Por La Época-.
En las últimas semanas una ofensiva mediática de carácter conservador pretendió instalar la narrativa de “40 años de democracia”. El recuento obviamente hacía referencia al sistema político “vigente” en Bolivia desde el 10 de octubre de 1982, cuando un repliegue de los militares a sus cuarteles, tras el agotamiento de los gobiernos militares de la seguridad nacional en toda la Región, abría una coyuntura democrática de gran disputa entre las fuerzas sociales y políticas
Una primera precisión de índole histórica es que este 10 de octubre se alcanzaron no cuatro décadas de continuidad democrática, sino 39 años. Pensar lo distinto es legitimar la tesis de las clases dominantes y su aparato político-mediático de que en 2019 hubo sucesión constitucional, cuando la verdad histórica muestra que en ese año se produjo un golpe de Estado.
Una segunda precisión es que no existe la democracia en abstracto, sino como un sistema histórico-concreto determinado por la fuerza o bloque social predominante, por el horizonte histórico y por su propio carácter de clase. La democracia es burguesa o es popular; o democracia para la dominación o democracia para la emancipación.
Hechas esas precisiones, la democracia en Bolivia no ha recorrido un camino lineal ni libre de tensiones. Después de una breve coyuntura democrática, cuyo tenso desarrollo se tradujo en acortamiento del mandato del presidente Hernán Siles Suazo y en la instalación de una “democracia de mercado” como forma política de dominación consustancial con la aplicación de un modelo neoliberal que entregó los recursos naturales y las empresas estatales a las corporaciones transnacionales.
Los rasgos centrales de esta “democracia de mercado” fueron partidos con escasa representación y legitimidad –con candidatos a la presidencia que al no superar el 50% más uno de los votos pasaban a segunda vuelta para dirimir al Jefe de Estado en el Congreso Nacional–, alianzas pragmáticas de todo tipo, programas de gobierno que le daban la espalda a las expectativas populares, sometimiento a los mandatos de los Estados Unidos y a un sistema político en el que la gente vota pero no elije, mucho menos participa y decide en el algún grado.
Tras dos décadas de resistencia, producto de la protagónica participación de “los de abajo”, vendría una democracia calificada de intercultural, pero a la que también se le puede llamar “democracia para la emancipación”, que es el espacio de organización política para construir caminos distintos a los de la lógica colonial y capitalista en el plano de lo simbólico. Esta democracia en la que el poder político formal se constituyó con alto nivel de representación sobre la base de que el sujeto se configuró colectivo, y en la que se vota, elije, participa y decide, aunque sin construir todavía formas de poder popular.
Esta democracia enfrentó limitaciones que, por no ser bien resueltas, fueron aprovechadas por las clases dominantes para organizar y llevar adelante un golpe de Estado en 2019 con el objetivo central de instalar una “democracia de excepción” que cerrara los espacios a la participación popular y desarrollara nuevas formas de proscripción y exclusión política.
Este proyecto fracasó, en parte, por los errores estratégicos de la derecha y por la resistencia popular. Hoy existe nuevamente una coyuntura democrática cuya profundización desde una perspectiva emancipadora depende de que no se cometan, desde las organizaciones, los errores experimentados en el gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP), que se identifique al enemigo principal y se garantice la unidad por encima de las aspiraciones personales.
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