febrero 2, 2023

Tres años de olvido: la masacre de Huayllani

Por Boris Ríos Brito *-.


Lo más doloroso de la masacre de Huayllani de 2019, como son las matanzas en la actualidad, fue el hecho de que fue televisada y transmitida en vivo por diferentes redes sociales; muchos medios, algunos valientes verdaderamente, decidieron cubrir todo el hecho y desobedecer a militares y policías que les pedían bajar cámaras y no transmitir, grabar o fotografiar. Pero, son claras las imágenes cuando de repente un policía al mando dispone que sus efectivos disparen sus gases lacrimógenos. Son también evidentes las fotos y videos en donde se ve a militares de un azul con camuflaje, casi en su totalidad mayores de 30 años, colocarse en posición de tiro y disparar sus armas de fuego. Se escuchan en el bullicio y los gritos las explosiones huecas de los proyectiles. Del otro lado, donde los cocaleros con banderas blancas y wiphalas insistían en realizar su marcha hacia la ciudad, comenzaban a caer los primeros heridos, los primeros muertos, el terror sacudía y la multitud campesina se desvanecía entre gases y balas. Después de todo, se vivía una escena de guerra no vista desde la matanza del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, con su vicepresidente Carlos Mesa y con el infame “chulipi” Carlos Sánchez Berzaín, su entonces ministro, en “octubre negro” de 2003, cuando más de una treintena de alteños fueron muertos por balas de un Ejército sin alma que disparó a una población civil desarmada.

Pero este triste hecho tiene otro parangón escalofriante, cuando un Hugo Banzer Suárez, aquel que años después hizo vicepresidente a Tuto Quiroga, decidió ejercer “mano dura” contra campesinos y obreros que reclamaban decretos que cargaban sobre los hombros de los campesinos la crisis económica. Era 1974 y esta fue la masacre del Valle, con un centenar de muertos y otro buen tanto de heridos. Esa vez eran los “extremistas extranjeros”, los “castro-comunistas” los que habían hecho la masacre, casi como la triste frase “fueron ellos mismos los que se dispararon”, del grosero ministro de Gobierno del régimen golpista de Áñez, Arturo Murillo.

Van tres años de los hechos luctuosos de Huayllani en Sacaba, Cochabamba, y Senkata, El Alto, La Paz, y no hay atisbos de justicia, ¿qué pasa?

Una matanza en vivo

La tecnología aportó muchísimas pruebas irrefutables de lo que pasó, y basta con hacer un repaso por Internet para encontrar varias de esas pruebas, tanto es así que incluso existen DVD y pendrives en los mercados populares con compilaciones bastante extensas con estos materiales.

Claramente los golpistas pretendían mandar un mensaje a la “indiada” para que no se movilizara, “no entraran a sus ciudades” y se subordinaran o mueran. Lo que no quedó registrado fue cuando decenas de heridos de bala buscaron socorro en hospitales de Cochabamba y padecieron del trato indigno e inhumano de galenos que los rechazaban o los atendían a regañadientes, con un desprecio racista. Asimismo, hay testimonios y evidencias que demuestran que militares, con apoyo policial, dispararon a civiles desarmados.

Los informes de Derechos Humanos

En la más de decena de informes de organismos de Derechos Humanos de toda índole, locales e internacionales, existe la conclusión de que lo que sucedió en Huayllani y Senkata fue una violación grave de Derechos Humanos, donde se usaron armas letales contra civiles desarmados.

De hecho, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un trabajo sumamente serio, definió, entre otros aspectos, que hubo masacres en Huayllani y Senkata y que se organizaron grupos paraestatales. Este informe, de carácter vinculante, recomendaba varias acciones al Estado para encontrar justicia y reestablecer derechos a las víctimas de violación de los Derechos Humanos durante el golpe de Estado 2019.

Pese a todo, este legajo formal (y legal y vinculante al Estado en casos como el del GIEI) ha permitido avanzar en la materia poco o nada en los dos últimos años.

Memoria, Verdad y Justicia como causa

Es tristemente evidente que en nuestro país es muy difícil recuperar la historia y se terminan diluyendo las traiciones, la mediocridad, la falsedad de algunas poses, e inclusive, peor aún, los oscuros episodios en donde se mató, torturó, encerró, violó, desapareció y un gran etcétera. Poco o nada se ha recuperado de los periodos dictatoriales y es urgente un trabajo honesto, diligente y comprometido para saldar esa deuda histórica.

Empero, además contando, por ejemplo, con el trabajo de sistematización de testimonios por la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Cochabamba y el Proyecto Memoria, las miles de fotos y videos ciudadanos, los registros de medios de comunicación y los informes de organismos nacionales e internacionales, los peritajes, etcétera, las masacres de Huayllani y Senkata aportan con todas las evidencias necesarias para que los autores materiales e intelectuales se encuentren enjuiciados y detenidos. ¿Qué hace que los militares y policías golpistas sean ascendidos y no procesados? ¿Qué hace que quien declara que su padre cerró trato con militares y policías para que se amotinen, como es el caso de Luis Fernando Camacho, no esté preso? ¿Qué hace que los grupos paraestatales como la Resistencia Juvenil Kochala y la Unión Juvenil Cruceñista sigan gozando de libertad? ¿Qué hace que financiadores del golpe sean autoridades electas?

El problema de no imponer memoria, verdad y justicia es que la contrarrevolución retorna con lo aprendido y con la capacidad consumada por la impunidad, que en el triste caso boliviano es el fascismo, y que eso va a reconfigurar la forma y el fondo del escenario político nacional.


  • Sociólogo.

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