oposición no consideraron que elegir un presidente al margen de los mecanismos establecidos era un acto desafío a la Constitución y una muestra de desprecio para con la población boliviana), como desde un enfoque internacional (los gobiernos de extrema derecha que controlaban Argentina, Brasil y Ecuador se lanzaron apresuradamente a cooperar con lo que sabían era un aliado emergente de un golpe de Estado, por lo que lo primero que hicieron fue brindar apoyo represivo).

Es comprensible, por lo tanto, que Jeanine Áñez apele a la solidaridad de los mismos actores que contribuyeron activamente a su llegada a la Presidencia, sin los cuales tampoco hubiera sido capaz de mantenerse en el poder. De hecho, al hacerlo puede que Jeanine esté irónicamente confiándose a las personas que la pusieron en el predicamento en el que ahora se encuentra y que difícilmente se arriesgarán por ella. Por eso su llamado a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resulta una expresión lastimosa de ingenuidad.

La solidaridad de la extrema derecha latinoamericana

Partamos de la oferta hecha por el presidente de la República del Brasil, Jair Bolsonaro, el miércoles 27 de junio, cuando afirmó que su país estaba “poniendo en práctica el tema de las relaciones internacionales, los Derechos Humanos, a ver si trae a Jeanine Añez, le ofrece cobijo aquí en Brasil. Es una injusticia para una mujer encarcelada en Bolivia”; declaraciones que naturalmente provocaron una reacción inmediata en el Gobierno boliviano, que llamó al Embajador de ese país a reunirse con Cancillería, para luego ofrecer una declaración oficial.

La declaración fue pronunciada por el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, quien recordó que Bolivia estaba cumpliendo con las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) al establecer y sancionar responsabilidades por los acontecimientos de noviembre de 2019, que incluyen dos masacres y decenas de asesinatos extrajudiciales: “Bolivia tiene un compromiso ante la comunidad internacional de poder llevar adelante las recomendaciones de la CIDH, que implican que se lleven adelante procesos de justicia en los cuales se puede dilucidar los hechos, las responsabilidades y sancionar a los culpables”.

Lo dicho por Bolsonaro, sin embargo, no debería ser interpretados como un exabrupto poco diplomático ni como una acción destinada a desprestigiar a su principal rival electoral, Lula da Silva, sino como una reacción natural de un actor que presencia cómo uno de sus aliados está siendo eliminado de la competencia sin que pueda hacer algo al respecto. Sus declaraciones no son vacuas, por lo que no debe olvidarse que es muy probable que tanto Arturo Murillo como Fernando López hayan recibido asistencia de su Gobierno cuando se fugaron de Bolivia conscientes de que los delitos de corrupción que cometieron serían descubiertos.

Asimismo, no debe olvidarse que Áñez y Bolsonaro sostuvieron una reunión a espaldas de sus respectivos pueblos durante los primeros meses de gestión de la primera, en la que habrían coordinado detalles todavía no expuestos. Áñez negó que tal reunión hubiera tenido lugar, mientras que Bolsonaro admitió que las citas ocurrieron. En cualquier caso, Áñez contó con un apoyo internacional difícil de esperar para un gobierno que acababa de emerger de un periodo de crisis postelectoral.

Debe recordarse que la presidenta de facto recibió un espaldarazo todavía más decidido y concreto de los gobiernos de Argentina y Ecuador, gobernados entonces por Mauricio Macri y Lenín Moreno respectivamente, el primero una figura de extrema derecha que envió material antidisturbios a Bolivia apenas se dio a conocer la renuncia de Evo Morales, y el segundo un derechista encubierto que se quitó el disfraz apenas asumió la Presidencia y al que se indaga por haber enviado granadas de gas a la flamante presidenta no constitucional en sus primeros días. El carácter de ambos actos de “cooperación” era elocuente en cuanto a la naturaleza del régimen que había tomado el poder: material represivo.

Lo que corresponde, corresponde

Pero no se puede poner a Bolsonaro, Macri y Moreno ante un tribunal, al menos no todavía; aunque sí se lo puede hacer con los impulsores del golpe de Estado, que van más allá de los generales militares y policiales que ayudaron a Áñez en la violación sistemática de los Derechos Humanos e incluso el aniquilamiento de sus adversarios. Nos referimos a los líderes de la oposición que promovieron las protestas que derivaron en el golpe de Estado, luego de las elecciones del 20 de octubre de 2019.

Dicha convicción guía al comité impulsor de los juicios de Golpe de Estado I y II, siendo el último el que condenó a Añez a apenas 10 años de cárcel. El primer juicio, por otro lado, podría extenderse a los dirigentes de derecha que hicieron posible el gobierno de Áñez. Así lo ve la Fiscalía General, que anunció que se extendería la imputación en contra de Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y otros, descartando que les corresponda algún tipo de juicio de privilegio al no haber ostentado cargo público electo o designado al momento de haber cometido los crímenes que se les sindica, que en este caso serían terrorismo y sedición. Es decir, serían juzgados por la vía penal.

El secretario de la Fiscalía General, Edwin Quispe, aclaró que se remitiría la denuncia a la ciudad de La Paz y no a Sucre, donde tiene asiento esta institución, dado que la mayor parte de los acusados residen en la sede de gobierno. Lo que sugiere que probablemente todavía no se impute formalmente a Luis Fernando Camacho, actual gobernador de Santa Cruz y principal líder de las protestas que derrocaron a Morales, a tal punto de que fue él quien ingresó a Palacio Quemado tras la renuncia de este, siendo reconocido como el principal líder de los 21 días de protestas, además de haber sido quien llevó la carta de renuncia unas semanas antes de consumado el golpe. Por si fuera poco, Camacho admitió públicamente que su padre había negociado con la alta jerarquía militar y policial para que no se reprimiera a los protestantes que dirigía su hijo, consintiendo un hecho de corrupción, sin mencionar los de sedición.

Los hechos por los cuales se les acusa a los personajes mencionados van más allá de haber impulsado las protestas que culminaron con el derrocamiento de Morales, y tienen que ver con actos que son pasibles de sanción por sí mismos: como la destrucción de material electoral para desprestigiar las elecciones realizadas, perpetrado por militantes de la organización electoral que candidateaba a Mesa a la Presidencia, y que después de los comicios fue la responsable de mostrar supuestas papeletas que pudieron haber sido robadas antes de incendiar los recintos electorales. Delitos que pesarían directamente sobre Carlos Mesa.

A lo anterior debe añadirse la destrucción de bienes públicos y patrimonio del Estado, que en esos días vio edificios gubernamentales saqueados y destruidos, como sucedió no solo con recintos electorales, sino también con la Casa del Pueblo, el Banco Central de Bolivia (BCB) e incluso oficinas al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Dichos actos involucrarían ya no solo a Mesa, sino igualmente a Doria Medina, Tuto Quiroga y Luis Fernando Camacho, quienes, con excepción del último, contaban con tiendas electorales y una militancia dispuesta a cometer tales delitos.

Tuto Quiroga, por su parte, admitió abiertamente haber negociado la salida de Evo Morales del país a cambio de que se abriera paso a la selección de un nuevo presidente interino, lo que lo relaciona con tal vez el peor de los delitos cometidos en aquellos días: haber usurpado funciones que le correspondían solamente a personas con cargos oficiales en el marco de lo que ellos llamaron “la crisis postelectoral de 2019”, responsabilidades y cargos que usurparon en un escenario concreto: la Universidad Católica Boliviana, donde estuvieron presentes representantes de la Iglesia católica, la Unión Europea (UE) y el Reino Unido.

Esa reunión, en la que participaron tanto Mesa, como Tuto Quiroga y un representante de Luis Fernando Camacho, fue el espacio en el que se decidió que Áñez fuera presidenta, violando la institucionalidad boliviana. En otras palabras, ninguno de los presentes de esa cita tenía cargo alguno para asumir una prerrogativa tan trascendental como la elección de un nuevo gobernante para el país, y menos desde los ambientes de una universidad privada.

Las redes internacionales del golpe

Las redes que hicieron posible el golpe de Estado se extienden más allá de Bolivia, uniendo no solo a gobiernos, sino a actores políticos de extrema derecha separados por la geografía pero unidos por la excepcionalidad de las circunstancias, razón por la que coordinaron acciones de forma eficaz y sin demora para consumar un acto que violaba la soberanía y la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia de modo flagrante. En ese sentido, Áñez habría sido el tornillo menos esencial en todo este proceso, siendo meramente instrumental en comparación al papel que jugaron personas como Mesa, Quiroga, Doria Medina, Camacho y otros, con el apoyo de la derecha internacional.

Al parecer el golpe de Estado involucró al mundo entero, no solo a varios gobiernos regionales, sino además a élites tan lejanas como las europeas a través de la UE y el Reino Unido.

En el banquillo de los acusados todavía falta un actor: los Estados Unidos, cuya participación en el golpe fue más allá del reconocimiento del gobierno de Áñez, y bien podría ser el principal operador tras bambalinas. Una prueba que conduce a ello es la reunión que sostuvo el entonces secretario adjunto para el hemisferio occidental, Kevin O’Reilly, con el encargado de Negocios de la Embajada de ese país en Bolivia, Bruce Williamson, con representantes diplomáticos de Perú, Brasil y Argentina en julio de 2019, donde el visitante supuso adelantadamente la posibilidad de un fraude en las elecciones que se celebrarían en noviembre.

Ningún golpe de Estado es un hecho endógeno, sobre todo cuando se trata de un golpe de Estado en un país latinoamericano, donde ningún cambio de gobierno en toda su historia ha pasado de largo para Washington, la fuerza indiscutible de la Región. En ese sentido, cuesta creer que el caso boliviano se haya limitado a un esquema de acción continental, o para ser más precisos que no haya implicado la participación, de una forma u otra, de los Estados Unidos, en ese año bajo una de las administraciones más reaccionarias de toda su historia.


  • Cientista político.

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