
Por Miguel Ángel Marañón Urquidi *-.
Las noticias que nos llegan del Ecuador nos demuestran que la política económica que se aplica en ese país es una de las más adecuadas, no solo por los resultados económicos financieros (crecimiento económico, inflación mínima, incremento de exportaciones y otras), sino sobre todo por los resultados sociales (descenso de la tasa de desempleo, estabilidad social).
Sin embargos, en el Ecuador las protestas sociales, encabezadas por las organizaciones indígenas, que ya cuentan con el trágico saldo de tres personas muertas, tienen un pliego petitorio de 10 puntos, de los cuales destacan los siguientes.
Congelamiento del precio de los combustibles. En Ecuador cada fin de mes se ajustan los precios de acuerdo al comportamiento de los precios internacionales del petróleo, aspecto que genera un incremento de los precio en todos los bienes y servicios, vale decir una inflación. En nuestro país este elemento se da desde hace varios años, lo cual es un factor principal para tener una inflación baja y una estabilidad de precios envidiada por unos cuantos países del mundo.
Alivio financiero a más de cuatro millones de familias que están en mora y reducción de las tasas de interés. Producto de la pandemia y de la crisis económica internacional no solo en Ecuador se da que prestatarios no pueden pagar sus créditos, lo cual hace que se cierren actividades. Recordemos que en nuestro país este “alivio financiero” ya se dio, lo cual produjo que varios empresarios y emprendedores recuperen la dinámica de sus negocios. Asimismo, se facilita el acceso a los créditos productivos y de vivienda social con tasas de interés mínimas.
También exigen un alto a la política de privatizaciones de los sectores estratégicos aplicada por el gobierno de Lasso (como parte del plan de gobierno de carácter neoliberal), la privatización de hidroeléctricas, salud, bancos estatales y otros, que influyen en el costo de vida de los ecuatorianos al tratarse sobre todo de servicios básicos. En nuestro país estos servicios están catalogados como derechos fundamentales e incluso tienen una subvención para los sectores populares de la sociedad.
Una de los principales pedido es la “aplicación de políticas de control de precios y especulación” en los productos de primera necesidad, ya que en el proceso de distribución los intermediarios al ver una alta demanda de los productos incrementan el precio para obtener una ganancia adicional. En Bolivia esta política se la realiza mediante una empresa estatal que abastece productos de primera necesidad a precios “justos”, evitando su alza en los mercados; ahí tenemos el abastecimiento de harina a los panaderos, para que el precio del pan se mantenga. En las últimas semanas teníamos el incremento del precio de la carne de pollo y cerdo por falta de alimentos, que con la intervención del Estado se lograron estabilizar vía abastecimiento de grano, retornando la demanda y precios “normales”.
Es importante resaltar cómo en Bolivia no se esperó a tener muertos y protestas sociales para aplicar la política económica que priorice el desarrollo social sin descuidar el aspecto financiero y productivo, el potenciamiento del mercado interno (oferta y demanda) como base fundamental del desarrollo económico, acciones reconocidas por organismos internacionales y que deben seguir llevándose a cabo para tener una estabilidad política y social acompañada del crecimiento económico.
- Economista.

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