Por Daniel Meruvia Prado *-.
El conflicto es una forma de relación antagónica entre individuos u organizaciones. En Bolivia, a finales del año pasado pudimos ser testigos de uno de los conflictos más insólitos de las últimas décadas, con la coyuntura abierta por la definición de la fecha para la realización del Censo de Población y Vivienda. Bolivia no tiene una tradición censal muy longeva (registra apenas 11 censos, con último en datos oficiales de la población total), lo que demostraría que Estado boliviano y la sociedad en general le otorgan muy poca importancia a la información poblacional para la planificación del desarrollo.
La conflictología es el compendio de conocimientos científicos, racionales y emocionales sobre los conflictos y sus causas. Señala que el conflicto es connatural con la vida humana misma el esfuerzo por sobrevivir. En el presente artículo reflexionaremos a partir de esta disciplina en torno al Censo de Población y Vivienda de Bolivia, considerando tanto factores técnicos, como mediáticos y políticos.
El primer elemento de nuestro análisis son los actores, donde se distingue a dos partes bien identificadas: Primero, el Comité Interinstitucional del departamento de Santa Cruz; conformado por el Comité Pro Santa Cruz, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) y el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, a la cabeza de su gobernador, Luis Fernando Camacho Vaca (ahora detenido). Podemos llamar a este primer actor la parte demandante del conflicto.
Por otro lado, tenemos al Gobierno Nacional, a la cabeza del presidente, Luis Arce Catacora, junto a su gabinete de ministros, en el que destacan la Ministra de la Presidencia, el Ministro de Gobierno, el Vocero Presidencial y el ministro de Obras Públicas; adicionalmente, se encuentran también el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y sus comisiones técnicas; es decir, los presuntos responsables de la organización y realización del Censo que se halla en el meollo del asunto.
El segundo elemento del conflicto lo constituyen los problemas, que podrían explicarse por la imposibilidad de los actores para encontrar perspectivas comunes sobre un asunto; cada quien habla desde sus intereses, percepciones y actitudes hasta que llega el momento en que las posiciones se tornan irremediablemente hostiles. No obstante, si se hace un buen análisis y se socializa la información, se puede avanzar hacia ideas cada vez más compartidas, esto en teoría por supuesto.
Y llegados a este punto… ¿Cuál fue el problema nodal del conflicto? En teoría, fue la fecha de inicio del Censo. El desacuerdo entre los actores llegó a tal punto que terminó provocándole al país grandes pérdidas económicas, sociales y humanas, de dimensiones no solo regionales sino nacionales, desde la declaración del paro indefinido en un cabildo convocado por el departamento de Santa Cruz y sus organizaciones, hasta la continuación del mismo por un periodo superior a un mes, con consecuencias no solo para la economía nacional, sino para los propios impulsores de la medida de protesta.
El conflicto atravesó por varias etapas y espacios de posible resolución que no fueron fructíferos al final.
Su punto de partida se dio con la modificación del DS 4.546 de levantamiento de la información general a nivel nacional, que señalaba el 2022 sería año del empadronamiento censal, realizando así modificaciones de la fecha del Censo para el año 2024 (entre los meses de mayo y junio), dejando en claro y con base la naturaleza técnica y jurídica del evento, el cual fue fundamentada por la parte demandada (Gobierno Nacional) en una mesa de diálogo establecida en la ciudad de Santa Cruz, donde se trató de resolver primero el impase.
Posteriormente, el “Censo con consenso” en Cochabamba fue una segunda; y finalmente hubo un tercer gesto del Presidente en un mensaje anunciando de la fecha definitiva del Censo para el 23 de marzo del año 2024 y la distribución de recursos para septiembre de ese mismo año, como instancia definitiva.
El tercer elemento para nuestro análisis es el proceso, que no es más que la manera en cómo discurre el conflicto, sobre su dinámica, su cambio y su resolución. Y en este caso particular que se llegó a conocer como el “conflicto por el Censo”, los procesos se expresaron en protestas públicas cuyo objetivo declarado era la realización del Censo en 2023.
Las medidas de protesta adoptadas fueron paros cívicos protagonizados por varios sectores asociados a la parte demandante: el Comité, la Unión Juvenil, la Gobernación, los dirigentes universitarios, cuyas acciones se concentraron sobre todo en la ciudad de Santa Cruz, llegando a su clímax con un paro indefinido departamental, que fue determinado a través de una forma de organización popular característica de la región: cabildo.
El paro resuelto por el bloque cívico duró se tradujo en 36 días de inactividad económica, algo inédito en cuanto a la temporalidad de una protesta pública.
La respuesta, a su vez, no se dejó esperar: se recurrió al uso de la fuerza para el desbloqueo de las arterias de circulación vehicular y peatonal.
La parte demandante acusó el “cerco a la ciudad” que, por otra parte, reivindicaba el derecho a la libre circulación, a trabajar y al abastecimiento de las necesidades básicas de los ciudadanos.
Los enfrentamientos entre “grupos de choque” continuaron entre ambas partes, y condujeron a la intervención de la Policía Nacional para el restablecimiento del orden interno. Su despliegue buscó generar una desescalada gradual de la violencia, que había alcanzado niveles inusitadamente altos con la quema de predios de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz.
Llegados a este punto y a partir de la teoría de la conflictividad, podemos definir la coyuntura abordada como el “conflicto socio-político”, que tuvo dimensiones nacionales y donde se pudo utilizar un método de resolución, a saber: la negociación.
Pero la negociación es siempre un asunto “político”, efectiva para conflictos de baja a moderada, y no compleja, intensidad. En caso de presentarse dificultades técnicas en el establecimiento de acuerdos legítimos y de cooperación el principal método de acción debería ser, por otro lado, negociaciones con representantes de las partes, cuyo principal objetivo es el estableciendo un acuerdo.
El mensaje presidencial del 11 de noviembre del año pasado fue la acción que puso fin al conflicto.
- Cientista político.
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