agosto 8, 2022

Avanza aprobación de proyecto de ley gremial que frenará abusos de autoridades municipales

La Paz-. (ABI).- Un proyecto de ley del sector gremial del país, y trabajado en consenso entre el Gobierno nacional y los comerciantes minoristas, fue aprobado el jueves por mayoría en el pleno de Diputados.

La norma, que establece derechos, garantías y obligaciones específicas para los trabajadores por cuenta propia, fue derivada al Senado para su consideración.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, explicó al pleno camaral que la propuesta de ley fue enviada a la Asamblea Legislativa en abril de este año, después de amplios encuentros de socialización en los que la normativa fue nutrida con aportes de los mismos beneficiarios.

“Decir que este proyecto está hecho solo por el Gobierno, falta a la verdad. Este proyecto de ley surge de las amplias socializaciones. Saludamos esa conciencia social y capacidad de nuestros hermanos”, dijo la autoridad, señala un reporte institucional.

Asimismo, aclaró que su contenido no representa “ningún tipo de persecución, ni amedrentamiento tributario, ni sanción” que atente contra la actividad económica de los gremiales, y descartó que vayan a ser cambiados al régimen general tributario, ya que se encuentran amparados por el régimen simplificado. Mas bien se trata de, “una ley propia de los gremiales, que va a permitir frenar el abuso de autoridades municipales”, remarcó.

El artículo 4 de la ley garantiza como derechos, la participación de sus representantes en las instancias de Control Social, el ejercicio de su actividad económica, la comercialización de mercancías lícitas, el transporte de sus productos en el interior del país, todo ello, en el marco de las normativas vigentes que regulan su actividad.

El artículo 5 establece como obligaciones, entre otros puntos, desarrollar las actividades en espacios públicos autorizados, comercializar con preferencia productos nacionales para fortalecer la economía nacional, cumplir con las normas de inocuidad, calidad y precios, respetando los derechos de los usuarios.

También instituye garantías para la el sector ante instancias administrativas y judiciales, de modo que puedan desarrollar su actividad económica autorizada, aprovechar bienes públicos en sus puestos de venta y respaldarse bajo el régimen de responsabilidad que corresponda, cuando algunos de sus derechos sean vulnerados.

En cuanto al acceso a créditos para el desarrollo de sus actividades comerciales o la adquisición de una vivienda social, y el acceso a prestaciones de vejez y riesgos, la propuesta legal otorga la responsabilidad al Estado de promover políticas públicas que viabilicen el ejercicio de estos derechos.

El nivel central y las entidades territoriales autónomas, en base a sus competencias, garantizarán el acceso a la salud, mediante la implementación de políticas públicas, en el marco del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito, indica el artículo 10 del proyecto de ley 249/2021-2022.

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