Por José Galindo *-.
Después de haber perdido el acompañamiento de los cooperativistas mineros, y fuera de su bastión en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la oposición regional no puede disimular el carácter eminentemente clasista y empresarial de sus principales organizaciones, los comités cívicos, que no tienen poder de convocatoria de masas. Esto, sumado a la negligencia de su representación legislativa, dicta que su estrategia a futuro, por lo tanto, puede ser todo menos democrática.
Han pasado más de ocho días de paro promovido por las élites económicas del departamento de Santa Cruz, y resulta evidente, hasta para el menos interesado en el acontecer político local, que la disputa entre la oposición regional y el oficialismo no es, en realidad, por la determinación de la fecha del Censo Nacional de Población y Vivienda, sino por definir provisionalmente quién ostenta el poder efectivo en Bolivia: las clases acomodadas o el movimiento popular que ha cerrado filas en defensa del Gobierno.
Las líneas divisorias de nuestra sociedad se van definiendo con mayor claridad, expresándose en lo que algunos llaman los “clivajes étnico y regional” de la sociedad boliviana, sin reemplazar el hecho de que en el fondo se trata de una lucha de clases cada vez menos velada. La tensión política entre el progresismo y la reacción, desde donde se le vea, no hace más que intensificarse.
La debilidad de las clases medias urbanas
Solo eso puede explicar cómo un asunto tan usualmente ignorado por la clase política, como es la realización del Censo Nacional, ha pasado a ocupar un lugar central en la agenda de la oposición al gobierno de Luis Arce, quien durante la última semana ha tenido que resistir el embate no solo de los sectores cívicos minoritarios fuera del departamento de Santa Cruz, sino de otros sectores conocidos por su pragmatismo en el sentido más negativo del término, que algunos llamarían oportunismo. Así, mientras cívicos desplegaban sus fuerzas paramilitares a lo largo del departamento de Santa Cruz, cooperativistas mineros aprovecharon el predicamento gubernamental para plantear sus propias demandas en cuanto a techos tributarios y regulación de su actividad económica, movilizando a casi ocho mil personas que congestionaron las principales calles del centro paceño, donde se ubica la sede de gobierno.
Al mismo tiempo, facciones formalmente relacionadas con el trotskismo, como los sindicatos de trabajadores de la salud y la educación, pero que en realidad se mueven por factores menos doctrinales y más pedestres, también activaron sus propias medidas de protesta en aparente coincidencia con el reclamo de los cívicos cruceños, pero con el verdadero fin de cosechar réditos políticos y económicos en una coyuntura de aparente aislamiento por parte del Ejecutivo, apoyados por otras asociaciones corporativas como gremiales dedicados al comercio informal, incitados por uno de los pocos bastiones de representatividad conservadora que le quedan a la oposición: el gobierno municipal de La Paz, cuyo alcalde, Iván Arias, no escatimó esfuerzos para expresar su interés en desgastar a la administración de Arce en los últimos días, plegándose a la demanda de realizar el Censo en 2023, como solicita la oposición regional cruceña; y no en 2024, como propone el Ejecutivo.
No obstante, después de cerrar un acuerdo por el cual los cooperativistas mineros dedicados a la explotación aurífera pagarían apenas el 4.8% por concepto de la venta de oro en el país, los detractores más radicales al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) vieron cómo su principal base se desmovilizaba, dejándolos huérfanos de un apoyo del cual generalmente carecen entre los sectores urbanos de la urbe paceña, por lo que sufrieron una derrota política propinada en las calles que hasta hace apenas unas horas habían tomado gracias al circunstancial descontento minero. El resultado: las bases movilizadas por el alcalde Arias tuvieron que replegarse a las zonas residenciales, que guardan una menor importancia estratégica desde casi cualquier punto de vista. Una derrota parcial de los sectores acomodados del Occidente boliviano, frente a solo una facción ínfima del oficialismo. La confluencia de intereses de una parte de los sectores populares menos ideologizados con las clases medias no resultó ser más que fortuita.
La curiosa fortaleza empresarial
Sin embargo, días antes de estos enfrentamientos que se dieron en la sede de gobierno, entre el martes y el miércoles de la semana pasada, la situación era muy distinta en el Oriente, donde las clases empresariales gozan de una mayor vitalidad política gracias a la predominancia de sus actividades económicas, sobre todo en los departamentos de Santa Cruz y Beni, donde el agronegocio es una de las principales fuentes de ingreso locales. Correlación de fuerzas que se tradujo en un muerto de las filas populares, a manos de cívicos que buscaban imponer el paro decretado por las clases acomodadas en el municipio de Puerto Quijarro, ubicado en el extremo sudeste del país, en una región conocida principalmente por sus puertos fluviales hacia el océano Atlántico, pero periférica en cualquier otro sentido. Aunque el asesinato, que se presume con arma de fuego, derivó en el arresto de dos miembros de la oposición regional, no se logró neutralizar el paro de actividades en demanda por la realización del Censo en 2023, y sin mayor perjuicio para el gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, la figura más visible de la protesta contra el Gobierno.
Lo curioso de la medida, sin embargo, es que es impuesta por un sector de la población representado principalmente en la mencionada Gobernación y el Comité Cívico Pro Santa Cruz, pero sin control sobre otros espacios formales como la alcaldía de la capital departamental o la Asamblea Legislativa Departamental. Su legitimidad nunca dependió tanto de los espacios estatales, sino de las instituciones propiamente locales, como las asociaciones empresariales y la universidad pública, además de clubs de ocio y otros emprendimientos privados que generan empleo. Y es aquí donde reside lo particular de esta región, pues el paro decretado por las clases dominantes organizadas en torno a la Gobernación y el Comité Cívico está dirigido a las clases trabajadoras del departamento, pero no a sus sectores empresariales, quienes continuaron trabajando y generando ganancias mientras el ciudadano que se gana el pan día a día se veía obligado a soportar un cese de actividades en contra de sus propios intereses. Es decir, un paro decretado por los ricos y para los ricos.
La pelota en la cancha oficialista
En los últimos días nos encontramos con un escenario en el que las clases acomodadas movilizaron sus recursos económicos y políticos para enfrentarse con el gobierno del MAS, sin procurar el respaldo de la mayoría de la población del país, que si bien no se puso al lado del oficialismo tampoco encontró razones para adherir a un paro que se mostraba abiertamente promovido por los sectores más pudientes de la sociedad, quienes agitaron una bandera que apenas fue visibilizada por los medios de comunicación opositores, y sin grandes resultados.
En ese contexto, no fue difícil para el Gobierno cerrar un trato con el sector más relevante que se encontraba en las calles, que era popular y no clasemediero, como sucedió con los cooperativistas auríferos; y luego dictar una serie de medidas en contra de los sectores empresariales del agronegocio, suspendiendo las exportaciones de bienes agrícolas como la soya, carne y otros, enfureciendo así al sector empresarial, que respondió inmediatamente, pero todavía sin lograr respaldo popular a sus demandas. Aunque la medida fue levantada a casi solo 48 horas de su promulgación, esto no implicó una victoria para la oposición regional, que pudo comprobar su falta de poder de convocatoria fuera de su principal territorio: la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
El siguiente paso fue, naturalmente, convocar a un encuentro nacional para reevaluar la realización del Censo, pero esta vez más allá de las instancias subnacionales de gobierno, que apoyaron mayoritariamente la propuesta oficialista de realizar la encuesta en 2024, como la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) o la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz). Para esta nueva etapa se convocó no solo a gobiernos locales y departamentales, sino a organizaciones sociales, sindicales y campesinas, que son, en los hechos, un contrapeso al poder empresarial representado en los comités cívicos del país y, particularmente, del departamento de Santa Cruz. El lugar del encuentro: la ciudad de Cochabamba.
El encuentro sin consenso
Y como no podía ser de otra forma, en un escenario desfavorable a los intereses tan particulares como a los empresariales que buscaban desgastar al Gobierno demandando la realización del Censo en 2023, los dirigentes derechistas no tuvieron otra opción que participar disimuladamente en el cónclave organizado por el Ejecutivo, pero sin la presencia del gobernador farandulesco Camacho, y con una comisión limitada a lo simbólico desde el Comité Interinstitucional, desgajado del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que también acudió al evento. Y, como era previsible, tanto interinstitucionales como cívicos abandonaron la cita sin mucha explicación técnica, según se declaró a la prensa desde el Gobierno.
El país, por lo tanto, continúa sin una fecha definida para la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda, mientras los sectores cívicos se aferran a sus medidas de presión cuya efectividad se limita, por el momento, a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Aunque el encuentro en Cochabamba no logró desmovilizar a los sectores empresariales del agronegocio, pudo neutralizar una protesta del transporte pesado internacional al levantar la prohibición de exportación de bienes agroindustriales que se mencionó líneas arriba, y que, de haberse dado, pudo haber puesto al Gobierno en una situación más incómoda de la que se encuentra.
De hecho, se puede afirmar que la iniciativa se halla todavía en el campo oficialista, que está consciente de la poca capacidad de convocatoria que sufre actualmente la oposición, encabezada por su facción regional, mientras los partidos de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, que representan a la derecha en la Asamblea Legislativa Plurinacional, se limitan a la demostración de actos emotivos y llamados a la acción que caen en oídos sordos. Es decir, una situación de aislamiento que no quita, por otro lado, el hecho de que un importante factor de poder, la propiedad sobre los medios de producción del sector del agronegocio, estén todavía en las manos de una pequeña élite cuya representación política está limitada a los comités cívicos, especialmente del departamento de Santa Cruz.
La nueva derecha
Tal vez la lección más trascendente de los últimos días es que la nueva derecha, la realmente existente, ya no puede recurrir a la movilización de grandes segmentos de la población bajo banderas aparentemente democráticas, como lo hizo en 2019, quedando relegada a organizaciones empresariales que no carecen de poder político, pero que en ninguna medida pueden representar más que a minorías. Esto hace previsible que las nuevas estrategias de enfrentamiento de la oposición en contra del Gobierno carecerán de ese factor de masas que es tan necesario en democracia, debiendo recurrir, muy probablemente, a formas de organización no democráticas, propias de movimientos minoritarios, que pueden ir desde el paro empresarial, el desabastecimiento, la especulación de precios y otras medidas económicas; hasta otro tipo de acciones como las que llevaron adelante entre 2009 y 2019, y que se basaron ante todo en el golpe de Estado y la sedición con tintes terroristas.
La nueva derecha ya no puede ser democrática, y se verá obligada cada vez más a recurrir a actos de mera coerción para enfrentarse a un Gobierno de masas víctima de sus propias contradicciones. El balance de 2022 se muestra, por lo pronto, como otro año de preeminencia oficialista, solo que con cada vez menos certidumbre sobre lo que aguarda en el futuro.
- Cientista político.
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