Por Nelson Aguilar Rodríguez *-.
Más de 10 años estuvieron las “Carpas Simbólicas del Prado de Víctimas de las Dictaduras Militares1964-1982”. Y a 51 años del golpe sangriento de Banzer del 21 de agosto de 1971, tras firmar acuerdos con el gobierno de Luis Arce para hacer efectivo el resarcimiento por parte del Estado con las víctimas de las dictaduras militares, se levantaron las carpas frente al Ministerio de Justicia en la ciudad de La Paz.
Comisión de la Verdad – Memoria, Verdad y Justicia
El gobierno de Evo Morales mediante Ley 879 (2016) creó la Comisión de la Verdad, que fue presidida por Nila Heredia, y cuyos miembros tuvieron por objetivo el esclarecer delitos de lesa humanidad como asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, fundados en motivos políticos e ideológicos, acontecidos en Bolivia desde el 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982.
Desde su creación la comitiva revisó y analizó las condiciones geopolíticas, políticas, sociales, económicas y culturales en las que se dieron lugar las violaciones de Derechos Humanos y la comisión de delitos de lesa humanidad contra la población boliviana, como aporte a la construcción de la memoria histórica. La Comisión de la Verdad estuvo conformada por luchadores de izquierda y sindicales como Nila Heredia, presidenta; Edgar Ramírez Santisteban, quien falleció recientemente; María Isabel Vizcarra y Teodoro Barrientos, comisionados; y Luis Fernando Rodríguez Ureña, Director General Ejecutivo.
Entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad
En fecha 22 de marzo de 2021 la Comisión de la Verdad entregó al presidente Luis Arce el Informe Final de indagaciones sobre los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, entendidas como violaciones graves de Derechos Humanos, fundados en motivos políticos e ideológicos, acontecidos en Bolivia entre 1964 y 1982, durante las dictaduras.
La presidenta de la Comisión de la Verdad entregó 11 tomos de documentación recabada, para que el Gobierno pueda asumir las acciones correspondientes y los hechos no queden impunes (Viceministerio Comunicación, 22 de marzo de 2021).
18 años de crímenes de lesa humanidad con la geopolítica imperial de los Estados Unidos
El primer golpe militar tuvo lugar el 4 de noviembre de 1964, bajo las órdenes del general René Barrientos Ortuño, quien en 1965 compartió el poder con el general Alfredo Ovando.
El 24 de junio de 1967, en la noche y por sorpresa, el Ejército tomó los campamentos mineros de Siglo XX y Catavi (Potosí), dando lugar a la llamada Masacre de San Juan. El mismo año se tomó preso y luego se asesinó, por órdenes de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, a Ernesto Che Guevara, quien lideraba el grupo guerrillero instalado en Ñancahuazú. En esta guerrilla murieron más de 100 personas, entre guerrilleros y miembros del Ejército.
En 1969, tras un golpe de Estado, asumió el poder el general Alfredo Ovando, quien durante su gobierno asesinó a la mayoría de los 70 hombres que conformaban la guerrilla de Teoponte. En 1971 el entonces coronel Hugo Banzer Suárez llegó al poder tras otro golpe de Estado, y perduraría hasta 1978. Él apoyó y participó de la Operación Cóndor, un plan concentrado entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales de varios países de Sudamérica con el fin de eliminar a opositores políticos y disidentes. Se estima que en todo Sudamérica llegaron a más 60 mil los crímenes de lesa humanidad y millones de habitantes fueron sometidos a la presión y al terror.
El 1 de noviembre de 1979 el coronel Alberto Natusch Busch protagonizó un nuevo golpe de Estado y encabezó un régimen autoritario de 16 días. Como reacción se produjo un levantamiento popular encabezado por la Central Obrera Boliviana (COB), que generó a su vez una violenta represión. Dentro de los hechos acontecidos en este periodo de la historia tenemos la conocida Masacre de Todos Santos. En marzo de 1980 Bolivia perdió a Luis Espinal, quien fue detenido y asesinado por un grupo de paramilitares, los que luego echaron su cuerpo inerte y con muestras visibles de tortura.
El siguiente golpe de Estado lo realizó Luis García Meza, quien se mantuvo en el gobierno hasta el 4 de agosto de 1981. El uso de la fuerza tuvo lugar en el asalto a las oficinas de la COB. El líder político y exparlamentario Marcelo Quiroga Santa Cruz y el dirigente sindical Carlos Flores Bedregal fueron desaparecidos. Asimismo, en este periodo se produjeron 26 desapariciones forzadas. El 15 de enero de 1981 nueve dirigentes del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) fueron asesinados cuando se encontraban reunidos en la calle Harrington de la ciudad de La Paz.
Resarcimiento del Estado Plurinacional
El 21 de agosto de 2022, a 51 años del golpe sangriento de Banzer, tras firma de acuerdos entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y las víctimas de dictaduras militares (1964-1982), el presidente Luis Arce dijo: “En homenaje a todas esas víctimas de las dictaduras, de los golpes de Estado, hemos querido suscribir este convenio para resolver este problema de más de 10 años”.
Luis Arce a tiempo de ratificar que el Estado asumirá el financiamiento para resarcir a las víctimas, recordó que el año 2004 se promulgó una Ley 2640, que disponía cubrir una parte el Tesoro General de la Nación (TGN) y la otra dependía de conseguir alguna donación, “pero fue una trampa y un engaño, porque no había nadie que pudiera cubrir la donación”, comentó. Para aclaración esto fue en el gobierno de Carlos Mesa. El acuerdo efectiviza la Ley 1446, de 25 de julio de 2022, garantizando Bs 99 millones 925 mil 916, correspondiente al 80% restante del monto total de resarcimiento a víctimas de violencia política, de acuerdo a disponibilidad financiera. El acuerdo favorece a mil 714 compañeros con el pago del 80%.
Otro punto del acuerdo es determinar hasta 31 diciembre de 2022 la presentación de “la política plurinacional de reparación integral a las víctimas de gobiernos institucionales”, en las cuales cuatro mil 463 víctimas entrarían en la revisión extraordinaria, reconociendo el Estado el resarcimiento, además de un espacio de reuniones. La proposición de La Ley 296/2021-2022, que declara el 17 de julio de cada año como el “Día Nacional de la Memoria”, en reconocimiento a las víctimas de las dictaduras suscitadas entre 1964 a 1982, para que nunca más se repitan, es justa.
Hay justicia pendiente que requieren investigación y/o culminar las interrumpidas Comisión Néstor Paz Zamora (CNPZ 1990), el Golpe Cívico Prefectural 2008, Masacre de Porvenir 2008, Terrorismo Separatista 2009 (proceso retirado por Murillo 2019), Masacre de Senkata, Sacaba, Pedregal, Huayllani, del golpe 2019, requieren que el juicio ordinario llegue a sentencia, entre otros.
La Marcha por la Democracia y el apoyo al presidente Luis Arce
El pasado 25 de agosto 2022 se realizó la Marcha por la Democracia, que junto a la marcha por Defensa de la Patria de Caracollo a La Paz en noviembre del 2021, estuvieron convocadas por la COB y el Pacto de Unidad, congregando a más de un millón de voces que ratificaron la “unidad del pueblo, patria, el Proceso de Cambio y contra los golpes de Estado”. Protestaron contra la contra inestabilidad y amenaza de golpe y separatismo del país, exigiendo justicia. Y Arce respondió: “Sobre nuestro cadáver otro golpe de Estado”.
Los antiguos luchadores y sus mártires nos legaron la democracia que las nuevas generaciones hoy usufructúan. Nuestro homenaje, honor y gloria a los caídos en la lucha por el pueblo.
* Miembro del Movimiento Guevarista y exdirigente MAS-IPSP de Tarija.
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